Una misión del gobierno de Estados Unidos respaldó la estrategia de lucha contra el narcotráfico y la política de paz del gobierno de Colombia, tras examinarla durante tres días en Bogotá y visitar puestos militares antidrogas de avanzada.
El subsecretario de Estado (vicecanciller) estadounidense para asuntos políticos, Marc Grossman, quien encabezó la delegación de 40 funcionarios, anunció que no habrá cambios en el Plan Colombia, implementado por el presidente Andrés Pastrana de acuerdo con Washington.
Grossman aseguró que los países vecinos de Colombia obtendrán recursos equivalentes a más de 800 millones de dólares a través de la llamada Iniciativa Andina, destinada a enfrentar daños causados por el programa antidrogas de Pastrana.
El Plan Colombia tiene un costo de 7.000 millones de dólares de los cuales 4.000 millones proceden del propio gobierno colombiano, 1.300 son aportados por Estados Unidos y el resto por otros países.
La ayuda de Washington al Plan Colombia tendrá su extensión en la Iniciativa Regional Andina, aún a estudio del Congreso estadounidense, que propone mejorar la seguridad en los países vecinos.
La Iniciativa plantea una asistencia regional de 881,6 millones de dólares para mitigar los efectos del desplazamiento de colombianos fuera de sus fronteras, invertir en desarrollo, sustituir cultivos ilegales y preservar derechos humanos y sociales de la población afectada.
También contempla la venta de armas y entrenamientos para fuerzas militares y de policía.
El Congreso estadounidense, además, tiene que resolver a fines de año una nueva prórroga de las preferencias arancelarias que otorga a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú por su lucha contra el narcotráfico. Venezuela también solicitó obtener ese beneficio, por ser el quinto miembro de la Comunidad Andina de Naciones.
Mientras, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil de Ecuador aumentan las quejas contra los efectos del Plan Colombia en la frontera entre los dos países y por la utilización por parte de Estados Unidos de una base militar ecuatoriana.
Una fuente de la embajada estadounidense en Quito informó semanas atrás que su país tenía previsto cuadruplicar el número de efectivos en la base aérea de Manta, puerto ecuatoriano en la costa del océano Pacífico.
Por otra parte, organizaciones de campesinos, indígenas y ambientalistas ecuatorianos reclamaron a Bogotá y Washington que indemnice a los habitantes del norte de Ecuador afectados por los agroquímicos utilizados en las fumigaciones antidroga en el sur colombiano.
Quito también pidió al gobierno de Pastrana que las fumigaciones sólo se hicieran hasta una distancia de 10 kilómetros de la frontera entre los dos países.
Grossman, jefe de la misión estadounidense que visitó Colombia, dijo también que el programa antidrogas de Pastrana exige la «protección completa de los derechos humanos» de la población afectada.
El programa ha recibido críticas de cerca de 60 organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, por considerar que causará la escalada de la guerra civil y agravará el desplazamiento de campesinos obligados a abandonar sus hogares.
El conflicto armado interno obligó al desplazamiento forzoso de sus hogares a más de dos millones de colombianos, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.
El subsecretario de Estado para Política Antidrogas estadounidense, Rand Beers, también integrante de la delegación, desacreditó versiones de la prensa de Buenos Aires sobre la creación de una fuerza militar americana que se estaría entrenando en Argentina para intervenir en Colombia.
La comitiva estadounidense se entrevistó el miércoles en Bogotá con Pastrana y con jefes militares y el jueves visitó la base de Tres Esquinas y Larandia, centro de operaciones antinarcóticos del sudeste de Colombia, que recibió buena parte de la ayuda estadounidense al Plan Colombia.
El Departamento de Estado (cancillería) estadounidense criticó la semana pasada el uso dado por las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a los cinco municipios del sudeste colombiano desmilitarizados por Pastrana para abrir las negociaciones de paz con los rebeldes.
La desmilitarización de 42.000 kilómetros cuadrados (una superficie similar a la de El Salvador) es uno de los mayores logros alcanzados por las FARC en el proceso de diálogo de paz iniciado en enero de 1999, dijo a IPS Luis Valencia, investigador de la estatal Universidad Nacional.
La guerrilla de las FARC, con 15.000 efectivos, es el grupo armado izquierdista más importante que opera en la guerra civil colombiana, que ya lleva más de 36 años, seguido del Ejército de Liberación Nacional. También actúan los paramilitares de derecha nucleados en las Autodefensas Unidas de Colombia.
El gobierno estadounidense opina que las FARC utilizan la zona desmilitarizada para esconder secuestrados, organizar ataques a poblados y llevar a cabo operaciones de narcotráfico.
Así mismo, la Embajada de Estados Unidos en Colombia declaró el día 24 que el gobierno de Pastrana es autónomo en sus decisiones respecto de la zona desmilitarizada. «Las FARC no han respondido de manera recíproca a los esfuerzos (del gobierno) por avanzar en el logro de la paz», agregó.
Esa declaración fue el reflejo del deseo estadounidense de que Pastrana adopte una posición más dura en las negociaciones con las FARC, sostuvo Valencia.
El experto argumentó que la mayoría de la delegación que visitó Colombia se integra por funcionarios vinculados con cuestiones militares.
La llegada de la misión estadounidense coincidió esta semana con una nueva escalada de violencia en la que murieron al menos 38 personas entre militares guerrilleros y campesinos.
El comandante de las Fuerzas Armadas, Fernando Tapias, informó que 31 insurgentes murieron en combates con el ejército, en los departamentos de Antioquia (noroeste), Boyacá y Tolima (centro) y de Valle (oeste), mientras que en Nariño (sur) siete campesinos fueron asesinados por supuestos paramilitares. (FIN/IPS/yf/mj/ip/01
