Representantes de la sociedad civil de Colombia pidieron hoy al gobierno que no renuncie al diálogo con el insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN), interrumpido el martes.
«Ante la posición obstinada del ELN de mantener congelado el proceso de paz, he determinado suspender las conversaciones», dijo el presidente Andrés Pastrana el martes en su discurso al iniciar el último año de su periodo.
Jorge Rojas, portavoz de Paz Colombia, una alianza en que participan cerca de 30 organizaciones no gubernamentales, dijo a IPS que la suspensión del diálogo con el ELN es negativa para el proceso de paz en general y que puede llevar a una escalada de los enfrentamientos.
«Para nadie es un secreto que cada vez hay más sectores que presionan para que no haya una salida política» a la guerra civil que vive Colombia desde hace cuatro decenios, dijo Rojas.
En cambio, el comandante del ejército, Néstor Ramírez, consideró que la suspensión de las conversaciones con el ELN «es un hecho positivo», pues el grupo guerrillero «no ha dado muestras de voluntad política para negociar la paz».
Pastrana anunció la interrupción del diálogo luego de dos días de infructuosas reuniones entre representantes de su gobierno y del ELN en Caracas.
La ronda de reuniones en la capital venezolana había comenzado el 24 de julio, con la intención de reanudar el diálogo, suspendido por la organización guerrillera desde el 19 de abril. La comisión gubernamental fue conducida por el alto comisionado para la Paz, Camilo Gómez.
Alejo Vargas, miembro de la Comisión Facilitadora de la Sociedad Civil que promueve la negociación entre el gobierno y el ELN, dijo que, a pesar de las dificultades, se debe insistir en el diálogo como la opción más viable para solucionar el conflicto armado.
Vargas atribuyó a la «falta de decisión política del gobierno» los múltimples tropiezos ocurridos desde la firma en La Habana, en diciembre, de un acuerdo en que las autoridades colombianas se comprometieron a desmilitarizar una zona del norte de Colombia, en los departamentos de Bolívar y Antioquia.
El repliegue de las fuerzas de seguridad de esa zona habría permitido al ELN, segunda organización guerrillera de Colombia, celebrar una convención nacional dirigida a definir la agenda de su negociación de paz en colaboración con organizaciones de la sociedad civil.
La desmilitarización de la zona se haría concertadamente con las comunidades locales y con control de observadores internacionales, y tendría una vigencia de nueve meses, durante los cuales el ELN llevaría a cabo la convención.
La comisión internacional de observación en la zona se integraría con dos representantes del ELN, dos del gobierno y otros de países interesados en acompañar el proceso de paz y de organismos internacionales.
En un comunicado, el comando central del ELN afirmó este miércoles que el anuncio del gobierno no les tomó por sorpresa y responsabilizó al Poder Ejecutivo del incumplimiento del acuerdo firmado en La Habana.
Según el comunicado, en abril de 2000 el gobierno anunció la desmilitarización de los municipios de San Pablo y Cantagallo en Bolívar y de Yondó en Antioquia para realizar la convención, y lo confirmó en la Habana, promesas que no se cumplieron por la presión de paramilitares de derecha que controlan la zona.
Los habitantes de Yondó, San Pablo y Cantagallo se oponen a la creación de una zona desmilitarizada por temor a que el ELN recupere el control que mantuvo durante tres decenios en la zona, en los que, según líderes del movimiento de No al Despeje, sólo dejaron «muerte y miseria».
El movimiento No al Despeje también teme que se repita lo sucedido con la desmilitarización de los 42.000 kilómetros en el sudeste dispuesta por el gobierno para la negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la principal guerrilla de este país.
La retirada del ejército de esa zona fue aprovechada por los rebeldes para fortalecerse militarmente, violar los derechos humanos de la población y llevar a cabo negocios de narcotráfico, según fuerzas de seguridad.
No al Despeje se opone también al desplazamiento de una misión humanitaria internacional de 68 activistas pertenecientes a diversas organizaciones no gubernamentales que llevan alimento y medicinas a desplazados de la zona, pues aseguran que esa actividad favorece al ELN.
Las organizaciones no gubernamentales consideraron «sin fundamento» esas afirmaciones.
Los paramilitares de derecha se fortalecieron en el sur de Bolívar desde 1998, cuando disputaron con el ELN el control de este territorio rico en recursos naturales y con condiciones favorables para el cultivo de coca, que ocuparía entre 5.000 y 20.000 hectáreas. (FIN/IPS/yf/mj/ip/01