El gobierno de Colombia aprobó hoy la extradición a Estados Unidos del narcotraficante Fabio Ochoa, uno de los jefes del desaparecido cartel de Medellín, dos días antes de la llegada al país de una misión de Washington para evaluar la cooperación en la lucha antidrogas.
La decisión del gobierno de Andrés Pastrana se concretó luego de que la Corte Suprema de Justicia se manifestara favorable al pedido de su par estadounidense, que acusó a Ochoa de haber seguido traficando drogas tras cumplir una condena de ocho años por el mismo delito.
El gobierno también aceptó este lunes extraditar a Jairo Mesa y Jairo Sánchez Cristancho, capturados en 1999 junto a Ochoa, en el marco de la llamada «Operación Milenio», que permitió desarticular una red que traficaba más de 30 toneladas de drogas mensuales a Estados Unidos a través de México, según la policía.
Ochoa señaló que su extradición sería «un lamentable error y una gran injusticia», y que su familia seguirá «hasta el final tratando de demostrar su inocencia».
Fabio Ochoa y sus hermanos Juan y Jorge formaban parte en la década del 80 de la línea de mando el cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar hasta que fuera muerto por la policía en 1993.
Los hermanos Ochoa fueron de los primeros en acogerse a la política que concedía rebajas de pena a quienes se entregaran en forma voluntaria a la justicia, confesaran sus delitos y se comprometieran a no reincidir en la actividad delictiva.
Portavoces del gobierno explicaron que Ochoa, Meza y Sánchez Cristancho tienen cinco días hábiles para apelar la decisión.
Expertos entienden que la aceptación del pedido de extradición obedece a la presión de Estados Unidos para que Colombia muestre, «con el envío de un pez gordo», resultados efectivos en la lucha contra las drogas.
La cooperación en este campo será uno de los puntos centrales en la agenda de la visita de tres días que realizará a partir del miércoles una misión de alto nivel de Washington, conformada por unos 40 funcionarios.
La embajadora de Washington en Bogotá, Anne Patterson, apuntó que los representantes de su país revisarán la marcha del Plan Colombia, de la lucha antidrogas y de desarrollo social y económico, que cuenta con una ayuda especial estadounidense de 1.300 millones de dólares.
La misión estadounidense es encabezada por el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Mark Grossman, el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, William Brownfield, el secretario de Estado adjunto para la Lucha Antidrogas, Rand Beers, y jefe del comando sur del ejército, general Peter Pace.
Luís Valencia, investigador de la estatal Universidad Nacional, comentó a IPS que la visita de los funcionarios de Estados Unidos es de especial trascendencia en momentos en que ese país busca redefinir su política hacia Colombia.
Algunos miembros del gobierno estadounidense de George W. Bush tienen interés en revisar el Plan Colombia, diseñado en acuerdo con su antecesor en la Casa Blanca Bill Clinton para ayudar a Pastrana en su lucha antidrogas y en el proceso de paz con las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Valencia indicó que es posible Washington intente profundizar los compromisos de apoyo militar para la lucha antidrogas y presionen a Bogotá para que avance en las negociaciones iniciadas en 1999 con las FARC, la principal guerrilla del país.
La revisión de la política hacia Colombia fue anunciada en Washington por Peter Rodman, secretario asistente de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional.
Rodman afirmó que la nueva administración «quiere llegar a sus propias conclusiones sobre cuál es la estrategia correcta» respecto de la lucha antidrogas y el proceso de paz colombiano.
La visita de los representantes de Estados Unidos se produce poco más de un mes antes de que el gobierno de Pastrana deba resolver si mantiene la zona desmilitarizada en el sudeste del país, donde se instaló la mesa de diálogo con las FARC, que para algunos funcionarios de Washington debe ser desactivada.
Organismos de seguridad colombianos han criticado a las FARC por utilizar esa área de 42.000 kilómetros cuadrados para fortalecerse militarmente y realizar operaciones de narcotráfico.
Por su parte, organizaciones no gubernamentales acusan a la guerrilla de cometer violaciones de los derechos humanos contra la población de la zona bajo su control. (FIN/IPS/yf/dm/ip/013
