El centrista Alejandro Toledo tendrá que afrontar desde este sábado, cuando asuma la Presidencia de Perú, la presión popular estimulada por sus promesas preelectorales, en un marco de recesión económica y de creciente desempleo.
«Tras el fracaso de la política neoliberal del ex presidente Alberto Fujimori, las promesas de Toledo y las expectativas generadas por su imagen de exitoso economista internacional han convertido las demandas sociales en verdaderas bombas de tiempo», comentó Hugo Aquino, de la firma consultora Avance Económico.
Toledo anunció el jueves la integración de su gabinete ministerial, que proporciona algunas pistas sobre el programa económico y las alianzas políticas con que se propone afrontar los problemas sociales que lo aguardan.
El primer ministro designado Roberto Dañino y el ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, son consultores de empresas internacionales radicadas en Estados Unidos y tienen vínculos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con el Banco Mundial.
Los ministerios de Industrias, Pesquería, Minería, Agricultura y Transportes fueron encomendadas por Toledo a empresarios o asesores de empresas privadas. Mientras, las carteras de Trabajo, Educación e Interior fueron asignados a sociólogos y economistas con antecedentes en partidos de izquierda.
También el Ministerio de Relaciones Exteriores fue encomendado a un ex militante izquierdista, Diego García Sayán, actual presidente de una organización no gubernamental de derechos humanos.
«El primer ministro y el ministro de Economía de este gabinete tienen a su cargo asegurar el respaldo del FMI y de las empresas internacionales para captar inversiones, en tanto los ministros de (áreas de) la producción representan el interés de sus sectores empresariales», opinó el periodista Lino Montes.
«Las carteras calientes (Trabajo, Educación e Interior) han sido encomendadas a políticos a quienes se atribuye buenos vínculos con los sindicatos. Pero si no logran desactivar las bombas de tiempo, estos ministros probablemente sirvan como fusibles políticos», concluyó Montes.
El marco recesivo dejado por Fujimori cuando fue destituido por el Congreso legislativo en noviembre fue agravado por algunas medidas adoptadas en sus ocho meses de gobierno provisional por el presidente saliente Valentín Panigua.
Urgido por la presión sindical, que contó con el respaldo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Paniagua obligó a las empresas privadas a incorporar en sus registros oficiales a los empleados irregulares.
En respuesta a esta iniciativa y aduciendo un aumento del costo laboral, muchas empresas despidieron a trabajadores en situación irregular. A esta decisión se atribuye el aumento de la desocupación de nueve a 9,5 por ciento entre marzo y junio, según los cálculos del Instituto Nacional de Estadística e Informática.
El desempleo y el subempleo suman 53 por ciento.
«Para resarcir a las empresas privadas y reactivar la economía, Paniagua decretó exenciones tributarias y arancelarias, iniciativa que no logró una reactivación perceptible pero elevó el déficit fiscal a dos por ciento del producto interno bruto», dijo Aquino, economista profesional.
Ese déficit reduce «el margen de maniobra de Toledo», agregó el experto.
Al anunciar la composición de su gabinete, Toledo informó a la prensa que en los primeros 100 días su gobierno habrá puesto en práctica su programa de reactivación económica.
El presidente electo pidió paciencia a los sindicalistas que reclaman mejoras salariales, en especial a los del sector público, pues no deberán esperar resultados visibles antes de 16 meses desde su investidura.
«No vamos a gastar más de lo que tenemos. (…) Trataré de cumplir mi promesas de generar empleo rápidamente, pero sin abandonar un manejo responsable de la economía», explicó.
Mientras Toledo formulaba estos anuncios en el Hotel Country Club de Lima, una columna de desocupados del sector de la construcción se manifestaron frente al Palacio de Gobierno junto con sus compañeros que interrumpieron el mismo jueves una huelga de hambre de tres días.
Los huelguistas habían pernoctado tres noches tendidos en el suelo frente a las rejas del palacio presidencial, envueltos en frazadas.
«No le hemos dado un cheque en blanco al presidente electo. Saldremos nuevamente a las calles y reanudaremos la huelga de hambre si el ministro de Trabajo que designe Toledo no nos recibe y nos da garantías de solución pronta», declaró Mario Huamán, secretario general del sindicato del sector de la construcción.
Mientras, los 160.000 educadores de la enseñanza estatal preparan movilizaciones callejeras para agosto, con el fin de presionar al gobierno para que conceda antes de fin de año los prometidos aumentos de sueldo. (FIN/IPS/al/mj/ip if/01
