El presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, estimula las protestas sociales con propuestas de reforma impositiva, que esta semana serán debatidas en el Congreso y que son rechazadas por empresarios, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y expertos.
Especialistas consultados por IPS aseguraron que este país se encuentra a las puertas de un estallido social, debido a la insistencia del gobierno de proponer el incremento de 10 a 12 por ciento del impuesto al valor agregado (IVA), entre otras iniciativas.
La Policía Nacional Civil fue puesta en estado de alerta este lunes, a la par de que el gabinete de ministros entraba en sesión permanente y el presidente Portillo suspendía por tiempo indefinido sus viajes al exterior.
«La gente de Guatemala sabe que el aumento de impuestos es necesario, pero la mayoría se opone porque le exige al gobierno que primero tenga transparencia», explicó a IPS la economista guatemalteca María del Carmen Aceña.
El nuevo ambiente de inestabilidad de Guatemala es propiciado por el gobierno, aseguró Aceña, presidenta del no gubernamental Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), el principal instituto de estudios económicos del país.
«Portillo está creando un clima confrontativo que afecta los negocios y el ingreso de inversiones», destacó la experta.
El Congreso comenzará esta semana el debate de un paquete de reformas que, además del incremento del IVA, contempla cambios en los códigos tributario y procesal penal.
Las nuevas medidas disponen el aumento del impuesto sobre la actividad comercial y agropecuaria y la duplicación del impuesto a la circulación de vehículos aéreos y marítimos.
Las reformas también le otorgarán más poder de acción a la Superintendencia de Administración Tributaria, al estipular el encarcelamiento de empresarios y el cierre de sus compañías, sin necesidad de orden de un juez, cuando se les compruebe delitos de evasión de impuestos.
Además, las nuevas normas impedirán, en caso de aprobarse, que los delitos de defraudación fiscal puedan ser conmutados por multas económicas.
«Es una especie de terrorismo tributario», interpretó para IPS la economista guatemalteca Anahí Herrera.
La experta coincide con Aceña al afirmar que el descontento popular no es contra el aumento de impuestos, sino contra la falta de transparencia que permita saber en qué se van a invertir los nuevos recursos que se recauden.
Es que este año Guatemala ha sido sacudida por una serie de escándalos de corrupción, en los cuales la prensa local ha denunciado a funcionarios de gobierno y a cercanos colaboradores del presidente Portillo.
Sin embargo, el gobierno contesta a sus críticos que los nuevos dineros que se recauden servirán para apoyar a los municipios, para consolidar los programas de mitigación de pobreza extrema y para fortalecer la seguridad ciudadana.
Además, se pretende invertir parte de los recursos en la reducción del déficit fiscal, que hoy ronda los 2.500 millones de dólares y que absorbe casi 20 por ciento de lo recaudado por concepto de impuestos.
«Hacemos un llamado al presidente para que vete ese paquete impositivo, que hundirá más al país en la crisis económica», acotó este lunes ante la prensa local Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio.
Al igual que Briz, otros líderes de sectores privados, sindicales y académicos no descartaron la posibilidad de convocar a protestas públicas y a un paro nacional esta semana.
Este panorama agrava el difícil año político que le ha tocado encarar Portillo, pues semanas atrás tuvo que desmentir rumores de un golpe de Estado y salir al paso de críticas sobre la supuesta ausencia de un plan de gobierno definido.
«La inestabilidad que reina en Guatemala nace de las incoherencias del presidente Portillo, que hace unos días llamó al diálogo, pero ahora apela a la confrontación», dijo a IPS Carmen Ortiz, politóloga guatemalteca.
Ortiz, analista de la no gubernamental Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), detalló que el gobierno guatemalteco no dialoga.
«El problema es que no hay una señal expresa de voluntad política hacia la concertación, que permita juzgar y castigar a los corruptos», indicó Ortiz.
Los principales líderes sindicales del país anunciaron que ya están organizando desfiles y manifestaciones contra del gobierno y de sus medidas.
El legislador Arístides Crespo, del gobernante Frente Republicano Guatemalteco (FRG), afirmó este lunes que ,pese a las protestas anunciadas, el gobierno no dará marcha atrás en sus intenciones.
Crespo aseguró que su partido, que tiene la mayoría en el Congreso y puede aprobar sin necesidad de negociaciones el paquete tributario, seguirá adelante con sus planes a no ser de que Portillo decida lo contrario. (FIN/IPS/nms/ip if/01
