Comunidades del sur de Colombia presentaron una acción judicial para suspender el rociado aéreo del herbicida glifosato, empleado para destruir cultivos ilícitos de drogas.
La acción de tutela (solicitud a la justicia de protección de derechos fundamentales) fue presentada contra el Ministerio del Medio Ambiente, la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y el Instituto Colombiano Agropecuario.
La demanda judicial, representada por Claudia Sampedro y Héctor Suárez, catedráticos de la estatal Universidad Nacional, sostiene que «los cultivos están siendo fumigados (por vía aérea) violando el Estado de Derecho y la normatividad ambiental».
Sampedro y Suárez afirmaron que la DNE fumigó cultivos ilícitos sin investigar sus eventuales efectos dañinos sobre los recursos naturales y la salud de las personas, como lo establece la Ley 99 de 1993.
La DNE fumigó más de 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos desde enero en el sur de Colombia sin tener en cuenta un pronunciamiento del Ministerio del Medio Ambiente según el cual el Plan de Manejo Ambiental presentado para el operativo es «inconsistente».
Según la autoridad ambiental, el plan presentado por la DNE «es ambiguo en cuanto a que no determina de manera precisa los ecosistemas estratégicos expuestos a la aspersión aérea (fumigación)».
Así mismo, el Ministerio del Medio Ambiente señaló que la DNE no ha presentado elementos que permitan determinar y valorar «desde el punto de vista técnico-científico el impacto de la aplicación del glifosato sobre los recursos naturales».
La evaluación de riesgos tampoco deja claro cuales «deben ser las acciones a ejecutar para aminorar o remediar el daño ambiental», agregó la cartera.
Sergio Roldán, de la Defensoría del Pueblo (ombudsman), dijo a IPS que en la legislación ambiental prima «el principio universal de precaución, que ordena a la autoridad competente, en este caso el Ministerio, suspender las fumigaciones hasta tanto no se tenga la certeza científica sobre sus efectos».
Antes de iniciar las fumigaciones por vía aérea, la DEN «debió llevar a cabo estudios que garantizaran la seguridad de la población y el ambiente», afirmó Roldán.
Según la Defensoría del Pueblo, el fabricante del glifosato, la transnacional estadounidense Monsanto, recomienda en las etiquetas que el producto sea utilizado en fumigaciones por vía terrestre y no aérea, lo que implica un riesgo desconocido.
El problema de los cultivos ilícitos se agudizó este lunes, cuando unos 35.000 campesinos e indígenas de seis departamentos del sur de Colombia se declararon en alerta y pidieron a través de sus gobernadores suspender las fumigaciones con glifosato en el área.
El operativo en esa zona comenzó el fin de semana sobre 40.000 hectáreas sembradas de adormidera (también llamada amapola), materia prima del opio, la morfina y la heroína.
El ministro del Interior, Armando Estrada afirmó este miércoles que las fumigaciones se mantendrían para los cultivos industriales de coca (superiores a las tres hectáreas), pero se comprometió a estudiar otras opciones para los predios pequeños.
Los cultivos ilícitos de coca, de la que se extrae la base para la cocaína, de adormidera y de marihuana ocupan cerca de 160.000 hectáreas de las cuales 60 por ciento corresponde a sembradíos industriales y 40 por ciento a pequeños agricultores.
Los cultivos ilegales se extienden en el sur a los departamentos de Nariño, Cauca, Huila, Caquetá, Putumayo y Guaviare, que son los que están siendo fumigados, pero también en Magdalena y Cesar (norte) y Casanare, y Arauca (este), y Vichada, Vaupés y Guainía (sudeste).
En cerca de tres decenios en los que se ha aplicado glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos por vía aérea, los organismos de control recibieron unas 1.000 denuncias de las comunidades por daños al ambiente, a sus cultivos de subsistencia y a la salud humana.
Entre las últimas denuncias figuran las presentadas por habitantes del departamento de Putumayo por las fumigaciones realizadas entre el 22 de diciembre y el 8 de febrero. Según los afectados, fueron fumigados cultivos de subsistencia financiados con recursos públicos para desarrollo alternativo.
En esa oportunidad, la Defensoría exhortó a los organismos encargados de la formulación y ejecución del «Plan Nacional de Lucha contra las Drogas, Colombia 1998-2002» a reparar los daños a las comunidades indígenas cofanes, awa, paeces y siona, afectadas con los operativos.
Así mismo, los funcionarios a cargo de la Operación Motilón fumigaron en mayor más de 10.000 hectáreas de cultivos de coca en el departamento de Norte de Santander y en la frontera con Venezuela, lo que llevó a los campesinos a realizar una marcha de protesta.
La fumigación de los cultivos ilícitos, en opinión de algunos analistas, se está llevando a cabo pese a constituir una acción ilegal por presiones de Estados Unidos y compromisos contraídos por el gobierno con Washington relativos a los aspectos de la lucha antidrogas contenidos en el Plan Colombia.
Este plan, un programa del gobierno de Andrés Pastrana a un costo de 7.000 millones de dólares de los cuales Estados Unidos aporta 1.700 millones, establece como plazo para la erradicación de cultvos ilícitos el 2005.
La embajadora de Estados Unidos en Colombia, Ane Patterson, dijo este miércoles que la fumigación de cultivos ilícitos no se suspenderá porque «es una parte clave del Plan Colombia», y llamó a los campesinos afectados a presentar sus denuncias ante su embajada, que tiene recursos para compensarlos. (FIN/IPS/yf/mj/ip/01
