La Unión Europea (UE) podría suspender la ayuda a Liberia, a causa especialmente de la corrupción imperante en el país africano, pero también debido a la falta de respeto por los derechos humanos, los principios democráticos y la ley.
El órgano ejecutivo de la UE, la Comisión Europea, anunció el martes que buscará entablar un diálogo en profundidad con las autoridades liberianas para discutir las medidas que deben aplicarse para remediar la situación, y explicó que «graves casos de corrupción» fueron la principal causa de la decisión.
Según los artículos 96 y 97 del Convenio de Cotonou, el acuerdo comercial y de ayuda que rige las relaciones de la UE con 77 países de Africa, Caribe y el Pacífico (ACP), la UE puede decidir un proceso de consultas con aquellos países que no cumplan sus obligaciones.
El martes fue la primera vez que la Comisión Europea propuso aplicar el artículo 97, referido a casos graves de corrupción, como la base para iniciar las consultas.
«Según cuál sea el resultado de las consultas, también se reevalúan los términos de la cooperación de la UE», explicó la Comisión, que habrá de presentar un comunicado al respecto que deberá aprobar el Consejo de Ministros, integrado por 15 representantes de los estados europeos.
La UE ha sido el mayor donante de ayuda a Liberia desde que terminó la guerra civil (1989-1996) en el país africano y las elecciones, supervisadas por la Organización de las Naciones Unidas, llevaron al presidente Charles Taylor al poder.
La Comisión dirige la ayuda, sin intervención del gobierno, a los sectores más pobres de la población liberiana. En 1998-99, el organismo gastó 45 millones de dólares, principalmente en ayuda alimentaria y en la rehabilitación de la infraestructura básica del país.
En mayo, la UE aprobó un programa de ayuda por 20 millones de dólares para reubicar a refugiados y desplazados. La ONU impuso un embargo de armas contra Liberia en marzo, luego de acusar al gobierno de Taylor de darle ayuda financiera y militar al insurgente Frente Revolucionario Unido (RUF) en la vecina Sierra Leona.
Dos meses después también entró en vigor un embargo contra los diamantes liberianos y restricciones a los viajes internacionales de altos funcionarios del gobierno.
La Comisión aseguró que los sectores más vulnerables de la población liberiana no serán perjudicados si las conversaciones conducen a la suspensión de la ayuda europea.
«Este programa permitirá a la Comisión continuar su ayuda en los siguientes sectores: salud, desarrollo comunitario y suministro de agua y electricidad», anunció el organismo, al destacar que la situación política se «deterioró significativamente» en Liberia en los últimos meses.
«La libertad de prensa ha sido severamente debilitada, activistas de derechos humanos fueron amenazados y atacados, y existe inquietud sobre la transparente gestión de fondos públicos de parte del gobierno liberiano», señaló la Comisión. Agregó que Liberia continúa apoyando activamente al RUF.
«El 7 de marzo de 2001, el Consejo de Seguridad de la ONU solicitó a Liberia que cesara todo tipo de apoyo. Por consiguiente, el objetivo de las consultas en la propuesta (del martes) de la Comisión es destacar la importancia para la UE que Liberia cumpla con sus obligaciones según el Convenio de Cotonou», explicó la Comisión Europea.
Esas obligaciones tienen que ver con «los derechos humanos, principios democráticos, el imperio de la ley, graves casos de corrupción y los efectos de la política del gobierno en Sierra Leona en los derechos humanos en ese país», agregó.
Desde que asumió la presidencia, Taylor creó dos fuerzas de elite, conocidas como la Unidad Antiterrorista (ATU) y los Servicios Especiales de Seguridad. Ambas unidades carecían de base jurídica, no estaban al mando del Ministerio de Defensa y sólo respondían ante Taylor, según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
En un informe del 30 de abril, Amnistía sostuvo que, desde que se reanudaron las incursiones armadas procedentes de Guinea al norte de Liberia, en julio de 2000, decenas de civiles fueron asesinados, sospechosos de respaldar las fuerzas externas.
ATU y otras fuerzas del gobierno torturaron a más de 100 civiles, en su mayoría pertenecientes al grupo étnico mandingo, aseguró Amnistía.
Entre los centros extraoficiales de detención se cuenta la base militar de Gbatala, en el centro de Liberia, investigada por la ONU como base de entrenamiento del RUF, un grupo «responsable de asesinatos, secuestros, mutilaciones y otros abusos generalizados en Sierra Leona», señaló Amnistía.
El informe señaló que otros sospechosos de disidencia fueron detenidos y torturados en celdas de ATU detrás de la Mansión Ejecutiva, como se conoce a las oficinas del presidente en Monrovia. (FIN/IPS/tra-en/bk/aa/aq/hd ip/01
