La cotización de las acciones de empresas privadas y de los títulos de deuda pública mejoró en Argentina a causa del apoyo de la oposición al plan de recorte de gastos del gobierno, pero también comenzó el tiempo de las huelgas y las protestas populares.
Las tres centrales sindicales del país coincidieron en convocar a una huelga general para este jueves en rechazo a la rebaja de 13 por ciento a los salarios de trabajadores estatales y de las jubilaciones superiores a los 300 dólares al mes, medidas que consideran inequitativas y recesivas.
Las dos centrales sindicales que se disputan el nombre de Confederación General del Trabajo —la más abierta al diálogo y la disidente— y el Congreso de Trabajadores Argentinos, dejaron de lado sus diferencias y llamaron a la huelga general.
Pero antes, el miércoles, los trabajadores estatales realizarán un paro de 24 horas, que se suma a interrupciones en diversos sectores públicos y privados, actos callejeros y cortes de ruta en protesta por el ajuste dispuesto para alcanzar el equilibrio del presupuesto («déficit cero»).
La ola de protestas comienza cuando los mercados financieros parecían haber abierto un compás de espera para observar los resultados del ajuste expuesto el jueves por el gobierno de Fernando de la Rúa para anular el déficit y evitar la suspensión de pagos a los tenedores de bonos de deuda.
El índice de la Bolsa de Comercio subió este martes más de cinco por ciento, y el indicador de riesgo país —diferencia entre la tasa que pagan los bonos de deuda externa sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos— bajó de 1.649 a 1.490 puntos a lo largo de la jornada.
La tendencia, aunque aún no representa una mejora sustancial, es positiva, sobre todo luego de la crisis del jueves y el viernes pasados, cuando los tenedores de bonos argentinos parecían ya considerar inevitable la suspensión de pagos de la deuda pública, que asciende a 128.000 millones de dólares.
El gobierno anunció el jueves que a partir de este mes, y para evitar la interrupción de pagos, el Estado sólo gastará lo que recaude. Tras priorizar el pago de vencimientos de la deuda externa y de las pensiones menores a 300 dólares, repartirá sólo el saldo en sueldos, jubilaciones y pago a proveedores.
Las estimaciones de lo que se recaudará este mes permitieron ya al gobierno proyectar que la próxima rebaja será de 13 por ciento, pero en adelante la proporción podría modificarse en función de lo que se recaude cada mes.
El anuncio tuvo buena acogida entre economistas neoliberales que hace tiempo proponen el ajuste del gasto público a fin de que el Estado deje de endeudarse a altas tasas de interés y mejore el acceso al crédito privado. Las medidas fueron rechazadas por políticos de todos los partidos, incluso oficialistas.
De la Rúa ganó las elecciones hace menos de dos años al frente de la Alianza, una coalición de centroizquierda que prometía reactivar la economía, crear empleos y mejorar la distribución del ingreso. Sin embargo, desde que asumió en diciembre de 1999, ya dispuso siete ajustes.
En esta oportunidad, el presidente obtuvo un frágil respaldo de la coalición gobernante, que sigue deliberando.
La Unión Cívica Radical, el principal partido de la Alianza y al que pertenece De la Rúa, apoyó al presidente más que al ajuste, e hizo una serie de propuestas alternativas al recorte de las pensiones para alcanzar el equilibrio fiscal. Pero hasta ahora las iniciativas fueron ignoradas por el Poder Ejecutivo.
Ante esta reacción, el presidente del partido, el ex mandatario Raúl Alfonsín (1983-1989), se llamó a silencio a la espera de lograr que las propuestas sean debatidas por los legisladores de la Alianza.
Por su parte, el Frente País Solidario también ofreció un apoyo endeble y condicionado, y muchos de sus dirigentes ponen en cuestión la permanencia en la Alianza, que perdió hasta ahora una decena de legisladores a raíz de los ajustes anteriores.
Dirigentes de la Alianza creen que la rebaja de salarios y de jubilaciones es inaceptable e inequitativa, y propusieron debatir alternativas en el Congreso legislativo.
Mientras, el opositor Partido Justicialista (peronismo) firmó este martes un acuerdo de «apoyo institucional para la gobernabilidad de Argentina», que contempla alcanzar un déficit cero, pero sin comprometerse con la rebaja de salarios y pensiones.
Tras cinco días de deliberaciones y debates, el gobierno nacional se comprometió a cancelar una deuda que mantiene con las provincias, y a cambio de ello los gobernadores provinciales se comprometieron a procurar al equilibrio fiscal, aunque sin rebajar los ingresos de trabajadores públicos y jubilados.
Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo procura reunir aportes de empresas y bancos para constituir un fondo solidario con adelantos de los impuestos al valor agregado y a las ganancias, a fin de transferir ese dinero a las provincias y poner así al día las deudas que mantiene el estado nacional con ellas.
La solicitud, que este martes se cursó a empresas y bancos de España, principal inversor extranjero en este país, prevé además la constitución de un fondo con un aporte extraordinario de empresas privatizadas de servicios públicos, que están actualmente en consultas con sus accionistas.
La convocatoria al aporte, iniciativa de la Unión Industrial Argentina, responde a la intención de crear un seguro de desempleo para jefes y jefas de familia desocupados, de manera de inyectar dinero al mercado y activar la economía que desde hace tres años está estancada.
De acuerdo con cálculos oficiales, Argentina está en recesión hace tres años, y el desempleo abierto de este año superó ya 16 por ciento de la población económicamente activa, de allí que le resulte tan costoso financiarse para cancelar vencimientos de la deuda y mantener en equilibrio sus cuentas. (FIN/IPS/mv/mj/ip if/01
