El Congreso de Estados Unidos se propone mantener las sanciones unilaterales contra Irán otros cinco años, pese a la oposición de las compañías petroleras estadounidenses y a la reelección la semana pasada del presidente moderado y reformista Mohamed Jatami.
La iniciativa legislativa disgusta al gobierno de George W. Bush, cuya nueva política energética exige más fuentes de abastecimiento para los consumidores estadounidenses.
Además, el mandatario llegó al poder en base a una plataforma proempresarial, opuesta en principio a las sanciones unilaterales.
El gobierno sostiene que la política hacia Irán, productor de cinco por ciento del petróleo mundial, está en revisión, y pretende que el Congreso acorte la duración de las sanciones a sólo dos años.
«Una renovación por cinco años nos ataría las manos y precipitaría la tensión transatlántica», declaró la Casa Blanca el miércoles.
Sin embargo, es improbable que el Congreso ceda a la presión de la presidencia.
La Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes comenzó el miércoles el proceso de extensión de la Ley de Sanciones contra Irán y Libia, que exige al presidente imponer duras penas a las compañías extranjeras que inviertan más de 20 millones de dólares en el sector de la energía de Irán.
En una clara prueba de la influencia de los grupos de presión proisraelíes, 236 de los 435 representantes y 74 de los 100 senadores ya expresaron su apoyo a la extensión de las sanciones.
«La razón básica de las sanciones contra Irán son tan fuertes hoy como hace cinco años, cuando se aprobó la ley», afirmó el representante demócrata Tom Lantos, miembro de la Comisión.
«Irán sigue respaldando el terrorismo. Sigue desarrollando armas de destrucción masiva, incluso armas nucleares. Y se opone de manera fanática no sólo al proceso de paz, sino también a la propia existencia de nuestro aliado Israel», arguyó.
La Ley de Sanciones contra Irán y Libia, que expira en agosto, es el complemento de un decreto de 1995 firmado por el entonces presidente Bill Clinton, que declaró ilegales las inversiones de empresas estadounidenses en Irán.
Además de castigar a Libia e Irán por su supuesto apoyo al terrorismo, la ley tuvo la intención de desalentar a las compañías petroleras extranjeras que pretendieran aprovechar la prohibición para las empresas estadounidenses.
Clinton, quien intentó mejorar las relaciones con Irán tras la primera elección de Jatami en 1997, de hecho nunca impuso sanciones a las empresas extranjeras que invirtieron en ese país.
Como resultado, aumentó la frustración de las empresas estadounidenses que debieron permanecer al margen mientras la anglo-holandesa Shell, la francesa Total, la rusa Gazprom y la malasia Petronas obtenían lucrativos contratos en Irán.
Bush todavía no aclaró si tomará medidas contra esas compañías extranjeras, pero es casi seguro que no derogará el decreto de Clinton a corto plazo pese a la creciente presión de las petroleras nacionales, que ayudaron a financiar su campaña electoral.
La reelección de Jatami por 77 por ciento de los votos fortalecerá la posición de esas petroleras, pero no lo suficiente para vencer a los grupos de presión proisraelíes.
Esos grupos arguyen que el presidente iraní, pese a sus buenas intenciones en apariencia, no ha podido controlar las fuerzas de seguridad ni la política exterior de su país, que siguen en manos de fuerzas conservadoras lideradas por el líder espiritual iraní, el ayatolá Alí Jamenei.
«A pesar de los esfuerzos de liberalización de Jatami, Irán aumentó su respaldo a movimientos radicales islámicos que realizan ataques terroristas contra Israel y sus intentos por frustrar el proceso de paz en Medio Oriente», declaró el representante republicano Henry Hyde, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales.
Hyde recordó que el Departamento de Estado, en un informe de abril, describió a Irán como «el estado patrocinador de terrorismo más activo en el año 2000».
«Aunque la reciente reelección de Jatami otorga cierta fuerza a las voces de reforma dentro de Irán, hay pocas pruebas de que él tenga el control de la política exterior y de seguridad», añadió.
La mayoría de los expertos estadounidenses en política exterior concuerdan con esa interpretación de los hechos, pero discrepan de la línea dura adoptada por el Congreso.
Un grupo de trabajo del influyente gabinete de estrategia Consejo Atlántico sostuvo en un informe publicado el viernes que el valor de las sanciones económicas contra Irán disminuyó «porque fueron impuestas en forma unilateral, y porque Irán encontró inversionistas y proveedores alternativos».
«Las sanciones de 1995-96 contra Irán fueron impuestas en un período de superávit mundial de petróleo, pero ahora estamos entrando en un período de escasez», observó el informe.
«Estados Unidos está perdiendo oportunidades en favor de sus competidores europeos y asiáticos», destacó.
El informe fue dirigido por Brent Scowfroft, asesor de seguridad nacional del presidente George Bush padre (1989-1993), y suscripto por destacados asesores de política exterior de los gobiernos de Jimmy Carter, Ronald Reagan y Clinton.
El Consejo Atlántico exhortó a Washington a eliminar todas las sanciones unilaterales relacionadas con la energía y todos los «factores de irritación innecesarios» en los vínculos con Irán, como el fotografiado e impresión digital obligatorios de todos los visitantes iraníes a Estados Unidos.
Esas medidas deberían adoptarse en forma unilateral y sin ningún condicionamiento de reciprocidad, aconsejó el grupo.
«Aun si Irán no responde, Estados Unidos habrá eliminado obstáculos para la consecución de sus propios objetivos», arguyó. (FIN/IPS/tra-en/jl/mlm/ip-if/01
