El gobierno de Indonesia decidió postergar la aplicación de dos decretos que limitan los derechos laborales, tras varias semanas de masivas protestas impulsadas por sindicatos en todo el país.
Sin embargo, los sindicalistas temen que su victoria sea transitoria, porque el Fondo Monetario Internacional, inversores extranjeros y empresarios locales aún sostienen que es necesario frenar el avance de los derechos laborales, para que la economía supere el impacto de la crisis regional de 1997.
El enfrentamiento de las últimas semanas entre sindicatos y el Ministerio de Trabajo se debió a una iniciativa gubernamental para recortar normas anteriores sobre compensaciones por despido o retiro.
Un decreto de junio de 2000 estableció compensaciones por cese de la actividad laboral, que incluyen una indemnización por esa causa, pagos relacionados con el periodo de trabajo cumplido y la licencia generada durante el mismo, así como subsidios para gastos de transporte, salud y vivienda.
Tales compensaciones, establecidas con la intención de paliar consecuencias de despidos masivos en el marco de la crisis económica, abarcaron tanto a los despedidos como a los renunciantes.
Empresarios locales y extranjeros protestaron contra ese decreto, y el gobierno dictó otros dos que anularon la compensación por cese de la actividad laboral y el pago relacionado con el periodo de trabajo cumplido, en los casos de trabajadores renunciantes o despedidos por cometer faltas graves.
Los sindicalistas protestaron a su vez contra los nuevos decretos, y alegaron que la incierta situación económica aumenta la necesidad de que los trabajadores tengan la seguridad de recibir una compensación adecuada por sus años de labor, cuando quedan desempleados por cualquier causa.
La movilización sindical se produjo en un contexto de pérdida de puestos de trabajo y caída de ingresos de los trabajadores.
«Es una cuestión de seguridad laboral y derechos laborales fundamentales», dijo a IPS Maulana, un trabajador textil de Yakarta participante en una marcha de protesta contra los decretos.
Durante los años de crecimiento económico del país, sus trabajadores estuvieron entre los peor pagos y más desprotegidos de Asia Sudoriental, y la actividad sindical estuvo prohibida. Esa situación fue uno de los factores que atrajeron inversiones.
Antes de la crisis de 1997, sólo un tercio de 89 millones de trabajadores tenían empleo fijo.
Desde entonces, varios millones de personas quedaron desempleadas, y muchas de ellas pasaron al sector informal. Esos hechos causaron el aumento de la pobreza, que en la actualidad afecta a 25 por ciento de los 213 millones de habitantes.
Durante la mayor parte del régimen de Ali Suharto (1965-1998) el salario mínimo nacional se mantuvo cercano a unos 1,2 dólares por día, en el nivel más bajo de Asia después de Bangladesh, y el promedio salarial en las industrias de Jakarta era unos 100 dólares por mes.
Tras la crisis de 1997 y la devaluación de la rupia, el promedio salarial en esas industrias es apenas unos 25 dólares, y el precio en dólares de productos básicos ha aumentado.
Sin embargo, «los trabajadores tienen hoy mucha más libertad que durante el régimen de Suharto», sostuvo un funcionario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Yakarta.
Tras la caída de ese régimen, en mayo de 1998, el país modificó en forma drástica sus leyes laborales y eliminó la prohibición de la actividad sindical.
En junio de 1999, Indonesia pasó a ser uno de los pocos países de la región que han ratificado las tres convenciones básicas de la OIT, en las cuales se establecen principios de libre asociación sindical, no discriminación de los trabajadores, y prohibición del trabajo forzado y el trabajo infantil.
El gobierno de Abdurrahman Wahid, elegido en octubre de 1998, legalizó a varios sindicatos que habían sido consideradas «subversivas» en tiempos de Suharto, y liberó a decenas de sindicalistas encarcelados.
En la actualidad existen 26 organizaciones sindicales nacionales y decenas de sindicatos locales.
La fuerza de las últimas movilizaciones sindicales se debe a que muchos trabajadores ejercen por primera vez derechos que se les negaron durante décadas, comentó el funcionario de la OIT.
Los sindicalistas son víctimas de frecuentes ataques de grupos paramilitares, y afirman que esos grupos reciben pagos de empresarios para intimidar a trabajadores o impedir huelgas, y que actúan con apoyo del Ejército y la policía.
A mediados de este mes, durante la última oleada de protestas, activistas del Frente Nacional para la Lucha de los Trabajadores Indonesios (FNLTI), una organización sindical radical y en rápido crecimiento, fueron atacados por paramilitares en la ciudad de Bandung, en la isla de Java Occidental.
En esos días, dirigentes del izquierdista Partido Democrático Popular fueron detenidos por la policía, bajo cargos de «provocar a los trabajadores».
Es probable que Wahid deba abandonar su cargo a comienzos de agosto, debido a un juicio político, y los sindicalistas temen que el próximo gobierno revierta avances logrados por los rabajadores en los últimos años.
«Políticos y burócratas muestran una creciente tendencia a adoptar políticas sindicales, en nombre de la prioridad de atraer inversiones extranjeras y garantizar lo que llaman 'paz industrial', como ocurría en tiempos de Suharto», afirmó la presidenta del FNLTI, Dita Indah Sari.
Durante el régimen de Suharto, se suprimieron los derechos de los trabajadores en nombre del estímulo al crecimiento económico, y cuando llegó la crisis, los trabajadores pagaron el precio más alto una vez más, señaló.
En la actualidad, aumenta el riesgo de que empresarios, burócratas y militares empleen la excusa de la «agitación laboral» para llevar al país a una nueva era represiva, advirtió. (FIN/IPS/tra-eng/ss/js/mp/lb ip/01
