Los prejuicios en Japón contra las personas afectadas de enfermedades mentales aumentaron por la reacción social de horror ante el asesinato de ocho niños y niñas, cometido por un esquizofrénico.
Mamoru Takuma mató el 8 de este mes a los niños y niñas con un cuchillo tras perseguirlos por los corredores de una escuela de la ciudad de Osaka, unos 500 kilómetros al sudoeste de Tokio.
Takuma, divorciado y de 37 años, fue abandonado por su padre cuando era un niño, perdió varios empleos, posee antecedentes de conducta violenta y los médicos de un hospital psiquiátrico le habían permitido poco antes abandonar esa institución.
Medios de comunicación han planteado que esa decisión médica fue una de las causas de la tragedia, cuya repercusión social ha significado un agravamiento de los problemas de los discapacitados mentales.
Takeo Suzuki, de 33 años de edad y con un diagnóstico de maníaco-depresivo debido al cual perdió su empleo el año pasado, dijo a IPS que la tragedia de Osaka hizo que perdiera la confianza en sí mismo.
«Me he sentido muy mal. Los informes periodísticos sobre la enfermedad mental del asesino me golpearon con gran dureza», comentó.
Suzuki, quien quiere ser alfarero, pasó seis meses en un hospital psiquiátrico, donde fue visitado pocas veces por su padre, y asegura que los médicos de esa institución lo obligaban a tomar 30 pastillas por día, debido a lo cual se sentía somnoliento y aturdido todo el tiempo.
«Durante esos meses mi vida fue una pesadilla. Sólo mi madre me daba ánimo. A veces me siento tan solo que tengo ganas de morir», añadió.
Muchos japoneses afectados por trastornos mentales o emocionales se siente aislados igual que Suzuki, en una sociedad admiradora de la eficiencia y el conformismo, que a menudo se avergüenza de ellos, les brinda escasa comprensión o los considera peligrosos criminales en potencia.
Tras la tragedia de Osaka, varios periódicos pidieron en sus editoriales que se mantenga a las personas con antecedentes de problemas mentales separadas del resto de la sociedad, para evitar que cometan crímenes.
El primer ministro Junichiro Koizumi prometió revisar el sistema penal con la intención de asegurar que el público sea protegido de los enfermos mentales.
La policía informó que Takuma había admitido haber asesinado a los niños en forma premeditada, y lo describieron como una persona violenta pero astuta y calculadora, que quizá finge padecer una enfermedad mental para no ser castigada por la justicia.
«Takuma dijo que había estudiado la situación legal de los enfermos mentales, para evitar que se presentaran cargos contra él, y la policía piensa que es muy probable que el asesino simule sufrir una enfermedad psiquiátrica», indicó el viernes el diario Yomiuri.
Especialistas en enfermedades mentales señalaron, en cambio, que es probable que las acciones de Takuma se hayan debido a su trastorno, pero advirtieron que no se debe etiquetar a todas las personas con problemas psiquiátricos como criminales en potencia.
Los homicidios de Osaka significaron un grave revés en el difícil esfuerzo de activistas y asesores legales que defienden los derechos de los discapacitados mentales e instaron a la sociedad a actuar con sobriedad y comprender la situación de esas personas tras el crimen.
Los medios de comunicación no prestaron atención a esas exhortaciones, afirmó Hajime Oketani, presidente de la Asociacióm de Discapacitados Mentales, que cuenta con 1.600 afiliados.
«Pedimos que se informara sobre los asesinatos en forma equilibrada, y señalamos la importancia de no presentar a la enfermedad mental como un peligro, pero fue inútil. Una vez más, informes basados en prejuicios causaron miedo y ansiedad entre nuestros afiliados», indicó.
El problema se agrava porque la cantidad de enfermos mentales en el país va en aumento. Según datos oficiales, hace tres años había 160.000 pacientes mentales ambulatorios y en la actualidad hay 270.000, a los cuales deben agregarse 330.000 personas internadas en hospitales por trastornos psiquiátricos.
La reacción popular ante la tragedia de Osaka se debió entre otras cosas a que en los últimos tiempos se habían producido otros asesinatos cometidos por personas con enfermedades mentales.
«Odio al hombre que mató a mi hija y nunca lo perdonaré. El no tenía derecho a tomar la vida de otras personas» dijo en un programa de televisión el padre de Rena Yamashita, una niña de ocho años de edad asesinada por Takuma.
El estigma social que afecta a los discapacitados mentales es similar al padecido antes por los leprosos, opinó el abogado y activista humanitario Yoshi Ikenaga.
«Sólo después de la Segunda Guerra Mundial se construyeron hospitales y sanatorios para discapacitados mentales, y las cosas mejoraron tras la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pacientes Mentales», apuntó Yoshinori Nakanishi, otro abogado y activista humanitario.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, los familiares de personas con trastornos psiquiátricos los encerraban en habitaciones subterráneas y los trataban peor que a los animales, recordaron ambos.
El parlamento aprobó en 1995 la Ley de Salud y Bienestar Mental, en la cual se reconoce el derecho de los enfermos mentales a que se protejan sus derechos.
Sin embargo, los arraigados prejuicios contra esos enfermos determinan que sean sometidos a tratamientos médicos como el que recibió Suzuki, enfatizó Oketani.
El promedio de duración de las internaciones por enfermedades mentales es cinco años, apuntaron los activistas.
Por otra parte, las familias de los pacientes psiquiátricos no reciben apoyo y asesoramiento adecuados. Así ocurrió en el caso de Takuma, cuyo padre lo abandonó porque no sabía cómo afrontar su conducta violenta, agregaron. (FIN/IPS/tra-eng/sk/js/hd/01
