Deserción escolar, explotación sexual, sida y violencia siguen siendo alarmantes entre los niños y niñas de Venezuela. Las autoridades admiten que 8.000 menores viven en la calle y 60.000 son víctimas de redes de proxenetas.
Funcionarios del gobierno aseguraron que se ha avanzado en la protección, pero todavía falta mucho por hacer.
Una sesión especial de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre servirá para que los presidentes de 71 naciones den a conocer el estado de la infancia de sus respectivos países, 11 años después de la firma de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
A esta instancia, que coincide con la celebración del Año Interamericano de la Niñez y la Adolescencia, también acudirán delegados de organizaciones no gubernamentales, así como representantes de los propios niños y niñas, que tendrán oportunidad de ser escuchados ante la comunidad internacional.
El no gubernamental Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) organizó el foro «¿Venezuela cumplió su compromiso?» en que se discutió la posición que llevará este país a la ONU. Se destacaron avances en materia legal, como la aprobación de la Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente.
Los principales logros del gobierno de Hugo Chávez en la materia fueron la aprobación de la ley y «decisiones sobre políticas públicas de la infancia», dijo a IPS el presidente del Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente, Lenin Romero.
Venezuela dedica 800 millones de dólares de su presupuesto nacional a programas de protección a la infancia. Pese a la magnitud de la inversión, Romero admitió que la asignación de esos recursos no fue racionalizada, por lo que los derechos de los infantes siguen siendo vulnerados.
El funcionario informó que 8.000 niños no tienen hogar, 60.000 son víctimas de comercio sexual, 20.000 trabajan y 17.000 sufren enfermedades graves como sida o cáncer y carecen de medicamentos adecuados.
La población infantil supera los siete millones, 50 por ciento de los cuales vive en condiciones de pobreza moderada y 25 por ciento en situación de pobreza extrema, según datos procesados por la encuestadora Datanálisis en 1999.
Sólo dos millones de niños y adolescentes gozaban de buenas condiciones de vivienda, alimentación, salud y educación, de acuerdo con este estudio.
María Alesia Izturiaga, funcionaria del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), dijo a IPS que consideraba positiva la aprobación de la Ley Orgánica, pero señaló que «faltó una mayor cobertura en educación», así como «erradicación de enfermedades y de la mortalidad materna».
«Más que leyes, debemos afianzar una cobertura de respeto a los derechos del niño», apuntó Izturiaga.
Por su parte, Fernando Pereira, coordinador de Cocodap reconoció avances en la gestión gubernamental, pero no está satisfecho con «una ley que no llega a la calle.»
«Todavía los policías, los jueces ni los bomberos saben cómo tratar a un niño o adolescente en situación de peligro o que tenga una denuncia», señaló Pereira.
También mostró su desconcierto por el mantenimiento del Instituto Nacional del Menor (INAM), un centro de reclusión de infractores que ha recibido críticas y que, según la Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente, debió desaparecer.
La norma establece que los menores capturados por infringir la ley deberán ser llevados ante tribunales de menores y luego a «hogares especiales» con el objeto de ser reorientados.
Sólo los que cometan homicidios, violación o robo podrán ser encarcelados por un lapso no mayor de cinco años. El INAM calculó que en los últimos años hubo un importante aumento de las infracciones de la ley cometidas por menores, atribuido por el organismo a la pobreza imperante.
Cecodap también reclamó planes que disminuyan la deserción escolar. En tal sentido, Pereira señaló que solo 60 de cada 100 estudiantes de primaria llegan a la enseñanza secundaria.
El activista calificó el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de infancia por parte de Venezuela en 10 sobre 20. Pereira elogió la caída de la mortalidad por enfermedades controlables, como el sarampión o el bocio.
Otro elemento destacado por activistas y funcionarios es la posición «beligerante» de las autoridades del gobierno en la materia, que será llevada ante la Asamblea General de la ONU.
«Nuestro país fijará posición en torno a la inclusión de la infancia en el orden del día, con un enfoque de desarrollo social», enfatizó Romero.
Según Unicef, más de la mitad de los niños y niñas de América Latina y el Caribe viven en condiciones de pobreza. Cerca de cuatro millones sufren desnutrición. Menos de 73 por ciento tiene acceso al agua potable, apenas tres de cada cinco niños completa la educación primaria y más de 20 millones trabajan. (FIN/IPS/mj/mj/hd pr/01
