La presidenta de la organización argentina Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, consideró posible que su secuestro fuera el objetivo real de los dos desconocidos que torturaron brutalmente a su hija, pero advirtió que no abandonará su lucha.
Bonafini responsabilizó al gobierno y a las autoridades de la provincia de Buenos Aires por el ataque perpetrado contra su hija, Alejandra Bonafini, de 35 años.
Se trata de la única sobreviviente entre los hijos de la presidenta de la agrupación creada para buscar a los desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983). Los dos hijos varones de Hebe de Bonafini fueron secuestrados en 1976, y desde entonces permanecen desaparecidos.
«Mis enemigos no son sólo los militares. Mi enemigo es también el gobierno de (Fernando) De la Rúa, el de (el gobernador de Buenos Aires, Carlos) Ruckauf, los jueces que no condenan, la burocracia sindical», enumeró la dirigente humanitaria este lunes en conferencia de prensa.
Pese al ataque, Bonafini aseguró que la organización que conduce «no abandonará la lucha». «Nos golpearon muchas veces, se llevaron a nuestros hijos, secuestraron a tres compañeras (madres), entraron en nuestras casas las veces que quisieron, nos robaron… y aquí estamos», dijo.
Alejandra Bonafini, que comparte la vivienda con su madre, fue atacada la tarde del viernes 25. Dos desconocidos irrumpieron en su casa luego de hacerse pasar por empleados de una empresa telefónica que venían a colocar un nuevo aparato que ella había solicitado.
Una vez que la mujer entreabrió la puerta, los dos hombres la empujaron y la encapucharon. Luego la golpearon con un palo, le quemaron los brazos con cigarrillos, le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza hasta asfixiarla y provocarle un desmayo, e intentaron violarla.
Bonafini aseguró el lunes pasado que es muy probable que los agresores estuvieron buscándola a ella para secuestrarla. La dirigente, que había recibido amenazas telefónicas para que deje de acusar a policías y militares de violaciones de derechos humanos, estaba en Brasil cuando su hija fue atacada.
Los desconocidos también revolvieron la casa —en particular la habitación de su madre— pero no se llevaron nada. Finalmente, tras insultar a Alejandra Bonafini —pero sin amenazas ni advertencias—, uno de ellos recibió una llamada en su teléfono celular o en un aparato de radio y dijo que enseguida se irían.
«En verdad, hicieron todo lo se hace en un campo de concentración: pusieron la música alta, la torturaron, la asfixiaron, la quemaron con cigarrillos, revolvieron la habitación, pero no nos vamos a callar», dijo.
El ataque a la hija de Bonafini fue repudiado por el ministro del Interior, Ramón Mestre, por la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, y por diversas organizaciones de derechos humanos que expresaron su indignación por la impunidad con que actuaron los agresores.
Según testigos, en la puerta de la casa se vio a una pareja de hombres en una camioneta, informó el abogado de Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schocklender. El dato es investigado por la Fiscalía, que procura determinar también si hubo más que dos personas involucradas en el ataque.
Bonafini asumió en los últimos años una postura muy crítica respecto de los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales, y está distanciada de otras organizaciones de derechos humanos.
La brecha comenzó cuando esas organizaciones, la mayoría de ellas surgidas durante la dictadura militar, aceptaron la posibilidad de que familiares de víctimas del régimen recibieran una reparación económica dispuesta por el gobierno. Luego, las posturas de Bonafini se radicalizaron.
Su principal actividad se ha concentrado en los últimos tiempos en el combate contra las violaciones de los derechos humanos sufridas por menores a manos de policías en comisarias y en instituciones que trabajan con delincuentes.
«Los que atacaron a mi hija son los mismos que torturan y matan a jóvenes por la espalda», aseguró.
«Aquí hay muchos responsables, y yo no voy a aceptar ninguna disculpa hipócrita de ningún miembro del gobierno», dijo Bonafini. Luego, advirtió que tampoco aceptará custodia personal. «Si me la ofrecen, la voy a rechazar», aseguró.
Alejandra Bonafini dijo que quienes la atacaron «son los mismos que se llevaron a mis hermanos y que andan sueltos», aseguró.
El lunes 28, otra organización de derechos humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, presentó ante la justicia federal de la provincia de Chaco una demanda por el asesinato 22 personas durante la dictadura en un episodio en el que aparece involucrado el actual comandante del ejército, general Ricardo Brinzoni.
Los representantes de la organización, apoyados por legisladores, sindicalistas y familiares de las víctimas, solicitaron al juez que declare nulas las leyes de amnistía —como ya se hizo en otro caso— para investigar la «masacre de Margarita Belén» y condenar a los responsables.
Brinzoni, que era secretario de la intervención militar en la provincia durante la dictadura, reconoció ante un periódico provincial que los prisioneros no intentaron fugarse, como se dijo entonces, sino que fueron fusilados junto a una ruta provincial.
El comandante aseguró que él no lo supo hasta algunos años después. (FIN/IPS/mv/mj/hd/01
