La XXXI Asamblea General de la Organización Estados Americanos (OEA) finalizó hoy en la capital costarricense sin acuerdos de peso, porque los países miembros no quisieron pasar de las palabras a los hechos, señalaron especialistas y participantes en el debate.
El principal proyecto de la reunión de cancilleres, la Carta Democrática Interamericana, un mecanismo para sancionar política y económicamente a los gobiernos de facto, fue postergado y su futuro está en duda.
Venezuela y varios países del Caribe rechazaron el borrador de la Carta Democrática. El gobierno venezolano ya había advertido que cuestionaría la inclusión en el texto del término «representativa» para calificar la democracia.
Los artículos 1 y 2 del borrador de la Carta Democrática definen la democracia representativa como el sistema político de la OEA, basado en la celebración de elecciones libres y justas, el acceso al poder por medios constitucionales, un régimen plural de partidos políticos y el respeto de los derechos humanos.
En cambio, Venezuela solicitó que el término «representativa» fuera eliminado y sustituido por el de democracia «participativa».
Por su parte, Chile y otros países consideraron que el texto debe mejorarse, aunque aclararon que no rechazan la aprobación de la Carta.
El el vicecanciller de Panamá, Harmodio Arias, también manifestó disconformidad con la redacción del documento, pues se debe ajustar a la legislación de los países firmantes.
Así mismo, el canciller de Honduras, Roberto Flores, admitió que la discusión de la Carta necesita más tiempo, pero dijo que lo sucedido en Costa Rica ha sido un gran paso.
El borrador de la Carta examinado en la Asamblea de la OEA contó con el apoyo de Costa Rica, Estados Unidos, Perú y Colombia, entre otros.
También fue recibida con críticas en la Asamblea General la iniciativa de Costa Rica para aumentar el presupuesto de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
«Esa ha sido la historia de la OEA, se levanta la bandera de los derechos humanos, pero luego nadie mantiene izada esa bandera», dijo a IPS Pedro Nikken, presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Nikken advirtió que los 34 países que integran la OEA deben expresar una voluntad decidida de compromiso con los derechos humanos, para evitar el colapso de éstos.
La dotación presupuestaria de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es proporcional a la creciente cantidad de tareas que deben atender, dijo Nikken.
La propuesta de Costa Rica pretendía que el presupuesto conjunto de la Corte y la Comisión aumentara de 5,7 a 10 por ciento del presupuesto general de la OEA. Es decir, de 4,3 a 7,6 millones de dólares.
El secretario general de la OEA, César Gaviria, anunció que en octubre podría volver a analizarse esta iniciativa destinada a fortalecer el área de derechos humanos.
«Esto demuestra que para la OEA los derechos sólo valen cinco por ciento», comentó a IPS uno de los participantes en los debates.
En cuanto a la Carta Democrática, objetada por 16 países, los cancilleres de América decidieron postergar su aprobación y enviar el proyecto al Consejo Permanente de la OEA, compuesto por los embajadores.
El Consejo tendrá tiempo hasta el 30 de septiembre para convocar a una asamblea extraordinaria en la que se discutirá el futuro de un proyecto recargado de polémica.
«Muchos países no quisieron aprobar la Carta Democrática porque sería como ponerse la soga al cuello», dijo a IPS Bruce Harris, representante de la no gubernamental Casa Alianza, dedicada a proteger los derechos de los niños.
Harris consideró como saldo positivo de la Asamblea General la autorización de la presencia de las organizaciones no gubernamentales como observadores.
«Me parece que la Carta Democrática no se aprobó porque no se realizó un amplio proceso de consulta. Los países caribeños se sintieron ajenos al proyecto y creo que por eso no lo apoyaron», comentó a IPS la abogada argentina Viviana Krsticevic, una de las observadoras del encuentro.
Krsticevic, directora del no gubernamental Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, destacó que, si los países miembros de la OEA desean que ese proyecto prospere, se debe rehacer su texto, pero con la participación de todos los sectores de la sociedad.
«Los grupos no gubernamentales vamos a estar ahí, pues pensamos que la Carta Democrática es una buena idea. Lo que hay que hacer es depurar sus conceptos», afirmó.
Los cancilleres americanos lograron acuerdos para combatir la corrupción y aumentar la cooperación, pero un observador europeo que pidió reserva de identidad comentó que el desarrollo de la Asamblea desilusionó a muchos de sus participantes, por sus escasos resultados concretos.
Uno de los pocos resultados fue la resolución que permite el acceso directo de las denuncias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, radicada en San José.
A partir de la entrada en vigor de esa decisión, cualquier ciudadano de América podrá presentar un caso ante la Corte, sin necesidad de la intermediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emplazada en Washington.
Los cancilleres también aprobaron una decisión que exige a las autoridades de Haití que garanticen la plena democracia.
La resolución de la OEA pide al gobierno haitiano que nombre, con la participación de partidos políticos de oposición y de grupos de la sociedad civil, un consejo electoral independiente para convocar a elecciones generales libres.
Gaviria viajó a fines de mayo a Puerto Príncipe para mediar entre el gobierno de Jean-Bertrand Aristide y la oposición, que desconoce el resultado de las elecciones legislativas de mayo de 2000.
Aristide, sometido a fuerte presión internacional, se manifestó dispuesto a realizar nuevas elecciones, en 2002, informó Gaviria en la Asamblea General de la OEA. El presidente haitiano pretende obtener la reanudación de la ayuda exterior, a cambio de su promesa de realizar elecciones. (FIN/IPS/nms/ff dm/ip/01
