Grupos ambientalistas de Estados Unidos se unieron contra la solicitud del presidente George W.Bush al Congreso de facultades para negociar tratados internacionales por la «vía rápida».
La vía rápida permitiría a Bush negociar tratados de comercio sin que el Senado modifique lo acordado. La cámara alta sólo tendría la opción de aprobar o rechazar en bloque el instrumento en cuestión.
La oposición de los ecologistas se debe en parte a que el gobierno de Bush rechazó el Protocolo de Kyoto, cuyo fin es reducir la emisión de gases invernadero que provocan el cambio climático.
Ese rechazo «arroja dudas legítimas sobre la capacidad de la administración para asegurar que las protecciones internacionales al ambiente estén integradas a nuestros mercados globalizados», dijo Fred Krupp, director de Environmental Defense, una organización ecologista de Washington.
El movimiento ambiental se encuentra dividido con respecto al apoyo a la liberalización comercial.
Tradicionalmente, Environmental Defense apoyó el libre comercio y a principios de los años 90 respaldó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a diferencia de aliados como Sierra Club y Amigos de la Tierra.
Sin embargo, el Protocolo de Kyoto es visto por muchas organizaciones ecologistas como uno de los tratados ambientales más importantes de la historia.
La oposición de Bush al Protocolo «hace imposible que Environmental Defense apoye la autoridad presidencial ilimitada en materia de comercio», declaró Krupp, quien integra el Comité Asesor del Presidente sobre Política y Negociaciones Comerciales.
Otros grupos «verdes» que apoyaron el TLCAN prometieron oponerse a la autoridad de vía rápida para Bush, como National Wildlife Federation y Defenders of Wildlife.
Pietro Nivola, investigador de Brookings Institution, un influyente centro de investigación de Washington, dijo que la oposición de las organizaciones ambientales a la vía rápida hará aun más difícil que el Congreso apruebe la solicitud de Bush.
El opositor Partido Demócrata supera al oficialista Republicano por 51 miembros contra 49 en el Senado, por lo cual «toda oposición adicional (a la vía rápida) complica el proceso» de discusión de la norma, explicó Nivola.
En su primer discurso ante el Congreso en febrero, Bush solicitó a los legisladores que le otorgaran la vía rápida lo antes posible. Se espera que el Senado vote al respecto antes de que comience el receso de verano el próximo mes.
El representante republicano Phillip Crane presentó una propuesta legislativa para conceder la vía rápida. Crane preside un subcomité comercial clave en la Cámara de Representantes y se opone a vincular el comercio con temas laborales y ambientales.
En respuesta, el demócrata Peter Stark escribió a sus compañeros legisladores instándoles a no aceptar una propuesta de vía rápida que no proteja el ambiente ni a los trabajadores.
Por su parte, empresas como Boeing y Procter&Gamble, que apoyan la vía rápida, formaron un grupo de presión llamado USTrade para defender sus intereses.
«No será fácil, pero nos estamos asegurando de contar con el consenso para hacer las cosas», dijo Harold McGraw, presidente de la editorial McGraw-Hill Co.
Pero la exclusión del ambiente no ayudará a forjar un nuevo consenso sobre la política comercial de Estados Unidos, dijeron ecologistas.
«No es probable que este enfoque le granjee al gobierno el apoyo público que necesita para negociar con éxito futuros acuerdos comerciales», según Jake Caldwell, de la organización National Wildlife Federation.
Daniel Seligman, del Sierra Club, dijo que la propuesta de Crane aumentará la capacidad de empresas extranjeras para socavar la legislación ambiental.
«La propuesta de Crane significa la renuncia del Congreso a modificar los acuerdos comerciales negociados por el presidente, incluso si los mismos amenazan al ambiente o los derechos de los trabajadores», agregó.
Incluso algunos partidarios de la vía rápida, como el senador republicano Charles Grassley, sostienen que la propuesta debe incluir normas de protección laborales y ambientales.
Todos los presidentes a partir de Gerald Ford (1974-76) tuvieron autoridad de vía rápida, salvo Bill Clinton (1993-2001).
Varias organizaciones ambientales se opusieron al libre comercio después de la aprobación del TLCAN porque, en su opinión, socavan las normas ambientales y sanitarias. Específicamente se oponen al Capítulo 11 del TLCAN, referido a normas de inversión.
El capítulo pretende proteger a las compañías de la expropiación de sus propiedades, pero las trasnacionales las utilizaron para socavar las normas sanitarias y ambientales, según los ecologistas. (FIN/IPS/tra-en/dk/aa/en if/aq/01
