Centrales sindicales de Brasil se movilizan para contener el aumento del desempleo aguardado del racionamiento energía eléctrica que comenzará el 4 de junio.
«Los despidos ya empezaron hoy, antes de que entraran en vigor las medidas y donde menos se esperaba, una fábrica de lámparas», informó a IPS Paulo Pereira da Silva, presidente de Fuerza Sindical, la segunda central de trabajadores del país.
La firma Osram se adelantó a los efectos del racionamiento y despidió 54 de los 600 empleados de la fábrica de Sao Paulo, que produce lámparas incandescentes, debido a que todos los clientes pasaron a comprar lámparas fluorescentes, que consumen menos electricidad, explicó.
La Central Unica de Trabajadores (CUT), la mayor organización sindical del país, anunció varias protestas, una de las cuales se concretará este viernes en Sao Bernardo do Campo, capital de la industria automovilística brasileña, promovida por el Sindicato de Metalúrgicos local.
También los 30.000 empleados de las empresas estatales de energía eléctrica resolvieron realizar una huelga «de advertencia» el 1 de junio, en reclamo de siete por ciento de aumento salarial, garantía de empleo y mejores condiciones laborales.
Las organizaciones sindicales propusieron al gobierno de Fernando Henrique Cardoso reducir la jornada semanal de trabajo de 44 a 40 horas, como forma de atenuar el desempleo.
Los sindicalistas entienden que, para compensar las pérdidas, las autoridades deben aprobar un descuento sobre tributos para bajar los costos de las empresas, y así evitar una reducción de los salarios.
El racionamiento energético puede aumentar el desempleo en Brasil, que se ubicó en abril en 6,5 por ciento de la población económicamente activa, según informó este jueves el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
La intensidad de ese aumento dependerá de la reacción de las empresas, que deberán optar entre despidos o la reducción de la jornada de trabajo y acuerdos variados con sus empleados, ya que «despedir cuesta caro», como razonó Shyrlene Ramos de Souza, experta del IBGE.
El plan nacional de racionamiento de energía busca reducir el consumo en 20 por ciento a partir de junio. Para eso impuso un ahorro en esa misma proporción, tanto a residencias como a empresas, y la aplicación de fuertes penas para quienes derrochen electricidad.
Los consumidores que no cumplan esa meta a partir de julio sufrirán el corte de suministro de electricidad por tres días, período que puede doblar en caso de reincidencia.
Además, el consumo por encima de 500 kilovatios/hora mensuales costará el triple de la tarifa vigente, mientras que entre 200 y 500 kilovatios/hora tendrá un sobreprecio de 50 por ciento.
En tanto, los consumidores de hasta 200 kilovatios/hora serán estimulados con descuentos adicionales para que intenten ahorrar más de 20 por ciento. La base de comparación es un promedio del consumo de mayo, junio y julio del año pasado.
El plan gubernamental busca evitar la interrupción general del suministro de electricidad en las regiones afectadas, que son el sudeste, nordeste y centro-oeste de Brasil. Pero no ha sido descartada aún la posibilidad de esos apagones programados.
La Cámara de Gestión de la Crisis de Energía Eléctrica, creada para delinear e impulsar el racionamiento, evaluará en forma mensual la respuesta de la sociedad al ahorro inducido. Si no se alcanza la meta de 20 por ciento, habrá apagones, sentenció Pedro Parente, coordinador de la Cámara.
Los economistas de varias instituciones de investigación pronostican que ese plan provocará una reducción de uno a dos puntos porcentuales en el crecimiento del producto interno bruto este año, originalmente estimado en poco más de cuatro por ciento.
Ese retroceso no permitirá la creación de unos 400.000 nuevos puestos de trabajo, según Joao Felicio, presidente de CUT.
Es una «cifra subestimada», que se alcanzará ya en el comienzo del proceso, opinó Pereira da Silva.
El presidente de Fuerza Sindical añadió que sólo en la construcción se perderán más de 100.000 empleos, debido a que el sector tendrán que paralizar las obras para reducir el consumo de energía eléctrica.
El mayor responsable de esa crisis es el ministro de Hacienda, Pedro Malán, que impidió las inversiones necesarias en la generación de electricidad, pese a los numerosos estudios que desde hace años apuntaban el riesgo de escasez, afirmó Pereira da Silva.
Los sindicalistas piden exponer sus propuestas ante la Cámara de Gestión y discutir entre todos posibles alternativas, con el fin de evitar que los trabajadores «paguen por los errores del gobierno».
También cuestionan la legalidad de las medidas gubernamentales. La CUT se asoció al Colegio de Abogados en una acción judicial para declarar inconstitucional el sobreprecio aplicado a los mayores consumidores de energía y la interrupción del suministro como castigo. (FIN/IPS/mo/dm/lb/01
