Seis organizaciones civiles de Perú solicitaron al presidente provisional Valentín Paniagua la reducción de tropas y presupuesto de las Fuerzas Armadas, el combate contra la corrupción en filas castrenses y que regule la relación entre civiles y militares.
El Centro de Estudios Internacionales, la Comisión Andina de Juristas, el Instituto de Estudios Peruanos, la organización Transparencia, el Colegio de Abogados de Lima y el Instituto Peruano de Estudios Políticos y Estratégicos, pidieron a Paniagua la creación de una comisión para estudiar la reforma militar.
La reforma debe regular el ascenso en los grados militares superiores y establecer mecanismos de control legislativo sobre las decisiones internas de las Fuerzas Armadas, sostuvo el presidente del Instituto de Estudios Políticos y Estratégicos, Enrique Obando.
Si Paniagua no accede al pedido, la respuesta quedará en manos del triunfador en las elecciones presidenciales del 3 de junio. Ese día se enfrentarán en segunda vuelta el centrista Alejandro Toledo y el ex presidente Alan García (1985-1990), líder del socialdemócrata Partido Aprista.
«Consideramos conveniente que la comisión se conforme ahora, para que el gobierno que asumirá el mando el 28 de julio tenga más respaldo en la delicada, importante y urgente tarea de reformar a las Fuerzas Armadas», explicó Allan Wagner, canciller del gobierno y presidente del Centro de Estudios Internacionales.
«La reforma no debe limitarse a reducir sus efectivos y presupuesto y erradicar la corrupción, sino también remodelar las relaciones entre civiles y militares», explicó Wagner.
Diecinueve altos jefes del ejército, la fuerza aérea, la marina de guerra y la policía están presos en cárceles para delincuentes comunes, acusados por los fiscales de integrar una red de corrupción dedicada al tráfico de armas, protección de narcotraficantes y extorsión a empresarios, entre otros delitos.
Bajo los mismos cargos, cinco altos jefes militares huyeron del país y otros 10 gozan de libertad bajo palabra.
La red fue encabezada durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) por su mano derecha y jefe virtual del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos, quien utilizó las potestades de ese organismo en materia de ascensos y nombramientos para manejar la justicia y las Fuerzas Armadas.
La justicia y varias comisiones parlamentarias investigan también la posible participación en esa red del ex presidente, destituido en noviembre pasado por el parlamento.
Fujimori y Montesinos están prófugos. El ex mandatario se encuentra en Japón, el país de sus ancestros, que se rehúsa a entregarlo a la justicia peruana porque goza de doble nacionalidad. Mientras, se estima que Montesinos huyó a Colombia o Colombia, donde se ampara en una identidad falsa.
«No creí nunca por ver a los generales encarcelados junto a los presos comunes. Eran una casta intocable y solo podían ser juzgados por otros militares, que siempre los absolvían», comentó el taxista Estenio Valdez, después de ver por televisión a varios generales encarcelados.
El ministro de Defensa, general retirado Walter Ledesma, ordenó estudiar la creación de una «comisión de la verdad» en las Fuerzas Armadas, cuyos informes se destinarán a depurar las filas castrenses de corruptos y violadores de los derechos humanos.
«Hay que aprovechar el momento para reformar a fondo las Fuerzas Armadas, erradicar de allí la corrupción, modernizar su estructura, redefinir sus objetivos institucionales y eliminar su tendencia a incurrir en ilegal intervencionismo político», señaló Manuel Benza, sociólogo y ex constituyente izquierdista.
Benza recordó que, de los 180 años de vida republicana independiente de Perú, casi la mitad transcurrieron bajo gobiernos militares que usurparon el poder.
El Poder Judicial y las comisiones parlamentarias investigan también la participación de militares en el golpe de Estado mediante el cual Fujimori disolvió el parlamento en 1992.
Desde que asumió la Presidencia provisional en noviembre, Paniagua cesó a 82 altos jefes militares. Otros 400 de menor rango se libraron de la destitución porque eso habría hecho inviable el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, según la explicación del gobierno.
El presidente de la Comisión de Defensa del Congreso legislativo, general retirado Marciano Rengifo, confirmó que se estudian varios proyectos de ley para reformar la estructura, la dimensión y el funcionamiento interno de las Fuerzas Armadas.
Algunas iniciativas prevén la reducción de los casi 180.000 integrantes actuales de las Fuerzas Armadas a unos 75.000, de los cuales 50.000 corresponderían al ejército. La reducción del número de oficiales sería proporcional.
«Las Fuerzas Armadas están sobredimensionadas porque estaban estructuradas en base a dos hipótesis de guerra, una de carácter defensivo en relación con Chile y otra ofensiva, dirigida a Ecuador», dijo Carlos Tapia, sociólogo y ex parlamentario izquierdista.
Con ambos países «había problemas limítrofes pendientes que ya fueron resueltos», recordó Tapia, un civil considerado experto en asuntos militares.
El ex parlamentario consideró urgente modernizar al ejército, pero admitió que, «por su alto costo, no será posible tener una tropa (completamente) profesional, como sería deseable».
«La solución adecuada es una fórmula intermedia, con una proporción de soldados conscriptos y un núcleo profesional, y dotarlo de tecnología sofisticada», concluyó.
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