La huelga agraria por tiempo indeterminado comenzada hoy en Perú desbordó el límite pacífico prometido por los dirigentes y tras el bloqueo de caminos en distintos puntos del país se sucedieron enfrentamientos con la policía.
Los huelguistas exigen mejoras crediticias y medidas de protección para los productos agropecuarios y se manifiestan contra la privatización del sistema de agua para riego.
Los campesinos pusieron énfasis en señalar que «la crisis agraria no puede esperar» hasta el 28 de julio, cuando asuma el gobierno que resulte elegido en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 3 de junio.
«Hemos realizado ocho paros campesinos contra el gobierno autoritario de Alberto Fujimori (1990-2000), porque la agricultura fue abandonada y su política obligó a los campesinos a subsidiar a los consumidores urbanos», afirmó Julio Cantalicio, presidente de la Confederación Nacional Agraria.
«No esperamos que el gobierno provisional de Valentín Paniagua adopte decisiones a largo y mediano plazo, pero debe resolver los problemas urgentes», explicó.
Por su parte, Pedro Morales, del departamento de prensa del Ministerio de Agricultura, respondió que «las organizaciones campesinas quieren aprovechar el momento electoral para forzar al presidente Paniagua a adoptar medidas que comprometan al próximo gobierno, dentro de la lógica de los hechos consumados».
Dirigentes campesinos aseguraron este martes que la huelga es acatada por «los 1,7 millones de productores asociados a las organizaciones de base», aunque aún no existen reportes oficiales sobre la cantidad de manifestantes concentrados en las principales ciudades del país y en los cortes de ruta.
En Huancayo, ciudad de la sierra central, el Jurado Nacional de Elecciones debió trasladarse al aeropuerto de Jauja en un helicóptero del ejército para retornar a Lima, debido al bloque de carreteras.
También cortaron rutas y quemaron neumáticos los productores de coca de San Martín, en la selva de la región centronorte, los campesinos de las zonas costeras de Casma y Trujillo, a 300 y 700 kilómetros de Lima, y en Arequipa, en la sierra sur a 1.100 kilómetros de la capital.
La huelga por tiempo indeterminado había sido anunciada en marzo como una protesta de los campesinos del departamento de Lima contra el decreto de Paniagua que transfirió a la empresa estatal Sedapal la fijación y cobro de las tarifas de aguas para riego de la cuenca del río Rimac.
Los dirigentes agrarios del río Rimac entienden que es el paso previo «a la privatización del sistema», que funciona como propiedad social controlada por juntas campesinas.
Sedapal es una de las empresas cuya transferencia al sector privado se discute en la actualidad en el gobierno.
Tras esa primera demanda para convocar a la protesta se agregaron la de otras organizaciones sindicales o regionales de campesinos, que complicaron las negociaciones iniciadas con el ministro de Agricultura, Carlos Amat y León.
El funcionario es acusado por Reynaldo Trinidad, editor de la revista Agro Noticias, de «favorecer a los importadores con una política nefasta para los productores de arroz, azúcar, maíz amarillo duro, productos lácteos y carnes».
Trinidad también señala que Amat y León no puso en práctica el acuerdo logrado en enero entre los campesinos y el presidente Paniagua, el cual establece que las Fuerzas Armadas, las cárceles y los hospitales públicos sean abastecidos sólo con productos alimenticios locales.
Además, la Confederación Nacional Agraria (CNA) exige la finalización del proceso de titulación de las tierras entregadas a los campesinos en el marco de la reforma agraria que inició en 1969 el gobierno militar izquierdista del general Juan Velasco Alvarado.
Cantalicio sostiene que «ex propietarios afectados por la reforma agraria, o sus descendientes, preparan una ofensiva judicial para revertir la distribución de las tierras», y demanda que esa iniciativa sea conjurada mediante la titulación definitiva.
La CNA, la Sociedad Ganadera y la Asociación de Fondos Lecheros reclaman también un «programa de rescate financiero», para resolver el problema de los campesinos que no pueden pagar sus créditos bancarios.
El día 18 concluyeron sin éxito las negociaciones entre la Asociación de Bancos y los dirigentes de la CNA, desarrolladas con el propósito de detener la ejecución de las garantías y el remate de las tierras de los acreedores agrarios morosos.
«El gobierno anterior (de Fujimori) y el actual no han hecho nada efectivo a favor de los 5.380 campesinos que no han podido pagar sus deudas a los bancos, entidades que ya han puesto en remate algunos predios. Afortunadamente, ningún inversionista se ha animado hasta ahora a tratar de comprarlas», dijo Cantalicio.
Por su parte, las asociaciones de productores de arroz y de algodón adhirieron a la huelga, sumando su demanda de protección arancelaria «contra la importación a precios de dumping (más bajos que el costo)».
«El gobierno de Paniagua mantiene la política nefasta de su antecesor, el fugitivo Fujimori (destituido en noviembre por el Congreso), quién abrió el mercado nacional a la importación irrestricta y a precios de dumping», afirmó Jaime Rendón, arrocero del valle de Camaná, en la costa sur.
A su vez, el gerente de la Empresa de Mercados Mayoristas, César Aza, declaró este martes a una radio local que el comienzo de la huelga no provocó aún aumentos de precios en los productos agropecuarios.
Sin embargo, advirtió que, «si el corte de carreteras se mantiene por algunos días más, los precios se dispararán por el desnivel entre la oferta y la demanda». (FIN/IPS/al/dm/if ip/01
