La ausencia del secretario del Tesoro de Estados Unidos de una reunión en París de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), subrayó esta semana las discrepancias de Washington ante la Unión Europea (UE) respecto de los llamados paraísos fiscales.
Esas discrepancias se relacionan con la Iniciativa contra la Competencia Impositiva Perjudicial de la OCDE, que busca armonizar políticas nacionales en materia de impuestos para reducir la evasión de los mismos y la volatilidad del flujo de capitales, así como combatir el lavado de dinero.
La OCDE, integrada por naciones industrializadas, había amenazado con sanciones a partir de julio a los 35 países y territorios que define como paraísos fiscales, si no cooperaban con ese esfuerzo de armonización y mantenían su amparo a extranjeros que depositan fondos en ellos para evadir impuestos.
La OCDE define a los paraísos fiscales como «jurisdicciones en las cuales los impuestos no existen o son simbólicos, no existen transparencia e intercambio efectivo de información con otros países, y no se se pregunta qué actividades económicas sustanciales justifican el ingreso de capitales».
Estados Unidos apoyó la iniciativa de la OCDE sobre paraísos fiscales durante el gobierno de Bill Clinton (1993-enero 2001), del Partido Demócrata, cuyo sucesor, George W. Bush, del Partido Republicano, decidió la semana pasada retirar el respaldo de Washington al proyecto.
La decisión estadounidense, anunciada por O'Neill, se basó en la defensa del libre mercado y los bajos impuestos, el rechazo a normas impositivas mundiales y la tesis de que las diferencias nacionales en la materia estimulan la eficiencia económica, según posiciones sostenidas por influyentes sectores republicanos.
Representantes de esos sectores sostuvieron en una carta al secretario del Tesoro que la iniciativa de la OCDE era «equivocada y e inconsistente con los principios sobre el mercado que compartimos».
Otras cartas en las cuales se sostiene que los bajos impuestos son el principal impulso a la properidad, firmadas por los senadores republicanos de extrema derecha Jesse Helms y Judd Gregg, comenzaron a circular en Washington poco después de que Bush asumió la presidencia en febrero.
O'Neill expresó la semana pasada que la OCDE debería limitarse a proponer acuerdos internacionales de intercambio de información para identificar a evasores de impuestos, en vez de tratar de imponer normas a otros países mediante la amenaza de sanciones.
El secretario del Tesoro señaló esta semana su preocupación por «las nociones de que los bajos impuestos son por naturaleza cuestionables y de que un país o un grupo de países podrían interferir en las decisiones de otra nación sobre su propio sistema impositivo».
Los paraísos fiscales reivindican la legitimidad de sus normas impositivas y financieras, y han sostenido que las regulaciones en la materia deben ser adoptadas en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, no mediante presiones de la OCDE sobre naciones pequeñas.
Muchos de los 35 países y territorios a cuyas actividades quiere poner coto la UE son pequeñas islas con escasez de población y de recursos naturales, ex colonias de naciones ricas.
La lista de paraísos fiscales definida por la OCDE en julio de 2000 incluye a notorios centros financieros como Bahamas, Bermudas, Chipre, Islas Caimán, San Marino y las islas británicas de Guernsey, Jersey y Man, las dos primeras en el Canal de la Mancha y la tercera en el Mar de Irlanda.
Poderosos integrantes de la UE alegan que la lucha contra la volatilidad de los capitales y el lavado de dinero debe tener prioridad sobre la defensa de vagos principios de libre competencia.
El ministro de Finanzas de Francia, Laurent Fabius, instó a Washington a mantener su apoyo a esa lucha, y afirmó que «el dinero lavado en paraísos fiscales proviene de la prostitución, el narcotráfico y otros negocios ilegales», en declaraciones publicadas el miércoles por el diario francés Le Monde.
«Hasta ahora, los sucesivos gobiernos de Francia y Estados Unidos se habían mantenido en primera fila en el combate contra el lavado de dinero. Sería una pena que Washington abandonara ese combate», agregó.
Fuentes diplomáticas y financieras de París aseguraron que Fabius expresó la posición de toda la UE.
Se esperaba que O'Neill discutiera el asunto esta semana en París, durante un encuentro con los demás ministros de Finanzas de la OCDE, pero el estadounidense no asistió a la reunión.
La OCDE ha tratado durante los dos últimos años de establecer normas internacionales que reduzcan la competencia por atraer capitales mediante ventajas impositivas entre sus integrantes y los paraísos fiscales, pero las negociaciones en la materia no han producido avances.
Los países del Caribe se oponen a la iniciativa, ya que en esa región hay importantes paraísos fiscales, y buscaron apoyo de naciones latinoamericanas en abril, durante la Cumbre de las Américas realizada en la ciudad sudoriental canadiense de Toronto.
Fuentes de la OCDE sostuvieron, sin embargo, que los mayores países latinoamericanos apoyan la Iniciativa contra la Competencia Impositiva Perjudicial.
Argentina y Mexico pierden «miles de millones de dólares de ingresos por impuestos cada año», debido a la evasión amparada por paraísos fiscales, afirmó el subsecretario general de la OCDE, Shelton Colby.
«Las mayores firmas estadounidenses evaden impuestos mediante cuentas en paraísos fiscales», y presionan a Washington para que se oponga a la iniciativa de la OCDE, aseguró un especialista europeo en finanzas que no quiso ser identificado.
Cada año se lava en el mundo casi un billón de dólares, calculó.
Esa estimación fue considerada «realista» por François Chesnais, profesor de Economía de la universidad de Villetaneuse, cercana a París.
Sin embargo, «una parte sustancial» del lavado de dinero no se realiza en los paraísos fiscalds, sino en otros países de Europa y en Estados Unidos, dijo Chesnais a IPS. (FIN/IPS/tra- eng/jg/mn/if/01
