La corrupción en Colombia, que cuesta cada año casi uno por ciento del producto interno bruto, no sólo merma la inversión en desarrollo sino que afecta el comportamiento de la sociedad, dijeron funcionarios y expertos.
El vicepresidente Gustavo Bell, coordinador de la política anticorrupción del gobierno, dijo a IPS que el costo para el país de esa práctica irregular es escandaloso y uno de los principales factores para el debilitamiento de la democracia.
Por su parte, el contralor general de la República (fiscal de cuentas del Estado), Carlos Ossa, asegura que entre los colombianos está enraizada la idea de que «robarle al Estado no es delito y, por lo tanto, ese proceder no tiene sanción social».
También el alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, advirtió que los colombianos no parecen dispuestos «a aceptar sistemas reguladores comunes».
Ossa dijo que esa actitud está presente entre los sectores de mayor poder económico, que admiran a quienes evaden impuestos, «pasando por los dirigentes políticos que manejan entidades para beneficio propio», y hasta entre los más pobres, que «se avergüenzan cuando no son suficientemente hábiles para no pagar tributos».
«Las venas rotas de las finanzas públicas abundan y están vinculadas a las contrataciones del Estado, la banca, las compras de tierras, el cobro de impuestos y la seguridad social», afirmó Ossa en un informe de la revista Economía Colombiana, que publica la Contraloría General de la República.
En opinión del vicepresidente Bell, «la desviación del dinero público causa un daño grave a la asignación de recursos en áreas prioritarias para el desarrollo del país», en especial para la atención de los grupos más necesitados y vulnerables de la sociedad».
Estadísticas del estatal Departamento Nacional de Planeación (DNP) indican que los costos directos ocasionados al Estado por la corrupción suman unos 2.200 millones de dólares, más que la ayuda prometida por Estados Unidos para los proyectos sociales contenidos en el Plan Colombia, de lucha antidrogas y desarrollo.
A su vez, el Fondo Monetario Internacional calcula que Colombia pierde 500 millones de dólares, sólo por concepción de evasión de impuestos, mientras que otros 600 millones de dólares se gastan en el pago de demandas por irregularidades cometidas por funcionarios.
Para el procurador general (fiscal administrativo de los organismos del estado), Edgardo Maya, la corrupción «va a la cabeza de los grandes males del país y causa mayores daños que la subversión».
Maya opinó que «hay casos de extrema gravedad en el sector eléctrico, en la construcción del tren metropolitano de Medellín (que finalizó en 1996 en esa ciudad del noreste), en la banca pública y en los procesos de privatización de los puertos», por señalar algunos de los más graves de los últimos años.
La Contraloría sigue 300 procesos fiscales por casos de malversación de fondos públicos, que ascienden a cerca de 300 millones de dólares, y la Procuraduría investiga irregularidades de funcionarios por contrataciones cercanas a los 500 millones de dólares.
Además, el mal manejo de los responsables de la banca oficial en los últimos 10 años llevó a la quiebra a la Caja Agraria, el Banco del Estado, el Banco Central Hipotecario y el Banco Cafetero, entidades en las que los recursos se manejaban como «caja menor de sus directivos», según la Contraloría.
El descalabro financiero de estas cuatro entidades lo están pagando la población colombiana desde 1999, a través de un impuesto que inicialmente fue de dos por 1000 y a partir de enero es de tres por mil para todas las operaciones bancarias que realicen.
Sólo se salvan del tributo las personas con ingresos por debajo del salario mínimo, que equivale a unos 135 dólares mensuales.
El senador Rafael Orduz, independiente de oposición, dijo a IPS que «en Colombia hay medios y leyes para evitar la corrupción», pero fallan los mecanismos de control, por lo cual hay que poner a funcionar el papel de la ciudadanía para ejercer veeduría en los procesos».
En tanto, el fiscal general de Colombia, Alfonso Gómez, entiende que la cuestión de la corrupción «debe ser sacado del debate de coyuntura» y mirarlo desde un ángulo más general, pues, aunque hay una parte que tiene que ver con lo penal, hay otra que está relacionada con el sistema político.
Gómez agregó que un estatuto de oposición, que garantice el ejercicio del control político, podría contribuir a combatir más eficazmente el problema de la corrupción.
El problema es de tal magnitud que en último informe de la organización no gubernamental Transparencia Internacional, divulgado en febrero de 2000, Colombia ocupa el séptimo lugar en el mundo y el segundo en América Latina, después de Paraguay.
Rosa Ospina, directora ejecutiva de Transparencia en Colombia, reveló a IPS que, al igual que en otros países, los mayores casos de corrupción se han registrado en las contrataciones para la construcción de obras públicas. El sector financiero es el que aparece con una situación menos crítica'
«Sin embargo, todos los demás sectores aparecen con un porcentaje por encima de 50 de riesgo», dijo la funcionaria.
Según el informe Progreso Económico y Social en América Latina, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, más de 80 por ciento de los ciudadanos de América Latina considera que la corrupción es el principal problema en sus naciones y que el fenómeno tiende a empeorar.
El mismo estudio indica que los países de la región son los que tienen más bajo control para evitar la corrupción, seguido únicamente por Africa, que se encuentran en último lugar. (FIN/IPS/yf/dm/dv/ip
