El presidente de Chile, Ricardo Lagos, lamentó hoy en su mensaje ante el Congreso la muerte de 26 reclusos en un motín carcelario y señaló que ese hecho obliga a acelerar los planes para terminar con el hacinamiento en las prisiones.
«Es una tragedia que nos ensombrece a todos», dijo Lagos a propósito del amotinamiento iniciado el domingo por la noche en la cárcel del puerto de Iquique, 1.800 kilómetros al norte de Santiago, y que derivó en el incendio de parte del penal construido en 1981.
Las llamas fueron encendidas por los propios internos protagonistas del motín, controlado a las dos de la madrugada (06:00 GMT) de este lunes y que dejó un resultado de 26 presos muertos y un centenar de heridos, además de dos carceleros con lesiones menores.
Este es el mayor disturbio carcelario registrado en Chile en términos de muertos y el segundo en menos de un año, luego de que el 11 de diciembre fallecieran siete presos en el penal de San Miguel (sector centro-sur de Santiago) en una reyerta entre grupos rivales seguida por un incendio intencional.
Lagos, en su mensaje anual ante los senadores y diputados en la sede del Congreso legislativo en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago, recordó que la cárcel de Iquique alberga a 1.500 reclusos, pese a que su capacidad es para 1.000 internos.
La tragedia de Iquique es una invocación a actuar con mayor celeridad en los programas para construir 10 nuevos penales en Chile y doblar la actual superficie de instalaciones carcelarias, añadió el presidente.
Por orden de Lagos, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, y el director del Servicio de Gendarmería, Hugo Espinoza, viajaron en las primeras horas de este lunes a Iquique para dirigir personalmente una investigación sumaria y aclarar el origen del motín.
Unos 1.700 familiares de los presos se agolparon desde la madrugada en las afueras del penal hasta escuchar en horas de la mañana el informe oficial con la nómina de los 26 muertos, entregado por una asistente social de Gendarmería, entidad dependiente del Ministerio de Justicia a cargo de los penales.
La mayoría de los muertos eran jóvenes y «reos primerizos», como se denomina a quienes no tienen anteriores penas de reclusión en su expediente.
El intendente de la región de Tarapacá, Patricio Zapata, confirmó que la tragedia comenzó cuando 32 presos se amotinaron, reuniéndose en uno de los pabellones de la cárcel y bloqueando los ventanales con colchonetas y otros implementos.
Informes extraoficiales indicaron que los presos se declararon en rebeldía y se reunieron para rendir homenaje a una reclusa identificada como Jeanete Soto, que se prendió fuego en la cárcel de Arica, ubicada 250 kilómetros al norte de Iquique, y que falleció el viernes pasado tras agonizar 25 días.
La mujer, de 24 años, estaba presa en Iquique y fue trasladada a Arica como medida disciplinaria por haber participado el año pasado en una huelga de hambre.
Su decisión de quemarse respondió a que se le impidió entrevistarse con su hermano, también recluido en Arica, según informes no oficiales.
El fuego en la cárcel de Iquique habría comenzado cuando uno de los reclusos intentó autoinmolarse, imitando a Jeanete Soto, o bien cuando el mismo recluso encendió ropas y otros materiales.
Las llamas, que alcanzaron a otros cinco pabellones de la sección masculina del penal, fueron controladas antes de llegar a las celdas de mujeres y menores.
Algunos de los 26 presos murieron calcinados y «otros víctimas de cuchilladas», según el diario electrónico El Mostrador.
El subdirector del Servicio Médico Legal, Salvatore Maisto, viajó a Iquique con el ministro Guzmán y Espinoza, para dirigir los trabajos de los médicos forenses y precisar la causa de muerte de cada uno de los 26 presos.
El amotinamiento de los reclusos de Iquique pudo ser motivado igualmente porque los tribunales de la ciudad acogieron favorablemente la semana pasada sólo 150 de 400 peticiones de libertad provisional, señaló el diario El Mercurio.
En la sobrepoblada cárcel de Iquique, 80 por ciento de los reclusos cumplen condenas de presidio por delitos vinculados al narcotráfico.
Iquique es el centro portuario de mayor crecimiento económico en el norte de Chile durante las dos últimas décadas, gracias a la zona franca comercial creada allí por la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
El atractivo comercial y turístico de Iquique da lugar a una intensa actividad ilegal de tráfico de drogas, sobre todo de cocaína procedente de los cercanos territorios de Perú y Bolivia.
La delincuencia asociada a la droga agrava en los casos de Arica e Iquique el hacinamiento carcelario, que crece en Chile a un ritmo anual de 10 por ciento, según el ministro Guzmán.
En este país existen 96 recintos penitenciarios con una capacidad total de 23.305 reclusos, pero en la actualidad albergan a 33.494, lo cual deriva en un déficit del orden de 40 por ciento.
Existe, igualmente, un déficit de 3.500 gendarmes (vigilantes carcelarios), pese a que su dotación se aumentó en los últimos años de 5.000 a 8.000 efectivos.
Durante el gobierno de Eduardo Frei (1994-2000) comenzó un vasto plan de construcción de nuevos penales, que incluye concesiones a privados.
En la actualidad se levantan tres nuevas cárceles en ciudades del centro y del extremo sur del país, y en breve debe comenzar la construcción de otras siete, que incluye un nuevo penal en Arica. (FIN/IPS/ggr/dm/hd/01
