El presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, prefirió mantener su gobierno bajo fuerte sospecha de corrupción, al impedir una investigación sobre presuntas irregularidades en la administración pública.
La liberación de recursos del presupuesto para proyectos de interés de los diputados, una especie de soborno tradicional en la política brasileña, fue empleada por el gobierno para evitar la instalación de una comisión parlamentaria de investigación, según afirma la prensa local.
Este mes fueron liberados del presupuesto nacional más de 60 millones de reales (27 millones de dólares), más del triple de lo aplicado en los tres primeros meses del año, atendiendo a enmiendas presentadas por parlamentarios.
Ese monto contradice la afirmación del propio Cardoso de que se cumple normalmente con la disposición presupuestal. El gobierno traba desde 1999 la liberación de recursos para cumplir el ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional.
La oposición había logrado las firmas de 183 diputados y de 29 senadores, más de las 171 y 27, respectivamente, necesarias para crear la comisión que debía investigar presuntas irregularidades con dinero del Estado.
Sin embargo, una ofensiva del gobierno hizo que 20 diputados del oficialismo cambiaran de opinión minutos antes de que la Comisión fuese instalada, el jueves por la noche.
Esa maniobra frustró la intención de los parlamentarios opositores y también de la opinión pública, en su mayoría favorable a la investigación, según las encuestas.
Pero «en la práctica», ese desenlace puede ser positivo para el combate efectivo contra la corrupción, dijo a IPS el presidente de Transparencia Brasil, Eduardo Capobianco, empresario del sector de construcción.
El gobierno asumió «mayor responsabilidad para reducir las prácticas corruptas», porque dañó su propia imagen al bloquear la comisión investigadora y sólo podrá recuperarla con «medidas efectivas y convincentes, con resultados», evaluó Capobianco.
Es preferible la adopción de «medidas preventivas eficaces» en lugar de «la retórica, inevitable en la comisión parlamentaria», explicó el dirigente de la organización creada el año pasado y vinculada a Transparencia Internacional, grupo que hace un seguimiento del nivel de corrupción en decenas de países.
Una encuesta realizada en abril por Transparencia Brasil señaló que 51 por ciento de los consultados creen que la corrupción aumentó en el gobierno central en los dos últimos años.
Además, 37 por ciento opinó que «aumentó mucho», 14 por ciento dijo que fue «poco», mientras que 34 por ciento consideró que no hubo alteración de los niveles anteriores.
Capobianco entiende que la consulta fue importante, porque reveló un deterioro de la imagen gubernamental y el «malestar de la población, que contribuye a la baja autoestima y al mayor pesimismo» respecto del país y de su futuro.
También mostró la percepción de un mayor aumento de la corrupción en el gobierno central, además de indicar que la población enfrenta en su vida cotidiana esos problemas, como extorsiones y sobornos, de parte de los gobiernos estaduales y locales a través de servicios, como los municipales o policiales.
La obstrucción de la comisión investigadora, sin embargo, deberá tener otras consecuencias políticas, además de agravar las sospechas de que el gobierno tiene algo para ocultar, ya que empleó fuerzas inusuales en este caso.
El diputado Agnelo Queiroz, del Partido Comunista, denunció al presidente Cardoso ante el Ministerio Público, acusándolo de usar recursos presupuestarios con fines políticos.
Queiroz apuntó que eso se comprueba al ver que los favorecidos con esos recursos son parlamentarios que retiraron sus firmas.
La «operación de guerra» fue iniciada el miércoles por Cardoso, con una sorpresiva reunión ministerial y la movilización de ministros y líderes partidarios.
El ministro de Trabajo, Francisco Dornelles, renunció al cargo para recuperar la banca de la Cámara de Diputados, ya que quien lo suplantaba había firmado el pedido de instalación de la comisión investigadora.
El mandatario asumió personalmente la coordinación de los esfuerzos, acusando a la oposición de pretender la investigación sólo como un espectáculo electoral, en vista de los comicios de octubre de 2002.
Otro argumento es que una comisión parlamentaria investigadora en este momento afectaría la gobernabilidad, desviando la acción del Congreso Nacional de sus tareas legislativas.
Pero la necesidad de una «limpieza» en el gobierno es alimentada por otros hechos.
El martes renunció Fernando Bezerra de su cargo de ministro de Integración Nacional, tras la divulgación de sospechas de que utilizó la cartera para favorecer a una empresa de la cual era socio anteriormente y que hoy tiene a sus hijos como accionistas.
Con anterioridad, el presidente Cardoso eliminó dos organismos de fomento al desarrollo de regiones pobres de nordeste y norte, al comprobarse numerosas irregularidades y desviación de fondos.
Además de esos problemas, el gobierno afronta una severa crisis energética, que exigirá una fuerte reducción del suministro de electricidad en las regiones más pobladas del país.
Las autoridades reconocen que la economía crecerá menos de cuatro por ciento esperado este año, dificultando más aún una recuperación de la popularidad de Cardoso, muy baja desde comienzos de 1999. (FIN/IPS/mo/dm/ip/01
