Una oleada de huelgas por aumentos de salarios en Indonesia recibe como respuesta frecuentes ataques contra trabajadores en conflicto, que incluyen asesinatos, sin que las autoridades hayan identificado a los responsables.
Uno de esos incidentes ocurrió en la madrugada del 30 de marzo, cuando cientos de huelguistas de la fábrica de tapicería para automóviles PT Kadera fueron atacados mientras dormían por unos 500 hombres llegados en autobuses y armados con machetes, espadas de samurai y explosivos.
Los trabajadores, que estaban en el undécimo día de huelga, lanzaron agua con mangueras de alta presión contra los atacantes, quienes huyeron tras lanzar explosivos que causaron la muerte del huelguista Kimun Effendi, de 21 años, e hirieron a 11.
Hasta ahora las autoridades no han arrestado a sospechosos de haber participado en el ataque, realizado mientras la fábrica, ubicada al este de Yakarta, era vigilada por policías en dos camiones estacionados en su exterior, y por militares en otros dos camiones estacionados en su interior.
Los huelguistas aseguraron que sus atacantes vestían de civil pero emplearon equipo militar.
El régimen autoritario de Ali Suharto (1966-1998) desconoció en forma sistemática los derechos de los trabajadores y reprimió a los sindicalistas. En la actualidad, las compañías continúan esas prácticas, y quienes se atreven a lanzar una huelga corren graves riesgos, según activistas.
«Lo que ocurrió en Kadera fue uno de muchos casos de represión contra huelguistas por parte de firmas privadas», aseguró la presidenta del Frente Nacional por la Unidad de los Trabajadores Indonesios, Dita Indah Sari.
«Hemos luchado durante años por la libertad de asociación, que en la actualidad rige sólo en el papel. No sabemos cuántos años más deberemos luchar antes de que esa libertad sea efectiva», añadió.
El país ratificó el convenio laboral internacional que establece la libertad de asociación sindical, pero en los hechos las compañías despiden a dirigentes y afiliados a sindicatos o rebajan su categoría laboral, y eso causa temor de crear organizaciones sindicales o afiliarse a ellas.
«Nunca permitiré que los trabajadores de mi firma formen un sindicato, porque las agendas sindicales consisten en huelgas en primer lugar, huelgas en segundo lugar y huelgas en tercer lugar», dijo un hombre de negocios de la capital.
Hay numerosos indicios de que algunos propietarios y ejecutivos de compañías conspiran con integrantes de fuerzas de seguridad, funcionarios administrativos y matones para reprimir a trabajadores en huelga.
Observadores afirman que en casi todos los casos de huelga policías y militares participan en represión antisindical.
Los gerentes de Kadera, 90 por ciento de cuyas acciones son propiedad de una firma de inversiones japonesa, presentaron al Ministerio de Mano de Obra y Migraciones un pedido de autorización para despedir a los trabajadores huelguistas de la fábrica.
El régimen de Suharto «buscaba atraer inversiones extranjeras mediante el mantenimiento de salarios bajos y el empleo de militares para intimidar a los trabajadores descontentos», señaló Muchtar Pakpahan, presidente de la Asociación Laboral para la Prosperidad de Indonesia.
«Ahora el mismo papel represivo es desempeñado por hombres de negocios, policías, burócratas y matones», agregó.
Las autoridades aumentan el salario mínimo regional cada seis meses, pero el poder de compra de los trabajadores ha disminuido, en especial desde la crisis financiera de 1997, debido al aumento de precios de alimentos, combustibles, agua, electricidad y teléfonos.
Los huelguistas de Kadera pedían un aumento de salario de 100 por ciento.
El salario mínimo regional es en la actualidad unos 40 dólares por mes, pero muchas compañías pagan menos.
«Lo que ganamos ni siquiera alcanza para nuestras necesidades más básicas», dijo Hesti, trabajador en una fábrica de vestimenta, cuyo salario es 33 dólares por mes.
Casi todos los días comienzan huelgas por aumentos de sueldo en Yakarta, y hubo una incluso en el hotel de cinco estrellas Shangri- La, cuyos administradores despidieron a los 500 trabajadores que estaban en conflicto.
La mayoría de los 273 conflictos laborales registrados el año pasado se produjeron por demandas de salario.
La oleada de huelgas y protestas, a menudo acompañadas por violencia e incluso asesinatos, ha llevado a que propietarios de varias fábricas, en especial de calzados, textiles, juguetes y productos electrónicos, advirtieran que estudian trasladar su producción a China, India, Malasia, Tailandia o Vietnam, donde sostienen que los trabajadores son «serviciales y sumisos».
«Ninguno de ellos ha cumplido sus amenazas. La verdad es que sólo tratan de lograr más concesiones del gobierno, y usan a los trabajadores como chivos expiatorios», alegó Sari.
Sin embargo, expertos afirman que muchas leyes laborales del país no contemplan en forma adecuada los intereses de las compañías, y que el constante aumento de las tarifas de electricidad y otros servicios públicos encarece la actividad de las industrias.
En los últimos seis meses, la tarifa básica de energía eléctrica aumentó 80 por ciento y el precio del combustible se incrementó en dos ocasiones, en el marco de un programa de reformas acordado por el gobierno con instituciones financieras internacionales, a cambio de préstamos.
El ministro de Mano de Obra y Migraciones, Al-Hilal Hamdi, recibió órdenes de revisar distintas normas que se consideran perjudiciales para las compañías.
Los empresarios desean en especial que se reconsidere un decreto dictado el año pasado por ese ministerio, que los obliga a pagar diversas compensaciones a quienes quedan sin empleo y beneficia incluso a despedidos por incompetencia o actos delictivos.
Ese decreto, dictado por el ex ministro Bomer Pasaribu, sustituyó a otro de 1996, para evitar que la crisis económica causara un aumento del desempleo por despidos. El actual ministro prometió establecer normas «más amigables para los inversores».
La vicepresidenta Megawati Sukarnoputri criticó en febrero las huelgas, con el argumento de que crean inestabilidad y crean un clima poco favorable a las inversiones.
Dos días después, el ministro coordinador de Asuntos Políticos, Sociales y de Seguridad, teniente general retirado Susilo Bambang Yudhoyono, convocó a los comandantes militares y jefes de policía regionales de todo el país para discutir cómo fortalecer su actuación en casos de huelga. (FIN/IPS/tra-eng/rd/ccb/js/mp/lb hd/01
