El aporte de unos 300 millones de dólares de la Unión Europea (UE) para programas sociales en Colombia es una «señal alentadora» para la construcción de la paz, que deberá ser acompañada de una política humanitaria efectiva, señalan expertos.
La UE condicionó su ayuda a que se vuelque en la reconstrucción social de la población afectada por el conflicto armado interno y a que continúe el proceso de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las guerrillas izquierdistas.
El anuncio fue hecho en la tercera mesa de donantes para el desarrollo social en el marco del Plan Colombia, de lucha antidrogas, realizada el lunes en Bruselas y que convocó a representantes colombianos, del bloque europeo, de otros países y de organismos multilaterales.
El Plan Colombia, definido por Pastrana como «una estrategia para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado», tiene 7.500 millones de dólares de costo, 4.000 millones de ellos a cargo del gobierno y el resto del exterior.
Estados Unidos ya aprobó 1.300 millones de dólares para contribuir al plan en lo que refiere a la lucha antinarcóticos, cuyo epicentro es el sudeste de Colombia, una región con gran presencia de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que se oponen al proyecto.
Los países aportantes pidieron al gobierno de Pastrana acciones efectivas contra las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y a los actores del conflicto el compromiso de que las tratativas de paz deriven en la inmediata disminución de las violaciones de los derechos humanos.
El comisario de Relaciones Exteriores de la UE, Christopher Patten, afirmó que la ayuda estará orientada a la instalación de los llamados «laboratorios de paz» y a promover programas de defensa y promoción de los derechos humanos y de ayuda a las víctimas del conflicto armado.
Los laboratorios de paz propuestos por Pastrana se implementarán en la zona del curso medio del río Magdalena, al noroeste de Bogotá, afectada por enfrentamientos entre el ejército, las guerrillas y las derechistas AUC, y también en el sur del país, epicentro de la ejecución del Plan Colombia.
Ligia Galvis, analista de la estatal Universidad Nacional, dijo a IPS que es clave para el futuro del país que «los condicionamientos de la UE para entregar sus aportes se cumplan y que el dinero se oriente a consolidar un verdadero proceso de paz».
No obstante, Galvis advirtió que las violaciones de los derechos humanos y el accionar de las AUC, calificados el lunes por Estados Unidos de «organizaciones terroristas», se constituye en un «cuello de botella» para el objetivo de las negociaciones de paz.
«Las promesas son alentadoras y lo que hay que mirar y estar pendiente es cómo se van a cumplir las condiciones», para que el destino de esos aportes «verdaderamente sea para construir la paz y el respeto de los derechos humanos», indicó.
Por su parte, Ricardo Vargas, del grupo no gubernamental Acción Andina, teme que la ayuda del bloque europeo para proyectos sociales se «disperse» y no cumpla con sus objetivos, debido a las debilidades que presentan las comunidades campesinas receptoras.
El activista de Acción Andina, que estudia la problemática del narcotráfico en los países andinos, explicó a IPS que las áreas receptoras de la cooperación «no han logrado articular proyectos alternativos» al Plan Colombia, «que centra su estrategia en la lucha antinarcóticos con asistencia de Estados Unidos».
Vargas apuntó que las comunidades indígenas del departamento de Putumayo, en el sudeste, están golpeadas por las fumigaciones de cultivos de coca realizadas por el gobierno en la primera fase del plan.
Además, las autoridades locales «buscan aprovechar los recursos que les ofrecen con fines electorales (financian proyectos de desarrollo a cambio de votos) y en algunos casos (para favorecer a) privados».
El experto opinó que el aporte de la UE va dirigido a «una comunidad fragmentada y atomizada», inmersa en «una subcultura de la inmediatez, del afán por obtener recursos en medio de la crisis económica. En ese sentido el gran sacrificado es el proyecto de largo plazo».
Los grupos no gubernamentales se oponen al Plan Colombia por considerar que es un programa para la guerra, ya que «no se alcanzó a configurar un polo social del sur del país, precisó.
Vargas entiende que se debió agrupar a «las autoridades regionales con la sociedad civil en función de un gran proyecto, que lanzase una señal muy clara a la comunidad internacional» sobre cómo canalizar los recursos de la cooperación.
El Plan Colombia ha sido criticado por cerca de 60 organizaciones no gubernamentales de Colombia, de Estados Unidos y de Europa, pues aseguran que llevará a aumentar las actividades bélicas.
La UE reiteró el lunes en Bruselas que no apoya el componente militar del Plan Colombia y precisó que su aporte será exclusivamente para financiar el proceso que busca poner fin a cerca de cuatro décadas de enfrentamientos armados.
El canciller colombiano Guillermo Fernández detalló que la ayuda del bloque europeo permitirá completar aportes extranjeros por 3.500 millones de dólares que, sumados a los 4.000 millones que ha previsto el gobierno de Pastrana, completan la meta de financiación presupuestada para el Plan. (FIN/IPS/yf/dm/ip/01
