Los familiares de seis chilenos presos en Perú en huelga de hambre hace 14 días pidieron la intervención en su favor del papa Juan Pablo II ante el gobierno peruano de Valentín Paniagua, advirtiendo que su salud está muy quebrantada.
Los 15 familiares de los chilenos condenados durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) por terrorismo y traición a la patria apelaron al «proceso de profundos cambios» que vive Perú para que se cumpla una resolución de la Corte Interamericana de Justicia, que en 1999 pidió un nuevo juicio.
La corte hemisférica consideró que los chilenos Jaime Castillo, Lautaro Mellado, María Concepción Pincheira y Alejandro Astorga no tuvieron las debidas garantías judiciales cuando un tribunal militar especial los condenó a cadena perpetua en 1994.
El mismo tribunal, conformado por los llamados «jueces sin rostro», que actuaban encapuchados en virtud de las normas de contrainsurgencia instauradas por Fujimori, sentenció también a 20 años de cárcel a Alejandro Valdivia y Marcela González Astudillo.
Los seis chilenos fueron detenidos en 1993, luego de que la policía peruana allanara la residencia en que el rebelde Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) mantenía secuestrado a un empresario.
Castillo fue calificado de alto jefe de las estructuras armadas del MRTA en Lima y en el juicio que se les siguió en 1994 se le acusó a él y a los otros tres sentenciados a cadena perpetua de haber dado muerte a otras cinco personas secuestradas por los insurgentes.
Valdivia y González fueron enjuiciados a su vez como colaboradores y cómplices en los secuestros.
El cargo de traición a la patria fue un agravante en el contexto de la acusación y de las penas previstas en las leyes especiales de contrainsurgencia, pese a que ninguno de los seis enjuiciados era peruano.
El pedido de intervención papal fue planteado por los 15 familiares y por el diputado Jaime Naranjo, del Partido Socialista integrante del gobierno chileno, en entrevista con el nuncio apostólico (embajador) del Vaticano en Chile, monseñor Luigi Ventura, a quien entregaron una carta para el pontífice.
«Es muy importante que su Santidad Juan Pablo II haga saber a las autoridades de Perú que él también está preocupado no solamente de la salud de nuestros compatriotas sino también de que se llegue a una solución en este caso», dijo Naranjo.
El diputado agregó que encontraron una acogida muy favorable de parte de Ventura.
En la carta, los familiares denuncian las irregularidades que se cometieron en los procesos contra los chilenos, y piden al papa que interceda por razones humanitarias en favor de ellos, que llevan ocho años sometidos a un riguroso régimen carcelario en el penal de Yanamayo, en la andina provincia de Puno.
«Creemos su Santidad que usted, por su enorme estatura moral, será escuchado por las autoridades peruanas, especialmente ahora que las instituciones del país viven un proceso de profundos cambios», señala la carta firmada por 15 familiares de los presos.
La huelga de hambre tiene como objetivo exigir al actual gobierno provisional peruano que cumpla con un dictamen de la Corte Interamericana de Justicia que ordenó en junio de 1999 el sometimiento de los chilenos a un nuevo juicio, en un tribunal civil.
El entonces presidente Fujimori rechazó el dictamen de la corte interamericana y amenazó con retirar a su país de ese organismo hemisférico, posición que fue revertida en enero de este año por el gobierno de Paniagua.
«Aquí lo importante es salvar la vida de nuestros compatriotas. Sería muy duro y lamentable que ante una posición intransigente del gobierno peruano tengamos el día de mañana que recibir a nuestros compatriotas muertos», dijo Naranjo.
El diputado fue en 1999 uno de los gestores del traslado a Santiago de cinco presos políticos chilenos en Brasil.
Naranjo recordó que Fujimori, cuando gobernaba Perú, advirtió a los familiares de los cuatro chilenos condenados a prisión perpetua que sólo se permitiría la repatriación de sus cadáveres, una vez que fallecieran en la cárcel.
«Yo espero que esa frase tan dura, tan inhumana de parte del entonces presidente de Perú no se haga realidad», comentó el diputado.
El gobierno de transición de Perú afronta grandes dificultades internas y en ese contexto el camino más expedito sería la expulsión de los presos a Chile, opinó Naranjo.
«Ellos no han tenido debido proceso, fueron acusados con pruebas bastante dudosas y han cumplido muchos años de cárcel y, por tanto, pedir la expulsión no es ninguna exageración», señaló Mario Valdivia, hermano de Alejandro Valdivia.
Los familiares anunciaron que en los próximos días realizarán en Chile una serie de acciones a favor de los presos, entre las cuales no descartan una huelga de hambre en Santiago. (FIN/IPS/ggr/mj/hd/01
