Brasil presenta una mancha creciente en su imagen internacional desde que, en 1970, un grafiti en un muro de Ginebra lo identificó como «campeón de fútbol y de la tortura». Un informe de Aministía Internacional confirmó esta semana que las cosas no han cambiado.
El grupo humanitario con sede en Londres divulgó otro estudio el martes, en el que señala la persistencia de torturas practicadas en organismos oficiales, especialmente policiales, sin que se aplique la ley contra este tipo de violencia aprobada hace cuatro años.
Además, Brasil ratificó la Convención internacional contra la Tortura en 1989 y sólo en 2000, con 10 años de retraso, presentó un informe que empezó a ser discutido el martes en el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que trata el asunto, en Ginebra.
Aministía denunció que las torturas son sistemáticamente empleadas por la policía brasileña para forzar confesiones, doblegar a los detenidos y practicar la extorsión.
El informe contiene varios casos, uno de los cuales revela claramente la «eficacia» de los métodos brutales en identificar criminales, incluso cuando no hay delito.
Es el caso de Alexandre de Oliveira, detenido en enero en el estado de Minas Gerais, quien confesó haber violado a su hija de un año de edad. Luego se comprobó que la hemorragia genital de la niña se debió a un tumor y no a violencia sexual.
La verdad, se supo después, y es que la confesión le fue arrancada a De Oliveira a golpes con una barra de hierro y descargas eléctricas, una de las torturas preferidas de la policía brasileña.
Otro informe similar sobre la situación en Brasil, con centenares de casos de agresiones a presos en cárceles y sospechosos en otras dependencias policiales, fue presentado el 11 de abril al Comisión de Derechos Humanos de la ONU por un relator especial del organismo, Nigel Rodley.
El relator detalla 30 recomendaciones al gobierno de Fernando Henrique Cardoso para superar la «cultura de la brutalidad», el trágico cuadro de violencia, hacinamiento y otras violaciones de los derechos humanos que sufren los más de 220.000 presos en Brasil.
El gobierno de Cardoso reconoció, a través del Ministerio de Justicia, la situación degradante en las prisiones y la persistencia de la tortura, pero respondió punto por punto con numerosas medidas adoptadas, principalmente legales.
Además de la ley de 1997, que define y establece penas para quienes practican la tortura, desde 1996 está en marcha un Programa Nacional de Derechos Humanos y desde el año pasado un Plan Nacional de Seguridad Pública, que entre otras cosas busca mejorar la policía.
El hecho de que el gobierno ahora reconoce que se tortura en comisarías y cárceles es un avance, pero el problema es «la distancia entre el discurso y la práctica», señalan los defensores de derechos humanos.
La violencia oficial no se limita al sistema policial y penitenciario, ya que se extiende a los centros de salud mental e instituciones encargadas de recoger y recuperar niños, niñas y adolescentes infractores, dijo a IPS el diputado Marcos Rolim, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
La Comisión hizo en los últimos años inspecciones en esas distintas instituciones, en las que se mantienen personas privadas de libertad, detallando las violaciones sistemáticas.
El estudio reveló que hay centros en que los niños viven en «situación de tortura permanente», semidesnudos, obligados a estar sentados muchas horas y sin conversar, observó Rolim.
En los centros de salud mental aún se emplean choques eléctricos como terapia, que en realidad enferman personas que antes eran mentalmente sanas, según Autregésilo Carrano, víctima de esa práctica que escribió un libro contando su propia experiencia.
Son cerca de 70.000 personas sometidas a tratamientos antihumanos en esas instituciones, denuncia Carrano, cuyo libro sirvió de base a una película, «Bicho de siete cabezas», y quien participa de un movimiento nacional por la extinción de los centros de salud mental.
La tortura dentro de las Fuerzas Armadas es otro blanco del Movimiento Tortura Nunca Más. Es un tema tabú, pero existe y ya hubo por lo menos 11 casos desde 1990, de los cuales cinco resultaron con personas muertas, aseguró Cecilia Coimbra, vicepresidente del movimiento.
Coimbra y otros dirigentes de organizaciones no gubernamentales brasileñas viajaron a Ginebra para acompañar las discusiones sobre el informe del gobierno brasileño en el Comité Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes de la ONU. (FIN/IPS/mo/dm/hd/01
