El asesinato de un productor agropecuario, al parecer relacionado con la invasión de una propiedad, agita el debate sobre el derecho a la tierra en Venezuela, en momentos en que el gobierno concluye la redacción de un proyecto de ley al respecto.
Familiares del hacendado Luis Delgado narraron este martes que éste fue atacado por un grupo que intentó ocupar parte de su propiedad el viernes pasado. También dijeron que previamente había solicitado protección de las autoridades.
Sin embargo, el propio ministro del Interior y Justicia, Luis Miquilena, desmintió esa afirmación y aseguró que la muerte de Delgado ocurrió en el marco de una «riña vecinal».
Las distintas versiones sobre el hecho alimentaron el debate sobre el proyecto de nueva ley de tierras y de la propiedad privada en el sector impulsado por el gobierno.
El presidente Hugo Chávez prometió que este año impulsará una «reforma agraria bolivariana» y para ello cuenta con poderes especiales para legislar en la materia.
Además de la ley de tierras, se espera la aprobación de otros cuatro instrumentos jurídicos denominados de Desarrollo Rural, Crédito para el Sector Agropecuario, Pesca y Acuicultura, y Supresión del Instituto Agrario Nacional.
Chávez advirtió el 21 de marzo que ahora «lo que viene es candanga con burundanga» sobre la propiedad de la tierra, utilizando una expresión local para descalificar las críticas por el otorgamiento en septiembre de poderes especiales para modificar normas sobre el asunto.
El mandatario goza de poderes especiales por segunda vez en los dos años del proceso que denomina revolución bolivariana y que ha desencadenado una serie de grandes transformaciones políticas.
El gobierno del Movimiento V República ha definido a 2001 como el año de la «institucionalización» de la «revolución social bolivariana», y en esa línea se inscriben un conjunto de leyes aún en discusión.
Respecto del problema de la tierra en Venezuela, Chávez aseveró que no se «aceptará que haya grandes propietarios de tierras, que las tengan abandonadas, mientras la mayoría del pueblo no tiene una hectárea».
Antonio González, coordinador del informe anual del no gubernamental Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), confirmó a IPS que «sólo cuatro por ciento de las tierras del país están cultivadas, mientras permanecen sin utilizar 30 millones de hectáreas».
«Alrededor de 70 por ciento de las tierras están en posesión de tres por ciento de los propietarios del sector agrícola», indica la investigación de Provea.
La reforma agraria venezolana, que cumplió cuatro décadas el año pasado, ha sido un fracaso, según el ex presidente del Instituto Agrario Nacional (IAN) Julio Mora.
«La tierra está peor distribuida que hace 40 años», sentenció.
Mora explicó que 72 por ciento de las tierras entregada por el IAN, creado para llevar adelante la reforma agraria, no fueron a los pequeños agricultores y campesinos, que realmente eran los destinatarios de esa política.
En tanto, la Constitución Bolivariana, impulsada por Chávez y que entró en vigor en diciembre de 1999, establece que las leyes deben discutirse ampliamente con sectores de la sociedad.
Sin embargo, en el caso del proyecto de ley de tierras ese debate aún no se ha realizado, pese a que ya está casi listo.
Chávez adelantó en su programa radial «Aló, presidente» que el artículo primero de la ley señala que la misma «tiene por finalidad la transformación de la estructura agraria del país mediante la regulación de la propiedad».
Mientras, el presidente de la Federación de Cámaras Empresariales, Vicente Brito, y su par de la Federación de Agropecuarios, José Manuel González, reclamaron que ya «es tiempo de conocer la ley de tierras».
El proyecto sobre tierras «es el secreto mejor guardado del gobierno», aseguró González, mientras que Brito dijo que es el momento de que el país lo conozca porque genera incertidumbre.
El debate sobre la nueva legislación en preparación va paralelo a una ola de invasiones de tierra. Según datos de las asociaciones de propietarios, más de 100 haciendas fueron ocupadas en Venezuela el año pasado.
Brito sostuvo que las invasiones han sido instigadas por el discurso de Chávez, quien ha pedido a las fuerzas policiales que no actúen con violencia en estos casos.
El ministro Miquilena, considerado el más cercano colaborador del mandatario, suscribió una declaración hace dos semanas en la cual confirmó el compromiso oficial de resguardar las propiedades y pidió «paciencia a los campesinos».
En tanto, un estudio del académico Olivier Delahaye demuestra que las invasiones comenzaron cuando «los campesinos vieron una posibilidad de expresar su aspiración histórica a la tenencia de la tierra».
Delahaye estableció que estas expresiones, de ocupación de tierras, han tenido lugar principalmente al final de las dictaduras militares de 1935 y 1958 y después de cada elección presidencial en las últimas cuatro décadas.
Expertos coinciden que en que la llegada de Chávez al gobierno en febrero de 1999 se relaciona con necesidades no satisfechas en la gran mayoría de la población, que ahora aguarda con expectativas el cambio social prometido en la campaña electoral.
A las ocupaciones de tierra se agrega la cuestión de la seguridad en las zonas fronterizas, donde grupos insurgentes de izquierda y paramilitares derechistas de Colombia realizan acciones violentas contra los hacendados venezolanos, según denuncian.
Una investigación del Instituto de Estudios Superiores de la Administración indicó que los productores agropecuarios venezolanos gastan unos 200 millones de dólares en materia de seguridad privada, y se estima que esa suma podría duplicarse en 2001. (FIN/IPS/ac/dm/ip/01
