El parlamento de Venezuela se prepara para discutir un proyecto sobre derechos de adultos mayores de 60 años, para protegerlos del abandono familiar, mejorar la atención de salud y evitar la discriminación laboral.
«Esta ley es la respuesta a una deuda social del Estado con las personas mayores, quienes se han sentido marginados de la sociedad», dijo a IPS la diputada Haydeé Machín, impulsora de la iniciativa que será examinada en mayo en la Asamblea Nacional.
Machín, del Movimiento V República del presidente Hugo Chávez, presentó el proyecto legislativo el 29 de marzo acompañada de una manifestación de miles de personas que reclamaron al gobierno un trato digno para la vejez.
El proyecto de Machín se enmarca en los planteos de reforma de la ley de seguridad social, que puede cambiar la forma de administración de los fondos previsionales y hasta la edad habilitante para jubilarse.
Está en discusión, entre otras cosas, si será el Estado, el sector privado o un sistema mixto el encargado de manejar los fondos de pensiones.
También algunos sectores políticos proponen aumentar de 55 a 60 años la edad de retiro laboral de las mujeres y de 60 a 65 años la de los hombres.
En la actualidad, los venezolanos comienzan al momento de jubilarse el camino del calvario, en lugar de la tranquilidad, que pasa por las dificultades para acceder a la asistencia médica y para cobrar una pensión, que en la mayoría de los casos promedia los 200 dólares mensuales.
Distintas encuestas señalan el fuerte deterioro de la credibilidad del estatal Instituto Venezolano de Seguros Sociales, que administra hoy las pensiones, debido a los atrasos en el pago de las mismas.
Sólo la morosidad con los pensionados sumaba 300 millones de dólares a fines del año pasado, a lo cual se debe agregar el incumplimiento de las obligaciones con los proveedores.
Sin embargo, muchos beneficiaros del sistema de seguridad social se oponen a la desaparición del Instituto, pues hasta ahora es el único lugar de atención médica para quienes no pueden pagar el sistema privado de salud.
Al respecto, el proyecto de ley de derechos de adultos mayores de 60 años contempla la gratuidad de los medicamentos y de los servicios geriátricos.
Además, se proponen mecanismos para evitar la discriminación laboral, ya que hoy la ley permite hacerlo aunque reciban jubilación o pensión, y la rebaja de 50 por ciento en el boleto de los espectáculos públicos, en los pasajes de avión y de otros servicios.
También se prevén sanciones para los hijos que abandonen a sus padres mayores de 60 años, que van desde el pago de una multa hasta la privación de la libertad.
Otro aspecto de la norma proyectada refiere a la potestad de los adultos para administrar su herencia y bienes y al derecho de asociación.
Algunos expertos señalan que en el capítulo referido al trabajo se debe precisar el tipo de labores que un adulto mayor de 60 años puede realizar, y proponen la función de ascensorista, de vigilancia, vendedor de boletos o atención al público, entre otras opciones.
La reglamentación laboral para las personas mayores de 60 años es un pedido del Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología (Inager), pues investigaciones suyas han revelado que la mayoría de los jubilados siguen trabajando para poder hacer frente a las necesidades básicas.
La norma que discutirá el Congreso a partir de mayo pretende llenar un vacío legal que ampare a los adultos mayores, explicaron especialistas.
Hasta ahora sólo existe en la materia la ley del Inager, una declaración de principios generales que sustenta ese organismo, que funcionario en forma independiente del Instituto Venezolano de Seguros Sociales.
Estadísticas del Inager indican que en Venezuela, con más de 24 millones de habitantes, hay más de 1,6 millones de personas mayores de 60 años, en su mayoría mujeres.
Esos estudios también señalan que la expectativa de vida en el país es de 70 años, pero advierten que podría bajar hasta 65 años debido a la pobreza que afecta a 60 por ciento de la población.
En tanto, proyecciones de la Oficina Central de Estadística e Informática apuntan el crecimiento constante de la población mayor de 50 años, que en 1981 era de 10 por cada 100 venezolanos y se estima que en 2010 será de 17 por cada 100.
El presidente del Inager, el mayor retirado del ejército Pedro Arroyo, informó a IPS que existen más de 400.000 adultos mayores que viven en situación de pobreza, de los cuales sólo 13.000 son cubiertos por los planes de ayuda.
El Inager cuenta con guarderías para la llamada tercera edad, en las que se puede permanecer desde las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde, con derecho a alimentos y a realizar tareas recreativas.
Arroyo, quien participó junto a Chávez en el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, agregó que el organismo también tiene centros de atención gratuita de salud y brinda una ayuda personal de 10 dólares mensuales a unos 6.900 adultos mayores pobres y en estado de abandono.
Los venezolanos mayores de 60 años con carencias económicas también pueden acudir a centros asistenciales administrados por comunidades religiosas, como es el caso de la congregación cristiana de las Hermanitas Pobres con 21 casas hogares que atienden a más de 3.000 personas.
La diputada Machín y el mayor retirado Arroyo coincidieron que en Venezuela no existe una cultura ciudadana para proteger al anciano, por lo cual este proyecto a estudio del parlamento es el primer intento que se hace sobre la materia.
Pese a ello, los adultos mayores no se muestran confiados en la rapidez de los parlamentarios en aprobar la ley. En una consulta realizada en una plaza del centro de Caracas IPS constató el escepticismo de los destinatarios del proyecto.
Italo Tancredi, de 75 años y jubilado de una empresa telefónica, comentó que «el anciano se encuentra en estado de abandono total y esa ley va demorar mucho. Tienen que aprobarla rápido, sobre todo por los ancianos pobres, porque si se demora muchos van a morir antes».
«He visto muchas cosas en la vida. Aquí los de la tercera edad protestamos y no pasa nada», agregó, sintetizando la decepción expresa por otras personas mayores consultados en Caracas. (FIN/IPS/mp/dm/hd pr/01
