En vísperas del Día Internacional del Trabajo, dirigentes sindicales y trabajadores de Perú dudan de que los candidatos presidenciales Alejandro Toledo y Alan García puedan cumplir sus promesas de reducir el desmpleo, que es el mayor problema social del país.
El economista Toledo, ex funcionario del Banco Mundial, y el ex presidente (1985-90) García competirán el 3 de junio en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
El desempleo se agravó en el país durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, a quiene el Congreso destituyó en noviembre por corrupción e incapacidad moral, tres meses después de que iniciara su tercer mandato consecutivo desde 1989, tras derrotar a Toledo en comicios en los cuales se denunciaron irregularidades.
Hace 10 años, la suma de desempleo y subempleo afectaba a 47 por ciento de la población económicamente activa, y ahora afecta a 51 por ciento de la misma.
Según datos oficiales, 54 por ciento de los peruanos viven en la pobreza.
García y Toledo ofrecen programas de gobiernos que apuestan a la economía de mercado, y sus planes para crear empleo se basan en mayor captación de inversión extranjera, estímulo al uso de capacidad instalada ociosa mediante rebajas de impuestos y promoción de la industria de la construcción, multiplicadora de puestos de trabajo en corto plazo.
«Ambos candidatos prometen lo mismo: crear 500 mil nuevos empleos, subir los sueldos y reducir las tarifas de servicios, pero no me inspiran confianza, porque al mismo tiempo, dicen que bajarán los impuestos», comentó el carpintero Jaime Belevan, ex ingeniero industrial convertido en obrero informal tras la quiebra en 1999 de la firma en que trabajaba.
La historia personal de Belevan en los últimos años es un ejemplo del proceso que han vivido gran parte de los profesionales y trabajadores calificados del país, que sufre una grave recesión desde 1997.
«Cuando cerraron la fábrica organicé una microempresa con un maestro y dos ayudantes, para hacer puertas y ventanas, pero la falta de mercado me obligó a despedirlos y ahora trabajo solo. Soy un carpintero de lujo que hace diseños y cálculos de costos en computadora, además de manejar las herramientas», dijo.
Benigno Chirinos, dirigente del sindicato de trabajadores portuarios, no mostró más confianza que el ingeniero carpintero Belevan en las promesas de los candidatos.
«García y Toledo deben ser más precisos sobre lo que harían para revertir la llamada flexibilización laboral, ejecutada por Fujimori en acatamiento de órdenes del Fondo Monetario Internacional (FMI), que destruyó los derechos de los trabajadores, base de la democracia social», dijo.
La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), cuyos dirigentes se definen como de «izquierda democrática» y en la cual hay fuerte influencia del partido comunista, suscribió en marzo una especie de pacto social con la mayoría de los candidatos a la presidencia.
«Los candidatos se comprometieron con la CGTP a generar empleo, mejorar los servicios de salud y educación, impedir que las empresas privadas que administran los servicios públicos continúen con el aumento de sus tarifas, y elevar el nivel de vida de los trabajadores», señaló Manuel Cortez, dirigente de esa central sindical.
«Eso fue antes de la primera vuelta electoral, pero ahora vemos a los dos candidatos que competirán en la segunda prometiendo al FMI, al Banco Mundial y a los banqueros transnacionales que cumplirán sus exigencias financieras, contrarias a los intereses de la clase trabajadora», comentó.
«Fujimori hizo todo lo que el FMI le exigía, se bajó los pantalones y cumplió a pie juntillas sus recetas. El resultado fue catastrófico para los trabajadores y aun para los empresarios, pues la recesión castigó a todos. Exigimos el abandono de esa línea de economía liberal ortodoxa», enfatizó.
«Nosotros no le damos un cheque en blanco a nadie. No estamos de acuerdo en que se hable sólo de generar empleo, sin precisar que debe ser un empleo digno, es decir con todos los derechos que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) demanda para los trabajadores», añadió.
La CGTP reclama al gobierno transitorio encabezado por el presidente Valentín Paniagua desde la destitución de Fujimori que derogue las leyes laborales que infringen convenios suscritos por el Estado peruano con la OIT, antes de entregar el mando el 28 de julio al candidato que gane las elecciones.
Según un informe de la OIT, leyes promulgadas por Fujimori infringen los derechos a la libre afiliación sindical y a la negociación laboral colectiva, así como la prohibición del trabajo infantil.
En las regiones selváticas del país, y en especial en los lavaderos de oro, las autoridades toleran formas de trabajo casi forzado que afectan incluso a adolescentes, mediante regímenes de provisión de alimentos y ropas a los trabajadores por parte de sus patrones que crean deudas impagables.
«El 20 de febrero nos entrevistamos con el presidente Paniagua para reclamar que el Estado cumpla sus compromisos suscritos con la OIT, y nos respondió que eso debería ser discutido con el próximo gobierno», dijo Joaquín Gutiérrez, vicepresidente de la CGTP.
«No aceptamos esa respuesta y tampoco admitimos que se hable de negociar, pues los convenios internacionales deben ser acatados sin discusión. Por eso realizamos una marcha el 28 de febrero como primera movilización y luego buscamos comprometer a los candidatos y los partidos», explicó.
«La CGTP dejó en libertad de acción a sus dirigentes para que trataran de ser elegidos como congresistas en listas de partidos progresistas. El escrutinio oficial de la primera vuelta no ha concluido, pero ya es seguro que fueron elegidos dos dirigentes obreros y dos campesinos, y es posible que ingrese alguno más», agregó.
Uno de los dirigentes sindicales que logró una banca parlamentaria es el obrero de la construcción José Luis Risco, militante del Partido Comunista y candidato en la lista del Frente Unidad Nacional, cuya columna vertebral es el Partido Popular Cristiano y que postuló a la presidencia a Lourdes Flores.
También fueron electos Paulina Arpasi, dirigente de mujeres campesinas indígenas de Puno, Michael Martinez, del sindicato de productores de papa de la región meridional de Andahuaylas, y el dirigente sindical Luis Negreiros, del partido de García. (FIN/IPS/al/mp/lb/01
