Diversos enfermos, algunos graves, aún reclaman que la médica argentina Laura Fuxman se acerque a su cama, mientras ella atiende sin descanso hace cinco horas en el hospital Durand de la capital argentina.
Ningún paciente está en condiciones de reparar un detalle: la doctora dio a luz hace 15 días y la leche de sus senos le humedece la túnica.
En cualquier parte del mundo, el cuerpo femenino marca como un reloj el tiempo de alimentar al recién nacido. Pero en casi toda América Latina el derecho a licencia por maternidad, pensada para garantizar el bienestar de la madre y del hijo, corre riesgo de terminar existiendo sólo en el papel.
Sin embargo, nadie lo denuncia, por miedo a perder el empleo.
«En Argentina, el contrato de los médicos residentes prevé licencia por maternidad, pero es tanto el trabajo que recae sobre unos pocos que si una mujer se queda con su hijo es culpabilizada porque sobrecarga a sus compañeros», contó a IPS el médico Juan Rodríguez del Sel, esposo de Fuxman, y a cargo, ese día, del pequeño Agustín, hijo de ambos.
La situación de Fuxman —no registrada en estadísticas— se repite en diversas profesiones, en los distintos países de la región, y victimiza principalmente a trabajadoras de bajos ingresos.
Para ellas, la alternativa es mantener el trabajo a cualquier costo para madre e hijo, o vivir en la indigencia con un recién nacido.
En Argentina, es tan grave el problema que el último 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la antropóloga Monique Altschul, conductora del grupo Mujeres en Igualdad, advirtió que «si las mujeres no asumen una defensa activa de derechos adquiridos, se corre el riesgo de perderlos».
«A la licencia por maternidad, por ejemplo, le puede quedar poca vida», advirtió.
Altschul señaló que las condiciones de trabajo en América Latina son cada vez más precarias debido al alto desempleo. Los horarios de la jornada se extienden, hay menos protección y los sindicatos son más débiles.
Por eso, recordó que no se trata solo de lograr cambios que la beneficien, sino también de defender viejas conquistas hoy en retroceso.
En los últimos 10 años, la precarización en las condiciones de contratación laboral recayó principalmente sobre mujeres, un dato que por sí sólo no permite ver el costo de este fenómeno, por ejemplo, en el renunciamiento a derechos adquiridos que contemplan a la madre y al niño.
En la letra, las leyes otorgan el derecho a seis meses de licencia paga por maternidad en Cuba —se estudia extenderla seis meses más, éstos sin goce de sueldo—, 84 días en México y en Perú, tres meses en Argentina y Uruguay, cuatro en Brasil y cuatro y medio en Chile y Venezuela.
Pero excepto Cuba, donde su cumple a rajatabla, en los demás países hay una retórica desmentida por la realidad cotidiana.
Rosaura Paulero es argentina, psicóloga y experta en mediación escolar en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Su contrato se renueva cada año, y, al igual que gran cantidad de otras mujeres con ese sistema de empleo, carece de vacaciones, licencia por maternidad, seguro médico o aportes jubilatorios.
«Yo trabajo, además, como consultora en el Ministerio de Justicia, y allí 75 por ciento de los empleados somos contratados que presentamos facturas por prestación de servicios, algunos cada tres meses», comentó Paulero.
«Una amiga mía trabaja allí hace ocho años, siempre renovando el contrato», ejemplificó, para demostrar que no se trata de periodos cortos de demanda de empleo sino de una velada inestabilidad en la que se sacrifican beneficios.
Así, la extención de la licencia por maternidad queda a merced de la buena voluntad de superiores inmediatos. «Si estás embarazada lo arreglás con tu jefa o jefe, pero olvidáte de los tres meses que marca la ley. A lo sumo conseguirás uno», acotó.
La voluntad de los empleadores también fue mencionada por Valeria Miranda, una bióloga que trabaja para el Estado. Es becaria del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas y su contrato, como todos los que otorga esa institución, no prevé vacaciones, ni aportes jubilatorios ni licencia por maternidad.
Miranda, que tiene dos hijos y algunos años de experiencia como becaria, está a punto de dar a luz, y no le teme a lo que se viene.
«Una se acostumbra a volver a trabajar enseguida del parto, algunas veces con el bebé a cuestas, otras con ayuda familiar. Mi directora de beca tampoco se tomó más que 45 días», aseguró, resignada.
«Si el Estado contrata a las personas con ese nivel de precariedad, qué queda para la actividad privada», señaló Paulero. Las psicólogas que atienden en consultorios particulares rara vez se toman más de un mes y medio para volver a recibir a sus pacientes en tratamiento, agregó.
Así como el Estado falla como testigo con sus empleadas, sufren el mismo perjuicio médicas y psicólogas —que bien conocen de la necesidad de asegurar un buen vínculo inicial entre madre e hijo— y con abogadas —particulares y empleadas— que, si bien conocen como nadie sus derechos, se resignan a la violación por parte de sus mandantes.
«Yo tengo derecho a tres meses pero no me los puedo tomar», contó a IPS Ana Rielo, abogada que trabaja como relatora de un juez. «Con mi primer hijo, el juez esperaba que me lleve trabajo a casa, y con la segunda optó por no molestarme en casa, pero se me acumuló tanto trabajo que debí volver antes», aseguró.
Lo mismo puede encontrarse en una escuela, donde una psicopedagoga que trabaja todo el año, todos los días, sólo puede tomarse 45 días por parto. «Es porque yo no soy parte de la plantilla, sino que figuro como contratada», explicó a IPS Yanina Gómez, de un colegio privado al que prefirió no mencionar.
La abogada feminista Carmen González explicó a IPS que «no hay forma de pelear en la justicia esta cuestión de derechos porque hoy en Argentina cada vez hay más mujeres contratadas por tres meses, seis meses, 18 o 24, siempre en forma renovable, pero con contratos que no contemplan la licencia por maternidad».
González consideró que América Latina sigue peligrosamente la tradición estadounidense, que no prevé este derecho —lo disimula como licencia por enfermedad—, y se aleja de las consideraciones que tiene la ley europea para con las mujeres.
«En Francia, la mujer está obligada a permanecer en el hospital cinco días después del parto y tiene seis meses de licencia paga si amamanta al bebé», remarcó. «En los países europeos, en general, no sólo el recién nacido es considerado un ciudadano con derechos, sino también la madre», destacó.
González explicó que en el caso de las empleadas domésticas, que son la primera fuerza laboral en Argentina, la ley directamente no prevé la licencia por maternidad.
En el caso de empleadas administrativas, del Estado, y hasta profesionales, los periodos de licencia se acortan cada vez más tanto en los casos en que existe una relación de dependencia como cuando se trabaja por cuenta propia.
«Mi caso ilustra el de muchas profesionales. Tuve que reincorporarme al estudio de abogados porque tenía una audiencia cuando mi primera hija tenía 20 días», contó. Debió apretarse fuertemente los senos con una faja elástica para evitar que la leche le brotara en un momento inoportuno, recordó.
En la región hay apenas nueve por ciento de personas con alto nivel de ingresos y 14 por ciento con ingresos medios, calculó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El resto, estimado en 74 por ciento de la población activa, tienen salarios que no alcanzan para salir de la pobreza, según esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas.
«En los (años) 90, el trabajador asalariado tiende a ser sustituido por formas flexibles de utilización de la mano de obra, para mayor competitividad vía reducción de costos», reza un informe de la Cepal.
El costo de la mano de obra baja 30 por ciento cuando los trabajadores son contratados, sin seguro social, vacaciones, licencias ni aportes patronales para su jubilación, agrega el estudio.
Esta realidad «favorece los contratos de corta duración» y promueve el surgimiento de la categoría de «asalariados temporarios», en que son mayoría las mujeres, los jóvenes y las personas con menores niveles de educación, de acuerdo con el informe de la Cepal.
En Ecuador, 45 por ciento de los trabajadores tienen contrato temporario, pero aun peor es el caso de los asalariados sin siquiera contrato, que constituyen la mayoría en Paraguay (65 por ciento de la población activa), 46 por ciento en Brasil, 41 por ciento en Perú, 41 por ciento en Argentina y 32 por ciento en Colombia.
Las mujeres, perjudicadas por estas modalidades de contratación que no reparan en las pausas que exige la reproducción, van renunciando así a viejos derechos que, lejos de dejarlas en una situación más equitativa respecto de los hombres, las rezaga al exponerlas a un menor cuidado de su salud física y mental junto con la de los recién nacidos. (FIN/IPS/mv/mj/lb/01
