La retirada del ejército de México de dos bases ocupadas desde 1995 en Chiapas cumplió hoy uno de los tres reclamos exigidos al gobierno por los rebeldes zapatistas, y despejó el camino hacia la paz.
El comisionado para la Paz del gobierno, Luis H. Alvarez, entregó formalmente las instalaciones desmilitarizadas de Guadalupe Tepeyac y Río Euseba a la secretaria (ministra) de Desarrollo Social, Josefina Vázquez.
Ante el emisario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Fernando Yáñez, conocido como comandante Germán, y legisladores, la funcionaria aceptó la misión de convertir las bases castrenses en centros para el desarrollo de las comunidades.
Desde Québec, Canadá, donde participa en la Cumbre de las Américas, el presidente mexicano Vicente Fox declaró que tras el repliegue militar llegó el momento de hablar «cara a cara» para solucionar el conflicto.
Fox consideró que este viernes se convertirá en fecha de «fiesta», porque «termina la presencia del ejército en esas comunidades. Finalmente se cambian las armas por el corazón y por servicios para el desarrollo humano y económico» de las comunidades indígenas.
La salida de las tropas de sus últimas posiciones en el corazón de la zona que ha sido bastión de los guerrilleros liderados por el subcomandante Marcos cumple uno de los principales reclamos a fin de restablecer el diálogo para la paz.
El 2 de diciembre, un día después de la investidura de Fox como presidente, Marcos se comprometió a reanudar la negociación con el gobierno si se desmilitarizaba la zona de conflicto, se liberaba a un centenar de presos zapatistas y el Congreso aprobaba un proyecto de ley sobre Derechos y Cultura indígena.
La retirada militar es resultado de la marcha de 23 jefes guerrilleros zapatistas desde Chiapas a la capital mexicana en marzo. Marcos abandonó entonces la selva por primera vez en siete años y de manera oficial, desarmado, en reclamo del reconocimiento constitucional de los derechos indígenas.
El presidente Fox, quien buscó afanosamente un encuentro con Marcos durante su estancia en la capital, se refirió en la ciudad canadiense al jefe guerrillero como «un amigo que tengo en las cañadas» de Los Altos de Chiapas.
«Juntos (Marcos y Fox) hemos sacado este proceso de paz» y, aunque no hubo contacto personal, «conocemos a fondo qué es lo que busca cada uno» a través de las entrevistas difundidas por los medios de comunicación, dijo Fox.
De acuerdo con organizaciones no gubernamentales, unos 70.000 soldados se desplegaron en el conflictivo estado del sudeste del país por el antecesor de Fox, Ernesto Zedillo.
Aunque con el objetivo oficial de garantizar la seguridad de las comunidades, la presencia de las tropas perjudicó a los lugareños, y fueron múltiples las denuncias de violaciones de mujeres y otros abusos cometidos por los soldados.
La inseguridad originó el desplazamiento de miles de indígenas, según organizaciones independientes. Además, la presencia militar no detuvo la creciente actividad de bandas de paramilitares en la región, sostuvieron las mismas fuentes.
La celebración de la retirada fue ensombrecida por el asesinato el jueves de ocho comuneros en una emboscada perpetrada por un grupo de encapuchados cuando regresaban a sus hogares, luego de una jornada de trabajo en los cultivos.
Los asesinatos fueron denunciados por dos labriegos que lograron escapar. El hecho ocurrió en la localidad de Las Antenas, fuera de la zona de conflicto. Unos 150 agentes buscaban a los autores de la matanza.
El gobernador de Chiapas, Pablo Salazar, destacó «la sospechosa» casualidad de que suceda un acto de esa naturaleza en momentos en que el gobierno da un paso «decisivo» dentro del proceso de paz.
Pero Salazar mencionó entre los posibles móviles del asesinato una disputa por tierras o la acción del narcotráfico.
Las bases desmilitarizadas fueron ocupadas por el ejército desde el 9 de febrero de 1995, en el marco de la ofensiva ordenada por Zedillo, y abandonadas casi desde entonces por familias enteras de indígenas que huyeron de la violencia.
Guadalupe Tepeyac, Río Euseba y La Garrucha, en el municipio de Las Margaritas, fueron las tres últimas posiciones consideradas clave por el EZLN y cuya desmilitarización representa un paso determinante en el proceso de distensión.
Pero Adolfo Gutiérrez, alcalde de Ocosingo, el municipio más grande de Chiapas y uno de los cuatro donde se levantó en armas el EZLN, lamentó la salida del ejército de las bases.
Gutiérrez acusa al movimiento zapatista de haber fragmentado Ocosingo con la declaración de cuatro municipios autónomos, donde sólo viven milicianos y simpatizantes zapatistas.
Además de que los rebeldes pretenden marcar su territorio, la retirada del ejército permitió la proliferación de la delincuencia, señaló el alcalde.
También, «terratenientes y pequeños propietarios que perdieron tierras y privilegios amenazan» con acciones para recuperar su posición, «y en la retaguardia permanecen embozados 13 o 14 grupos paramilitares que permanecieron intocados», afirmó el analista Carlos Marín.
Mientras, el Congreso discute la iniciativa de ley elaborada sobre la base de los Acuerdos de San Andrés logrados por el gobierno y el EZLN, que procura promover la igualdad de oportunidades y eliminar la discriminación de los indígenas mexicanos.
Aunque la revisión del texto es difícil, los legisladores prevén que será aprobado este mes.
Pero la liberación de los zapatistas presos parecía el asunto más espinoso a resolver por el gobierno, que carece de competencia para ordenar excarcelaciones que correspondan a la jurisdicción de las autoridades de los estados.
Tres presos en Tabasco, en el sur, y dos más en Querétaro, en el centro, obstaculizan el cumplimiento de la tercera señal que reclama Marcos para sentarse a la mesa de diálogo.
Los gobiernos de ambos estados afirman que la liberación se hará efectiva una vez que las partes firmen un acuerdo de paz, si bien las autoridades de Querétaro, lindante al norte con la capital mexicana, niegan la existencia allí de presos zapatistas. (FIN/IPS/pf/mj/ip/01
