El presidente de Indonesia, Abdurrahman Wahid, trata de acelerar juicios por corrupción contra personas vinculadas con el régimen de Ali Suharto (1967-1998), pero sus esfuerzos son recibidos con escepticismo, ya que él mismo afronta similares acusaciones.
La Cámara de Diputados censuró el 1 de febrero a Wahid por aceptar que su masajista personal recibiera una comisión especial relacionada con compras por valor de unos 3,3 millones de dólares de una agencia estatal, y por malversar dos millones de dólares donados por el sultán de Brunei a la conflictiva provincia noroccidental de Aceh.
Esa censura fue el primer paso hacia un probable juicio político al presidente en la Asamblea Popular Consultiva, el más alto organismo representativo del país, luego de que el parlamento considere el 20 de este mes otra iniciativa de censura contra Wahid, con base en otras acusaciones.
«Sólo un milagro puede salvar a Abdurrahman de una segunda censura a fines de este mes o a comienzos del próximo», opinó el portavoz de la Asamblea Popular Consultiva, Amien Rais.
Se han realizado varias manifestaciones callejeras para pedir la renuncia de Wahid, quien aseguró que es inocente en una respuesta formal a la censura, y lanzó a fines del mes pasado una ofensiva contra colaboradores y amigos de Suharto, cuando ordenó al ministro de Justicia proponer enmiendas a la ley vigente contra la corrupción.
Las modificaciones invertirían la carga de la prueba, al obligar a los acusados a probar que se enriquecieron en forma lícita, en vez de obligar al fiscal a probar que lo hicieron en forma ilícita como establece la ley vigente, aprobada durante el régimen de Suharto.
Funcionarios gubernamentales dijeron que la intención del presidente es acelerar los juicios por denuncias de corrupción y evitar que los acusados resulten absueltos por falta de pruebas en su contra, como ha ocurrido en algunos casos.
«Si se aprueba una nueva ley contra la corrupción, ¿aceptaría Wahid en forma voluntaria que se aplicara para juzgarlo?», preguntó el abogado Adnan Buyong Nasution.
La ofensiva de Wahid contra figuras destacadas durante el régimen de Suharto no se ha limitado a la iniciativa de reforma de la ley contra la corrupción.
El viernes, el presidente ordenó arrestar y encarcelar en una celda de la oficina del fiscal general a Ginandjar Kartasasmita, ministro de Minas y Energía de 1988 a 1993, bajo la acusación de haber estado involucrado en un caso de corrupción cuando ocupó ese cargo.
El caso se relaciona con la presunta violación de normas sobre asistencia técnica en contratos por millones de dólares entre la compañía de gas y petróleo estatal Pertamina y la firma privada PT Ustraindo Petro Gas.
Kartasasmita es el segundo ex integrante del gabinete ministerial de Suharto arrestado desde que Wahid asumió la presidencia en octubre de 1999.
El presidente también desea que sea enviado a prisión Fuad Bawazier, quien fue ministro de Finanzas y director general del sistema impositivo, por haber otorgado exenciones tributarias a un proyecto de producción local de automóviles encabezado por el hijo menor de Suharto, Hutomo Mandala Putra.
Ese hijo de Suharto fue condenado a 18 meses de prisión por cargos de corrupción relacionados con una estafa en la venta de terrenos, pero huyó de la justicia y el gobierno ha prometido capturarlo.
El magnate Mohammad 'Bob' Hasan, amigo de Suharto y socio suyo en importantes negocios, recibió una sentencia de dos años de prisión por malversar fondos del departamento de Forestación del gobierno.
La semana pasada, Wahid reiteró su compromiso de enviar a la cárcel a todos los funcionarios y hombres de negocios involucrados en casos de corrupción durante los 32 años de gobierno de Suharto.
«Todas las personas son iguales ante la ley, incluyendo a las que afrontan juicios por cargos de corrupción», declaró.
Sin embargo, pocos piensan que el impredecible presidente se refiriera también a sí mismo, y activistas han criticado a Wahid por poner en duda la imparcialidad de los jueces mediante reiteradas críticas.
«Es muy difícil para los jueces mantener su independencia cuando el presidente los cuestiona tan a menudo, y las críticas públicas de Wahid pueden conducir a fallos que busquen satifacerlo», comentó el activista por los derechos humanos Abdul Hakim Nusantara.
Kartasasmita aseguró que es inocente y que su detención se llevó a cabo por «motivos políticos».
El abogado Muchyar Yara, defensor del ex ministro de Minas y Enwergía, aseguró que «el principal objetivo del presidente Wahid» fue enviar a su cliente a la cárcel, «con independencia del resultado que arroje la investigación».
«Este no es sólo un caso judicial, sino también una batalla política», sostuvo.
Además, Kartasasmita se rehusó en 1998 a impedir el cierre del banco Papan Sejahtera, que era propiedad del actual presidente, y eso determinó que Wahid perdiera por lo menos unos dos millones de dólares, recordó.
Wahid sospecha que Kartasasmita ha brindado desde el año pasado apoyo económico a los organizadores de manifestaciones contra el gobierno, y la detención del ex ministro puede ser considerada «un acto de venganza», apuntó Budi Prasetyo, del opositor Partido Golkar, fundado en 1971 por Suharto.
Muhaiman Iskandar, secretario general del Partido Despertar, de Wahid, y viceportavoz de la Asamblea Nacional Consultiva, aseguró que también Bawazier ha financiado varias grandes manifestaciones contra el presidente, realizadas este año.
Bawazier aseguró a IPS en una entrevista telefónica que las afirmaciones de Iskandar son falsas.
Observadores políticos han expresado su sorpresa ante el hecho de que una de las personas a las cuales Wahid desea ver en la cárcel sea Arifin Panigoro, diputado del partido de la vicepresidenta Megawati Sukarnoputri.
De todos modos, el fiscal general Marzuki Darusman no ha adoptado hasta ahora ninguna iniciativa en el caso de Panigoro. (FIN/IPS/tra-eng/aa/ccb/js/mp/ip/01
