La población gitana enfrenta enormes dificultades para obtener atención de salud, vivienda y servicios sociales mínimos en Bulgaria, Macedonia y Rumania, señala una investigación centrada en esos tres países de Europa oriental.
El estudio titulado «Al margen: Los gitanos y los servicios públicos en Rumania, Bulgaria y Macedonia», de Ina Zoon, consultora del Instituto Sociedad Abierta (ISO), reclama acciones concretas para mejorar el acceso de esta comunidad a los servicios sociales básicos.
El trabajo sostiene que algunas políticas aparentemente neutrales tienen un impacto dispar en la población gitana y que algunos funcionarios discriminan directamente a los gitanos que reclaman servicios básicos.
Zoon, integrante del Centro Europeo por los Derechos de los Gitanos (CEDG), con sede en Budapest, dijo a IPS que si bien el informe se concentra en tres países, la situación del pueblo gitano es similar en todo el este europeo.
Luego de la publicación de este estudio de 234 páginas, Zoon declaró ante una audiencia del Parlamento Europeo en Bruselas para tratar el tema. «Existe una discriminación amplia y sistemática», sostuvo Zoon ante los legisladores europeos.
En Rumania, Bulgaria y Macedonia, entre dos y siete por ciento de la población es gitana y «generalmente son los más pobres entre los pobres, tienen los niveles de salud más bajos y viven en las peores condiciones», agregó Zoon.
Los gitanos tienen una presencia porcentual desproporcionada entre los sectores más pobres, los desempleados de largo plazo, los menos calificados y menos educados, las familias más numerosas y las personas sin permiso de residencia, indocumentadas o sin ciudadanía.
Las tasas de desempleo y pobreza de las familias gitanas en esos países son dos veces y media superiores a las del resto de la población.
El estado sanitario de los gitanos también es peor que el de la población en general. Su esperanza de vida es menor y sus hijos e hijas presentan tasas elevadas de mortalidad infantil y mayor incidencia de desnutrición, anemia, distrofia muscular y raquitismo.
El informe documenta la existencia de un sistema de seguridad y ayuda social no equitativo, tanto en programas de distribución de alimentos y asistencia a la vivienda, como en atención de emergencias médicas, subsidios por maternidad, beneficios adicionales para familias numerosas o primas por nacimiento.
Sin embargo, el estudio afirma que las normas constitucionales de los países analizados consagran el principio de igualdad ante la ley y han incorporado a sus legislaciones nacionales los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Rumania es el único de los tres países que cuenta con legislación específica contra la discriminación.
El estudio —cuyo texto completo en inglés puede consultarse en http://www.soros.org/romaandpublicservices.html— contiene un agregado sobre la situación de la vivienda en la República Checa.
Por otra parte, Zoon está elaborando informes similares sobre Eslovaquia y Hungría, que serán publicados a fin de año.
La directora ejecutiva del CEDG, Dimitrina Petrova, afirmó que este trabajo «marca un hito al documentar los abusos a los derechos sociales y económicos de los gitanos en el este europeo. Los gobiernos participantes no pueden negar la discriminación en la provisión de servicios básicos».
Una de las conclusiones del estudio es que si los actuales programas estatales de asistencia social fueran implementados en forma equitativa y justa, pondrían naturalmente énfasis en los gitanos.
«Las redes de seguridad social utilizadas sin favoritismos ni discriminación alcanzarían a los gitanos en forma proporcional a la situación que enfrentan», dice el informe.
«En definitiva, en un sistema desprovisto de sesgos discriminatorios, los gitanos se beneficiarían de los programas estatales en igual grado que el resto de la población».
Sin embargo, las conductas y prácticas nómades de los gitanos les dificultan cumplir con los requisitos para acceder a los servicios sociales y para conseguir y mantener documentos como partidas de nacimiento y cédulas de identidad, obligatorias para muchos servicios.
Así mismo, los gobiernos deberían redefinir el concepto legal de familia nuclear para permitir que las parejas en concubinato, la gran mayoría de las familias gitanas jóvenes, puedan obtener beneficios familiares.
Es común que las autoridades califiquen las viviendas gitanas como «temporales» por tratarse de lugares que no figuran en los padrones de la ciudad, y por tanto los gitanos no pueden establecer su lugar de residencia y tampoco recibir cierto tipo de beneficios.
El especialista estadounidense en derechos humanos Mark Templeton, editor de este informe, dijo a IPS que «es irrelevante si los funcionarios han diseñado estas normas para dejar fuera a los gitanos o no. Lo que importa es el resultado: la exlusión de los gitanos del sistema de protección social».
Zoon, por su parte, afirmó que muchos funcionarios abusan de sus facultades discrecionales al considerar solicitudes para subsidios de vivienda. Los trabajadores sociales frecuentemente sobreeestiman los recursos de los gitanos, y por lo tanto los descalifican para recibir ayuda social.
Incluso una parte del personal médico y de salud se niega a atender a los pacientes gitanos, aun en situaciones de emergencia. En Bulgaria, por ejemplo, hay salas de maternidad separadas para las mujeres gitanas.
El informe revela igualmente que los responsables municipales destinan menores recursos para transporte público, saneamiento y otros servicios públicos a los suburbios gitanos que a otros con igual número de población.
Templeton subrayó que una parte del problema se debe a que las comunidades gitanas están fuera del sistema político y no tienen, por tanto, funcionarios electos que velen por sus intereses.
En los últimos cinco años, dice en definitiva el estudio, los gobiernos negaron asistencia e incluso emplearon sus recursos para mantener a los gitanos al margen de la sociedad. (FIN/IPS/tra- en/bk/mn/aq/hd/01
