La Comunidad Británica de Naciones (Commonwealth), acusada de no ser más que un club social de ex colonias, decidió asumir el papel de policía de ese grupo de 54 países que alguna vez formaron parte del imperio británico.
La organización con sede en Londres ya intervino en varios países miembro -como Pakistán y Fiji- y creó el Grupo de Revisión de Alto Nivel.
Para asegurarse una supervisión política más estrecha, creó el Grupo de Acción Ministerial de la Commonwealth, integrado por los ministros de Relaciones Exteriores de Botswana, Australia, Bangladesh, Barbados, Canadá, Malasia, Nigeria y Gran Bretaña.
Si bien esta nueva postura intervencionista aún no arroja grandes éxitos, al menos la comunidad se está obligando a involucrarse en situaciones que había ignorado en el pasado.
La crisis de Pakistán es una de ellas. El martes 27 de marzo, el secretario general de la Commonwealth, Don McKinnon, informó a la prensa en Londres de una reunión con un grupo de líderes políticos paquistaníes «para conocer su visión de la situación política en su país», dijo.
En octubre de 1999, el general Pervez Musharraf derrocó al gobierno civil de Nawaz Sharif con la promesa de recuperar la economía y reinstaurar una democracia real.
Según McKinnon, «los dirigentes señalaron que se opacó el sentimiento de euforia que había acompañado el golpe, mientras crecen las proscripciones políticas».
El contenido de este encuentro será considerado en la reunión de los jefes de gobierno de la Commonwealth, a celebrarse el próximo octubre en la ciudad de Brisbane, Australia.
Pakistán está suspendido como miembro en varios consejos de la Commonwealth, pero ésta debe decidir si prolonga la suspensión o expulsa al país de la organización. Una expulsión puede afectar seriamente el futuro económico y diplomático del país en cuestión.
Por otra parte, McKinnon designó al juez Pius Langa, vicepresidente de la Corte Constitucional de Sudáfrica, como enviado especial en Fiji, donde también existe un gobierno dictatorial.
El enviado mantiene un estrecho contacto con el gobierno de Fiji, al que ha aconsejado la aceptación de un organismo que supervise un proceso electoral para este año.
Mientras tanto, ya se instaló en la capital, Suva, un gobierno de transición. Al igual que Pakistán, Fiji está suspendida como integrante de los consejos de la Commonwealth. Una vez que se celebren las elecciones, será readmitida.
La Commonwealth también actúa como policía internacional en Gambia, donde la polémica Lista del Decreto 89 proscribió la actividad política de varios partidos y personas.
McKinnon y sus colaboradores se reunieron varias veces con líderes gubernamentales, y obtuvieron la promesa presidencial de que las proscripciones quedarán sin efecto este año.
Por otra parte, la Commonwealth logró establecer en Sierra Leona una nueva agenda electoral. Pero el gobierno aún no cuenta con los 20.000 efectivos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) necesarios para la seguridad del proceso.
Los reclamos de la comunidad ante la ONU tampoco han tenido efecto. En virtud de la inestabilidad de ese país africano, las elecciones fueron pospuestas.
La organización también ejerció presiones diplomáticas para lograr que las Islas Salomón celebren elecciones generales este año.
Mientras tanto, en Zimbabwe la nueva policía mundial está intentando, sin éxito por ahora, que el gobierno de Robert Mugabe desmonte un proceso de creciente autoritarismo.
En ese país, las tierras de los agricultores blancos son invadidas sistemáticamente por veteranos de la guerra de independencia , varios periodistas fueron deportados, un diario sufrió un atentado explosivo, los opositores al gobierno sufren amenazas y los jueces son presionados a renunciar.
McKinnon envió una carta a Mugabe alertando sobre la situación, pero el presidente de Zimbabwe no contestó.
La Commonwealth considera el envío de una misión a ese país africano, integrada por los ministros de Relaciones Exteriores de Barbados, Australia y Nigeria.
Un tema espinoso al que ingresó la Commonwealth es la llamada competencia impositiva desleal que ejercen muchos de los miembros más pequeños de la Comunidad, según los países ricos de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE).
La OCDE quiere tomar medidas punitivas contra 35 centros financieros extraterritoriales (no sujetos a ninguna autoridad estatal), 26 de los cuales están asociados a la Commonwealth.
La cuestión se complica porque cuatro integrantes de la comunidad —Gran Bretaña, Australia, Canadá y Nueva Zelanda— son igualmente miembros de la OCDE. «Los cuatro países somos sensibles a las implicaciones de este tema», dijo McKinnon.
El propio McKinnon decidió enfrentar a la OCDE, que ha elaborado una lista de países que, en su opinión, deberían modificar sus sistemas impositivos.
«Tengo la esperanza de que vean los problemas que pueden producirse al negociar bilateralmente con los países y al intentar forzar a la gente a firmar lo que ellos quieren», dijo McKinnon.
Muchos de esos países son pequeños estados insulares que instalaron centros financieros extraterritoriales como una forma de diversificar sus economías. Estos estados no tienen voz propia. Es la Commonwealth quien habla por ellos.
Un encuentro sobre el tema entre dirigentes de la OCDE y de la Commonwealth, celebrado en enero, concluyó que no existen soluciones simples.
El primer ministro de Barbados, Owen Arthur, quien encabezó la delegación de la Commonwealth, señaló que los principios de la OCDE no se aplicaban equitativamente.
«Quienes ganan cuotas de mercado hablan de aprovechar ventajas competitivas, y quienes pierden cuotas de mercado hablan de competencia desleal», concluyó Owen. (FIN/IPS/tra-en/ss/da/dc/mlm/ip/01
