Una comisión especial, acordada por representantes del gobierno de Colombia y de las insurgentes FARC, definirá políticas para la lucha contra los paramilitares de derecha, cuya actividad obstaculiza la negociación de paz.
La comisión estará constituida por expertos en resolución de conflictos, escogidos entre políticos y personalidades ajenas al proceso de paz, informó Luis Giraldo, miembro de la delegación gubernamental en la mesa de negociaciones con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
La comisión deberá presentar al gobierno recomendaciones y fórmulas para el combate contra los paramilitares y para reducir la violencia causada por esos grupos armados ilegales.
El diputado Antonio Navarro, del ex guerrillero M-19, dijo IPS que la selección de los integrantes de la comisión será clave para enfrentar uno de los mayores obstáculos del proceso de paz.
Las FARC suspendieron en dos ocasiones las negociaciones iniciadas hace cerca de dos años con el gobierno para poner fin a un conflicto armado de cuatro décadas. En las dos ocasiones arguyeron que las autoridades no enfrentaban con decisión a los paramilitares organizados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Organizaciones de derechos humanos responsabilizan a las AUC de 80 por ciento de los asesinatos de no combatientes cometidos en los últimos años. La Defensoría del Pueblo asegura que en 2000 fueron perpetradas 300 masacres (asesinato en el mismo tiempo y lugar de más de cuatro personas), en las que murieron 1.389 personas.
La estrategia de los paramilitares consiste en atacar a la población civil en las regiones en que la guerrilla está presencia, con el fin de restarles apoyo, señaló Navarro.
Así mismo, las AUC intentan evitar desde 1999 la creación en el norte de la zona desmilitarizada exigida por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda fuerza guerrillera, para abrir negociaciones con el gobierno.
Un dirigente del ELN, Nicolás Rodríguez, afirmó que las AUC asesinaron a 600 campesinos del departamento de Bolívar favorables a la habilitación de la zona neutral reclamada por la organización rebelde.
El ELN pretende disponer de un espacio desmilitarizado para realizar una convención nacional con representantes de la sociedad civil para elaborar su agenda de paz.
La Procuraduría, que fiscaliza a los organismos del Estado, aseguró el jueves que en los dos últimos años se redujeron las denuncias contra las Fuerzas Armadas por violación de derechos humanos y aumentaron las acusaciones contra los paramilitares.
Pero organizaciones no gubernamentales advirtieron que la información de la Procuraduría no basta para asegurar que los militares se hayan apartado de esas prácticas, pues en muchos casos, las AUC hacen su «trabajo sucio» en connivencia con ellos.
Cuarenta y ocho militares que incurrieron en omisión ante ataques de las AUC a comunidades fueron destituidos entre mayo de 1998 y diciembre de 2000, señaló la Procuraduría.
Mientras, la Organización de las Naciones Unidas calculó que la actividad de los 11.000 miembros de las fuerzas paramilitares aumentó 80 por ciento en los últimos dos años, según un informe divulgado la semana pasada por el diario El Espectador.
El crecimiento de la actividad de los paramilitares se debe a que «el Estado es insuficiente, pobre y no tiene los recursos adecuados para llegar a todos los rincones ni para atender todos los requerimientos de seguridad los ciudadanos», declaró el jefe de las Fuerzas Armadas, Fernando Tapias.
Así mismo, los secuestros y las extorsiones que perpetran los guerrilleros de izquierda llevan a los civiles a buscar protección en los paramilitares, afirmó Tapias.
Los grupos paramilitares se han convertido «en una enfermedad dañina para el Estado, al procurar convertirse en su aliado con el irónico pretexto de tener un enemigo común (la guerrilla)», comentó el comisionado gubernamental para la paz, Camilo Gómez.
Las AUC «están realizando una guerra sucia a nombre de colombianos que dicen representar pero que poco respetan», dijo Gómez.
Las primeras organizaciones paramilitares fueron los llamados «grupos de autodefensa», creados por ley en los años 70 y entrenados y equipados por el ejército con el exclusivo fin de proteger a la población de los ataques de la guerrilla.
El gobierno puso fuera de la ley en 1989 a esos grupos, por sus vínculos con lo narcotraficantes y por su responsabilidad en el asesinato de líderes de izquierda y de activistas sociales.
Las AUC no sólo atacan ahora a los guerrilleros y a sus simpatizantes, sino también a funcionarios e instituciones del Estado.
El año pasado secuestraron a siete parlamentarios para obligarlos a oponerse a las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC y a los contactos con el ELN.
También amenazaron al fiscal general Alfonso Gómez, al negociador de paz del gobierno Fabio Valencia y al ex alto comisionado de paz Víctor Ricardo. (FIN/IPS/yf/ff/ip hd/01
