El principal funcionario de desarrollo de la Unión Europea (UE) dijo hoy que valora la «flexibilidad» a la hora de sancionar a los países que violaron condiciones políticas vinculadas a la recepción de ayuda europea.
«Cada caso debe examinarse individualmente», declaró Poul Nielson, comisario europeo de Desarrollo y Asuntos Humanitarios, en la asamblea conjunta que se celebra hasta este jueves en Libreville entre legisladores de la UE y de sus ex colonias de Africa, el Caribe y el Pacífico (ACP).
Nielson respondía así a Johan Van Hecke, legislador europeo que acusó a la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, de incoherencia al aplicar dichas sanciones.
Togo y Haití, por ejemplo, fueron sancionados por sus irregularidades electorales, pero la Comisión Europea mantuvo su ayuda a Zimbabwe, a pesar de la violencia política reinante en ese país africano, e incluso a países en guerra con sus vecinos.
«No apoyamos finaniceramente a países con conflictos armados», sostuvo Nielson. El comisario destacó que la Comisión Europea confía en su capacidad de controlar el destino del dinero otorgado y que la ayuda humanitaria debe mantenerse cuando sea posible.
La asamblea parlamentaria conjunta surgió del Acuerdo de Cotonou que rige las relaciones entre la UE y los países de ACP. El diálogo entre los dos grupos sirve distintos propósitos, dijo Nielson.
«En especial para promover un ambiente estable y democrático. La asamblea tiene un papel central que desempeñar», destacó.
Nielson reconoció que el acuerdo, firmado en junio pero ratificado por pocos países del ACP, aún no prevé una forma clara para determinar la imposición de sanciones punitivas a los países.
Pero agregó que la flexibilidad en la institución del proceso es lo más importante, aunque una forma más «mecánica» o uniforme de aplicar las sanciones «puede lucir mejor en el papel».
En contacto con la prensa, Nielson destacó la necesidad de que la ayuda alcance a los sectores más vulnerables de la sociedad, sin importar las acciones de su gobierno.
«El diálogo es un mecanismo habitual y un factor permanente de la sociedad entre la UE y los países de ACP. Cuando es positivo y concreto, puede ayudar a impedir situaciones que exijan recurrir a procedimientos de consulta más formales», señaló.
Nielson se refería al primer paso que la Comisión tomaría si la UE concluye que un estado de ACP no respetó elementos esenciales del artículo 96 del Convenio de Cotonou, referido al imperio de la ley, las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos.
«Lamentablemente, ya hemos tenido que aplicar el procedimiento previsto en el artículo 96 tres veces», dijo Nielson.
El 31 de enero la UE bloqueó la ayuda prevista de 40 millones de dólares a Haití y acusó al gobierno de violar el artículo 9 del acuerdo, relativo a la democracia, los derechos humanos y el buen gobierno.
La sanción se basó en que el sistema utilizado para escrutar los votos de nueve senadores en las elecciones legislativas haitianas era irregular y en la intimidación sufrida por candidatos opositores.
Durante las consultas entre la UE y Haití el 26 de septiembre, el gobierno haitiano observó que el sistema de escrutinio criticado fue el mismo utilizado en las elecciones anteriores, consideradas libres y transparentes por la comunidad internacional.
Así mismo, Haití aseguró que las autoridades habían hecho todo lo posible por hallar a los responsables de la intimidación y los delitos perpetrados contra altos funcionarios.
Sin embargo, Nielson dijo que Haití no actuó en forma constructiva durante el proceso de consulta. Pero aparte de la cuestión electoral, el problema a largo plazo era la «realidad social» del país, que no es «una situación comparable a una crisis humanitaria», sostuvo.
Los representantes de los países de ACP presentes en la asamblea anunciaron que exigirán el levantamiento de las sanciones europeas contra Haití. (FIN/IPS/tra-en/bk/da/aq/ip/01
