La política laboral vuelve a centrar la atención del gobierno de Cuba, que pretende garantizar «trabajo para todos» y aumentar los salarios sin provocar desequilibrio financiero ni subempleo.
El gobierno debe «garantizar el pleno empleo de la fuerza de trabajo, porque no es el subsidio a los desempleados la solución de los problemas», dijo en febrero el vicepresidente Carlos Lage.
El sueño de trabajo para todos había sido descartado a comienzos de la década del 90, cuando las autoridades se vieron obligadas a aplicar un grupo de cautelosas reformas para enfrentar la caída de 34,8 por ciento del producto interno bruto entre 1990 y 1993.
El desempleo, que llegó a 8,5 por ciento de la población económicamente activa en 1995, comenzó a descender hasta ubicarse en 5,5 por ciento a fines del año pasado, logro que las autoridades atribuyen a la recuperación de la economía.
Así, el gobierno socialista de Fidel Castro anuncia ahora la decisión de rescatar la vieja utopía, sin renunciar a un grupo de condiciones que, según expertos, garantizarán la consolidación de la reactivación del país.
Los economistas plantean que la moneda en circulación no puede crecer de manera descontrolada y que las personas empleadas en el sector productivo deben recibir un salario revalorizado de acuerdo a su trabajo.
Pero el problema va más allá de la creación de fuentes de trabajo. Los cinco millones de cubanos en edad de trabajo, de una población total de 11,1 millones de personas, suelen ser excesivamente selectivos a la hora de aceptar un empleo.
A fines de 1999 en La Habana había 46.000 personas en busca de trabajo y 45.000 plazas vacantes. Datos oficiales indican que la paradoja se repite cada año, pues muchos desocupados no aceptan trabajar en la agricultura o en la construcción.
«Prefiero estar en la calle, viviendo del 'invento', que andar poniendo ladrillos», dijo Rodrigo Valdés, un hombre de 34 años que hace unos meses dejó su trabajo en una empresa constructora.
El vicepresidente Lage entiende que, tras una década de crisis, el país debe crecer en producción y en eficiencia, garantizar el equilibrio financiero, disminuir el déficit de las cuentas corrientes y mejorar las condiciones de vida de la población.
Estadísticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social indican que en 2000 el Estado generó 140.852 nuevos empleos y había más de 4,4 millones de trabajadores activos.
Juan Triana, investigador del gubernamental Centro de Estudios de la Economía de Cuba, estima que en septiembre unas 17.000 personas permanecían «disponibles», término que identifica en Cuba al desempleado por efecto del cierre de fábricas u otras medidas de ajuste.
El 44 por ciento de los nuevos empleos fueron ocupados por mujeres, que representan 43,3 por ciento de la fuerza del sector estatal cubano, según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
En los últimos dos años, más de un millón de trabajadores recibieron aumentos salariales, política que comenzó a aplicarse por los sectores de salud y educación y que ha dejado para último a los organismos centrales de la administración pública.
También más de un millón de personas recibieron estimulación en dólares por el buen resultado de su trabajo y 1,2 millones de trabajadores fueron incorporados a un sistema de remuneración salarial relacionado con su productividad.
Como resultado de los aumentos, en 2000 el salario medio mensual fue de 249 pesos cubanos, 12 por ciento más que en 1999, y el ingreso medio ascendió a 359 pesos. El dólar se cotiza a 22 pesos en las casas de cambio habilitadas por el gobierno.
El incentivo monetario intenta ganar terreno en la revalorización de la moneda nacional, pero es aún insuficiente para las personas que viven sólo de su salario y tienen que adquirir productos de primera necesidad en dólares.
Las autoridades garantizan un grupo de servicios básicos a precios subsidiados, pero parte importante de la canasta básica debe adquirirse en una red de tiendas que vende sólo en dólares.
Los precios en pesos cubanos de los alimentos también se mantienen altos. Un kilogramo de carne de cerdo se vende a más de 40 pesos, una piña a 15 pesos, y un mazo de unas seis cebollas oscila alrededor de los ocho pesos.
Lage, al referirse a los aumentos salariales aplicados en los dos últimos años, advirtió en febrero sobre la necesidad de hacer un seguimiento sistemático para impedir desequilibrios financieros.
En 1994, las autoridades se vieron obligadas a aplicar medidas de corte financiero para disminuir el exceso de liquidez monetaria, que llegó a 11.896 millones de pesos, equivalente a unos 15 meses de sueldo promedio.
Los expertos, además del posible aumento de la moneda circulante, advierten que un retorno a la política de pleno empleo puede volver a aumentar en forma desmesurada el subempleo, como ocurrió en el pasado.
Fuentes oficiales reconocieron en 1996 que unos 4,6 millones de cubanos trabajaban en el sector civil estatal (descarta el sector militar), cooperativo y privado, de los cuales entre 600.000 y 800.000 cobraban un salario completo por desarrollar 40 o 50 por ciento de su capacidad.
La economista Angela Ferriol, experta del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, estimó que a mediados de la pasada década la fuerza de trabajo subempleada en el país podía alcanzar a un millón de personas.
Por otra parte, aunque las autoridades no se han referido aún al futuro del trabajo por cuenta propia, para algunas personas en la isla el retorno a la política de pleno empleo traerá consigo el fin de cualquier posibilidad legal para la iniciativa privada.
Luis Puebla, quien trabaja como camarero en un restaurante privado, dijo a IPS que «este tipo de negocio nunca le ha gustado al gobierno. Lo aprobó porque no le quedaba más remedio, pero en cuanto tengan la menor oportunidad nos cierran todo».
En tanto, Madga González, economista de 27 años, opinó que «hay un sector de la población, como los jubilados, que siempre necesitarán ejercer determinados oficios para aumentar sus ingresos, y otro sector que necesita de esos servicios».
El gobierno de Castro anunció en la década del 90 la ampliación del trabajo por cuenta propia a más de 100 oficios, autorizó la apertura de pequeños restaurantes y la renta privada de habitaciones y casas.
El empleo particular fue visto entonces como una opción frente al cierre de un número importante de fábricas, por falta de materia prima, y a la posibilidad de que más de medio millón de personas quedara desempleada como resultado de la reforma laboral en curso. (FIN/IPS/da/dm/lb/01
