Casi 80 por ciento de los trabajadores de las centrales de energía nuclear de Japón corren altos riesgos de salud, carecen del entrenamiento necesario y reciben bajos salarios.
Tras la muerte de su hijo por leucemia hace ocho años, la vida de Michiko Shimahashi cambió para siempre.
«Le diagnosticaron la enfermedad luego de trabajar nueve años en una central de energía nuclear. Estoy quebrada por la culpa pues no pude protegerlo de los riesgos de su trabajo», comentó la mujer de 63 años, entre lágrimas.
Su hijo, Nobuyuki, tenía 29 años al morir. Tras graduarse en la enseñanza media, comenzó en la central nuclear de Hamaoke, en el distrito de Shizuoka, al sur de Tokio.
La muerte de Nobuyuki llevó a su madre a investigar acerca de los riesgos laborales existentes en las 52 centrales de energía atómica de Japón.
Armada de argumentos médicos y con el apoyo de un abogado, Shimahashi fue la primera persona en Japón que obtuvo, en 1994, una indemnización del gobierno de 15 millones de yenes (unos 130 mil dólares) por daño laboral.
Las autoridades afirman que su industria nuclear es segura y limpia y que está a la vanguardia en materia de calidad técnica en el mundo.
Pero, según los activistas antinucleares, el caso de Shimahashi puso de manifiesto que los gobernantes pueden estar ocultando información a la opinión pública acerca de los verdaderos problemas de salud de los trabajadores de las centrales atómicas.
Shimahashi reunió evidencia que probó con gran exactitud que los niveles de radiación en la central eran superiores a los límites establecidos por el Ministerio de Trabajo. Dichos niveles de exposición individual son de cinco milisieverts (mSv) por año.
Durante los nueve años de trabajo en la central de Hamaoke, Nobuyuki acumuló dosis de radiación equivalentes a 50,63 milisieverts, muy por encima de los niveles aceptados.
El abogado Yuichi Kaido afirma que la victoria en el tribunal fue relativamente fácil pues el gobierno reconoce a la leucemia como una enfermedad relacionada con la exposición a la radiación.
Pero, paradójicamente, son mínimas las compensaciones para cientos de personas que cumplen tareas en centrales nucleares, según los grupos antinucleares.
Las 52 centrales japonesas emplean aproximadamente a 300.000 trabajadores, 80 por ciento de los cuales son subcontratados a través de pequeñas agencias de trabajo o por firmas cuyos responsables carecen de antecedentes claros.
Según investigaciones realizadas por la Red Ciudadana de Información Nuclear (RCIN), esos trabajadores —incluso peones o jornaleros de avanzada edad y trabajadores sin preparación como Nobuyuki— son los más vulnerables a la radiación pues se les asignan las tareas más peligrosas.
Por el contrario, los técnicos de alto nivel controlan las centrales a una distancia segura.
Masako Sawaii, de la RCIN, señala que para limpiar mezclas letales de uranio las empresas suelen exigir jornaleros, cuya única protección es un par de guantes.
Esos trabajadores son los que periódicamente deben revisar las instalaciones cada vez que se detectan problemas de funcionamiento o accidentes, tarea en la que se exponen a altas dosis de radiación.
Las organizaciones antinucleares estiman que unos 800 empleados de la industria nuclear padecen cáncer de tiroides y de pulmón, así como otras enfermedades crónicas como insomnio y erupciones cutáneas graves.
Sin embargo, no pueden reclamar indemnizaciones pues el gobierno japonés no reconoce esas enfermedades como relacionadas con la radiación.
«La bofetada más brutal es que los empleados no son informados de los riesgos que enfrentan. Mi hijo fue instruido para seguir medidas de seguridad pero no fue advertido de cuán alta era la radiación a la que se exponía todos los días», dijo Shimahashi.
La dirección de la Central de Hamaoke se negó a pedir disculpas a Shimahashi. Los comunicados oficiales de la empresa puntualizaron que la compañía se ciñó a los límites internacionales de exposición a la radiación que establecen 50 mSv anuales por trabajador.
Los activistas están furiosos con el sistema que se niega a reconocer los riesgos de la radiación, así como los derechos de los empleados a contar con mejor protección en el trabajo.
Los jornaleros reciben una paga de 100 dólares por día. Shimahashi informó que el salario de su hijo era menor a 2.000 dólares mensuales luego de nueve años de trabajo.
«Cuando murió, su sueldo era igual al salario inicial de un universitario recién graduado y él permanecía muchas horas haciendo una tarea peligrosa», explicó.
El mayor accidente nuclear de Japón se produjo en octubre de 1999 en Tokaimura, 130 kilómetros al noreste de Tokio, y provocó la muerte de un empleado y la contaminación de 23 más.
Las investigaciones señalaron que el accidente ocurrió cuando los trabajadores —que llevaban solamente túnicas blancas sobre su ropa— mezclaban uranio en un recipiente, procedimiento de alto riesgo que efectuaban por primera vez sin el entrenamiento requerido.
«Estas personas son tratadas como simples empleados fabriles, y no como trabajadores de alto riesgo que requieren estrictas medidas de protección. Nuestra lucha por mayores niveles de seguridad y por que se ponga fin a la energía nuclear continuará», aseguró Shimahashi. (FIN/IPS/tra-en/sk/js/dc/aq/he/01
