Treinta muertes en Pakistán durante enfrentamientos entre grupos islámicos sunitas y chiítas este mes destacaron la grave amenaza a la seguridad interna del país que representan los militantes religiosos fundamentalistas.
Observadores políticos piensan que esa amenaza es aun más seria porque las facciones enfrentadas cuentan con apoyo en los vecinos Afganistán e Irán, así como en Arabia Saudita.
El brote de violencia comenzó el 28 de febrero, cuando fue ahorcado Sheikh Haq Nawaz Jhangvi, líder del grupo de militantes sunitas paquistaníes Sipah-e-Sahaba y condenado a muerte por el asesinato hace 12 años del diplomático iraní Sadiq Ganji.
Sipah-e-Sahaba afirma que el gobierno de Irán, de orientación chiíta, financia a los grupos militantes de la misma corriente islámica en Pakistán, donde predominan los sunitas, pero Teherán afirma que esa acusación es falsa.
El grupo sunita lanzó una campaña nacional de protesta contra la ejecución de Jhangavi, y pocos días antes de la misma ofreció a Teherán «el dinero de la sangre», al amparo de una norma islámica admitida por la ley de Pakistán que permite el perdón de un asesino, si los familiares de su víctima aceptan a cambio una compensación económica.
El gobierno iraní rechazó la oferta, con el argumento de que el caso de Jhangavi era una cuestión interna paquistaní en la cual no debía intervenir.
El gobierno de Pakistán previó que se producirían incidentes violentos y decidió detener antes de la ejecución a más de 1.200 activistas de diversos grupos sunitas y chiítas en varios lugares del país. Pero eso no evitó la violencia.
Doce personas, la mayoría de ellas chiítas, fueron muertas a balazos durante tres ataques de grupos fundamentalistas en la ciudad de Sheikhupura, unos 200 kilómetros al sudeste de Islamabad.
Individuos armados y enmmascarados que se desplazaban en motocicletas dispararon contra una mezquita chiíta y en dos mercados de Sheikhupura, según testigos.
Otras 14 personas murieron el 1 de marzo durante enfrentamientos a tiros entre grupos chiítas y sunitas en la ciudad noroccidental de Hangu, en la frontera con Afganistán y con una larga tradición de violencia entre grupos islámicos.
Las relaciones entre Islamabad y Teherán se deterioraron mucho en octubre del año pasado, cuando la Corte Suprema paquistaní suspendió la ejecución de ocho condenados a muerte por el asesinato en febrero de 1997, en el Centro Cultural Iraní de Pakistán, del director de esa institución y de otras siete personas.
La cancillería iraní expresó su vehemente protesta al embajador paquistaní en Teherán, y editoriales de los diarios iraníes pidieron la ruptura de relaciones diplomáticas con Pakistán.
Los enfrentamientos en Pakistán entre grupos rivales islámicos comenzaron a fines de los años 70, y han causado desde entonces la muerte de cientos de personas.
Se afirma que en ese entonces el gobernante militar paquistaní Zia-ul-Haq impulsó, con apoyo de potencias occidentales, la formación de grupos de combatientes musulmanes contra la invasión de Afganistán por parte de la ex Unión Soviética.
Observadores también suponen que en esa época Arabia Saudita, donde predominan los sunitas, respaldó la creación en Pakistán de grupos militantes de esa línea, y que los revolucionarios chiítas que tomaron el poder en Irán apoyaron, a su vez, el fortalecimiento de organizaciones afines a su orientación.
Sin embargo, fuentes de Islamabad que no quisieron ser identificadas afirmaron que los recursos económicos de los militantes fundamentalistas no provienen del extranjero, sino de contribuyentes locales, aunque sostuvieron que los chíitas reciben entrenamiento militar en Afganistán.
El ministro del Interior paquistaní, Moinuddin Haider, pidió a Afganistán en febrero la extradición de unas 60 personas acusadas de estar involucradas en actos de violencia por motivos religiosos.
Islamabad intentó frenar la escalada de violencia mediante una prohibición de recolectar fondos y de exhibir armas que abarca a los integrantes de todas las organizaciones religiosas, y ajusta un plan para contriolar el funcionamiento de unas 15.000 escuelas religiosas, a las cuales acusa de promover el fundamentalismo.
Según datos oficiales, cada año se gradúan en esas escuelas entre 35.000 y 40.000 personas. (FIN/IPS/ra-eng/ni/mu/mp/ip cr/01
