La insurgencia de Liberia reanudó sus combates contra el gobierno de Charles Taylor, esta vez en el condado norteño de Lofa, en la frontera con Guinea.
«Los disidentes atacaron con armas pesadas, ametralladoras y morteros. La situación es tal que aún controlan parte de la ciudad de Vonjama», subrayó el ministro de Defensa Daniel Chea esta semana.
La nueva oleada de combates se inició el lunes cuando rebeldes armados ingresaron al norte de Liberia desde Guinea, atacando por la retaguardia a las tropas de refuerzo que el gobierno envió a la zona.
Aún no se informó de bajas en ningún bando, pero las autoridades dicen que entre 15 mil y 20 mil civiles fueron obligados a dejar sus hogares.
Además de Vonjama, el distrito donde se encuentra el cuartel general de Kolahun también fue tomado por los disidentes, que buscan derrocar al gobierno.
A medida que la lucha aumenta el gobierno culpa nuevamente a la vecina Guinea, a la que acusa de armar y dar apoyo a los disidentes. Guinea rechazó las acusaciones y culpó a su vez a Liberia de fomentar problemas en la región.
«Esto es una declaración de guerra de Guinea contra Liberia y es completamente inaceptable», dijo Chea. El ministro de Defensa agregó que su gobierno perseguirá a los rebeldes y «los hará volver al mismo lugar desde donde vinieron».
Pero esto no parece más que una bravuconada, ya que el gobierno enfrenta un embargo de armas desde hace años y tiene otro pendiente, al que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas describe como «sanciones selectivas» que impiden las exportaciones de diamantes desde Liberia y los viajes al exterior de funcionarios del gobierno de este país del oeste de Africa.
El Consejo de Seguridad votó estas sanciones el miércoles 7 de marzo —si bien las mismas tendrán vigencia a partir de mayo— a raíz del apoyo brindado por Liberia a los rebeldes de la vecina Sierra Leona.
Desde el año pasado, las fuerzas rebeldes intentan derrocar al presidente Taylor, él mismo un guerrero que abrió su camino al poder merced a una guerra de guerrillas de siete años.
La guerra civil, que finalizó en 1997, causó la muerte a 150 mil personas, la destrucción de ciudades y poblados, y el exilio en países vecinos de decenas de miles de personas.
Pero con lo débiles que son las fronteras, la lucha armada seguramente continuará en Liberia, Guinea y Sierra Leona.
Guinea padece una guerra civil que, además de las muertes, causó millones de dólares de pérdidas en propiedades destruidas. El gobierno culpa a Liberia de la violencia desatada en su país.
Para reducir las tensiones fronterizas entre los tres vecinos, la Comunidad Económica de los Estados del Oeste Africano (ECOWAS, por su sigla en inglés) organizó una fuerza de paz de 1.600 efectivos, conocida como ECOMOG, para patrullar la frontera y prevenir así conflictos armados.
Pero esa fuerza aún no se ha desplegado por impedimentos burocráticos que han retrasado el inicio de la misión.
Además, existe una grave crisis de refugiados en la frontera sur de Guinea con Sierra Leona y Liberia. Se calcula que allí hay más de 200 mil personas, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) comenzó a repatriarlas a sus hogares, en su mayoría a Sierra Leona.
Por otra parte, en la víspera de la la votación del Consejo de Seguridad de la ONU, el gobierno de Taylor prohibió las exportaciones de diamantes «hasta que se ponga en funcionamiento un nuevo sistema de certificación», con el fin de eludir el embargo internacional.
El gobierno también ordenó, con fines «regulatorios», que se mantengan en tierra todos los aviones liberianos. Estos fueron utilizados en el tráfico de armas y el contrabando de los llamados «diamantes de sangre» procedentes de la insurgencia de Sierra Leona, el Frente Revolucionario Unido (FRU).
No obstante, las medidas no frenaron las sanciones del Consejo de Seguridad, si bien gracias a la intervención de gobernantes del oeste de Africa, las mismas se aplazaron dos meses con la esperanza de que Liberia modifique su conducta.
El gobierno de Taylor sigue aislado de la comunidad internacional por apoyar las atrocidades del FRU y por las violaciones a los derechos humanos en su propio país.
El gobierno reprime duramente a sus enemigos reales o aparentes. Los principales opositores del régimen fueron encarcelados, exiliados o asesinados. Los casos de asesinatos políticos aumentaron desde que Taylor asumió el poder en 1997.
Grupos religiosos y civiles exigen la renuncia de Taylor y apoyan las sanciones internacionales. El país está devastado por la guerra civil, pero las organizaciones humanitarias y la agencias de ayuda internacional se niegan a trabajar en el país a raíz de la creciente inseguridad.
Mientras tanto, en la violenta región del condado de Lofa se especula con el comienzo de una crisis humanitaria, y miles de civiles se enfrentan a un futuro inmediato de hambre, enfermedad y muerte por inanición.
El gobierno de Taylor está muy lejos de establecer un diálogo con las fuerzas disidentes y los analistas prevén un largo conflicto que amenaza con destrozar al empobrecido país del oeste africano. (FIN/IPS/tra-en/lf/mn/dc/aq/ip/01
