Un organismo de la ONU examinó denuncias por racismo contra las autoridades de Japón, entre ellas una contra el derechista gobernador de Tokio, Shintaro Ishihara, por comentarios despectivos sobre «la gente del Tercer Mundo».
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) observó la ausencia en Japón de una legislación general que prohiba esa forma de intolerancia, referida en especial a la propaganda o a las organizaciones racistas.
El relator del comité encargado del caso japonés, Luis Valencia Rodríguez, insistió en que el país asiático desista de las reservas que opone al artículo 4 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
El artículo objetado por el gobierno de Tokio obliga a los estados adheridos al pacto a dictar normas que prohiban la propaganda racista y la incitación al odio racial.
En las conclusiones del examen de la situación en Japón, que concluyó este viernes, Valencia observó que varios miembros del Comité lamentaron la falta en Japón de un régimen de protección jurídica de las poblaciones autóctonas.
Los expertos independientes que integran el Comité de la ONU mencionaron la persistencia de prácticas discriminatorias contra esos pueblos autóctonos, como también contra los coreanos y contra los extranjeros en general que llegan a Japón.
La delegación japonesa que asistió a la audiencia del Comité aseguró que el gobernador Ishihara había aclarado que sus expresiones no pretendían incitar a la discriminación racial.
Un grupo de organizaciones no gubernamentales japonesas que asistió a la reunión del Comité, afirmó que el gobernador Ishihara realizó repetidas manifestaciones discriminatorias.
El 9 de abril de 200, aseguraron, en un discurso ante las Fuerzas de Autodefensa, el gobernador declaró que «hoy, en Tokio, los delitos más atroces son cometidos por «gente del Tercer Mundo» y extranjeros que «han entrado ilegalmente a Japón».
En otra ocasión dijo que «la marihuana producida en China se distribuye permanentemente en Japón y en apariencia es vendida por paquistaníes».
Dentro de Japón, insistió Ishihara, esas drogas peligrosas son diseminadas cada vez más por «gente del Tercer Mundo» y por extranjeros.
En 1998, la población extranjera ascendía a 1.512.116 personas, equivalentes a 1,2 por ciento de los 126.166.000 habitantes del país. La mayoría de los extranjeros son coreanos (42,2 por ciento), seguidos por chinos (18 por ciento) y brasileños (14,7).
El relator Valencia mencionó la persistencia de prácticas discriminatorias contra el grupo de los ainos, que viven en la prefectura de Hokkaido, al norte del país.
La delegación del gobierno japonés precisó que el número de ainos se elevaba en 1993 a solo 23.830 personas y que su nivel de vida se encontraba en ascenso.
Sin embargo, el relator precisó que las autoridades japonesas no otorgan a los ainos reconocimiento como pueblos indígenas. (FIN/IPS/pc/mj/hd/01
