El gobierno de Colombia presentará esta semana objeciones al informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de derechos humanos en el país, según el cual el proceso de paz está amenazado.
El gobierno de Andrés Pastrana pedirá a la ONU que reconozca sus esfuerzos para afrontar la crisis de derechos humanos, que, según el informe cuya discusión comenzó hoy en Ginebra, se agudiza por la polarización de las fuerzas en pugna en la guerra civil.
El informe preparado por oficina del delegado del Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, a cargo de Anders Kompass, evalúa el periodo entre enero y diciembre de 2000, en que los civiles aparecen como los más afectados por el conflicto.
El canciller Guillermo Fernández afirmó este lunes que el gobierno tiene «discrepancias de fondo en relación con el informe y, aunque no quiere ocultar las dificultades que existen» en materia de derechos humanos, «aspira a que se reconozcan sus avances».
El funcionario no anticipó detalles del documento que presentará en Ginebra el vicepresidente Gustavo Bell esta semana, pero indicó que se referirá, entre otros asuntos, a la lucha contra los paramilitares de derecha.
En opinión de Fernández, nadie puede pretender que en un país con conflictos como los que sufre Colombia «no hayan situaciones difíciles».
Según el documento de la ONU, «el envilecimiento continuo de los términos del conflicto y su degradación son muy profundos».
Los llamados a los actores armados para que se sujeten a las normas del derecho internacional humanitario «y eviten los estragos a la población civil y los daños al medio ambiente» son totalmente desatendidos, según el informe de Kompass.
Los paramilitares de derecha «atacan casi exclusivamente poblaciones civiles inermes, en acciones de deliberada e inusitada crueldad», agrega el documento a estudio de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Mientras, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, principal organización guerrillera) utilizan «cilindros de gas como proyectiles con extenso poder destructivo» en pequeñas localidades, destaca el documento.
Así mismo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN, segunda fuerza guerrillera) es acusado en el informe de toma masiva de rehenes y de atentados con explosivos a oleoductos, que causan grave deterioro ambiental.
El gobierno reconoce en el paramilitarismo una grave amenaza para la institucionalidad, pero los resultados de las medidas para hacerle frente «contrastan con la acelerada expansión de estos grupos», con presencia en 409 municipios que representan 49 por ciento del territorio, observó Kompass.
Según el comisionado, en contraste con las grandes ofensivas militares contra la guerrilla, en las que se aplican ingentes recursos humanos y logísticos, generalmente los ataques contra los paramilitares se reducen a «escaramuzas menores, requisas y detenciones individuales esporádicas».
El informe reconoce que el gobierno de Pastrana ha persistido en sus esfuerzos por avanzar en la búsqueda de la paz, y que el reto de Colombia debe ser reagrupar voluntades para acuerdos globales sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario.
No obstante, el avance del paramilitarismo lleva a una progresiva polarización política y social que pone en riesgo la negociación de paz que inició Pastrana con las FARC y la que se se procura comenzar con el ELN, dijo el investigador Alfredo Rangel.
Según Rangel, los paramilitares no solo están sirviendo «a todos los que quieren 'comprar' un poco de seguridad a través de sus servicios mercenarios», sino que podrían convertirse en «una especie de frente contra eventuales resultados indeseables en una negociación política entre el Estado y la insurgencia».
Entre los casos de violaciones de derechos humanos señalados por el informe figura el del sindicalista Wilson Borja, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Estado, baleado por paramilitares a finales del año pasado.
Según el informe, la violencia que afronta Colombia se proyecta particularmente contra defensores de los derechos humanos, sindicalistas y periodistas.
En 2000 fueron asesinados 92 sindicalistas, 12 periodistas y cuatro defensores de derechos humanos, según organizaciones no gubernamentales.
Gabriel Albis, directivo de la Unión Sindical Obrera (sindicato único del sector petrolero), dijo a IPS que el informe de la ONU sólo refleja el lamentable estado de degradación de Colombia en materia de derechos humanos y la indefensión de la sociedad.
Albis dijo que en el caso de su sindicato «el asedio y hostigamiento por parte de los paramilitares es permanente», y recordó en tal sentido el asesinato el domingo de Juan Atencia, un petrolero de Barrancabermeja, en el nordeste.
Según Albis, de cada cinco sindicalistas asesinados en el mundo tres son colombianos. (FIN/IPS/yf/mj/hd/01
