«Señor cardenal: si usted no la mete, no se meta», reza un grafiti en una de las avenidas principales de la capital chilena que provoca risas en muchos e indignación en otros y se suma a la controversia desatada por el rechazo de la Iglesia católica de la anticonceptiva «píldora del día después».
La Procuraduría Fiscal de Santiago confirmó este miércoles que el Consejo de Defensa del Estado alegará en la Corte de Apelaciones de la capital a favor de la ministra de Salud, Michelle Bachelet, cuya decisión de autorizar la venta de la píldora del día después fue recurrida por entidades católicas conservadoras.
La ministra anunció el día 19 que el gobierno de Ricardo Lagos permitirá la comercialización del fármaco como anticonceptivo de emergencia y con receta (prescripción) médica, con base en un informe del Instituto de Salud Pública, según el cual la píldora, contrariamente a lo que sostiene el Vaticano, no es un abortivo.
El cardenal Francisco Javier Errázuriz, arzobispo de Santiago y líder de la Iglesia Católica chilena, se situó en el ojo del huracán en esta polémica al comparar el uso de la píldora con los crímenes contra los derechos humanos cometidos por la dictadura del ahora procesado general Augusto Pinochet (1973-1990).
El gobierno expresó públicamente molestia ante las afirmaciones de Errázuriz, lo cual llevó al presidente de la Conferencia Episcopal, Camilo Vial, a aclarar el martes que las diferencias en la materia no implicarán la ruptura de las relaciones ni del permanente diálogo entre la Iglesia y el Poder Ejecutivo.
La píldora Levonorgestrel (LNG) de 0,75 miligramos, que se comercializará en Chile, es un anticonceptivo de emergencia que se suministra a la mujer después de una relación sexual en la cual se suponen riesgos de embarazo.
Fernando Zegers, experto en Medicina Reproductiva, señaló que la efectividad de la LNG o «píldora del día después», es seis veces mayor si se administra en las primeras 12 horas tras el coito, frente a su uso 72 horas después.
El fármaco tiene sobre todo un efecto de alteración del fluido tubárico/uterino, que afecta la capacidad fecundante de los espermatozoides, pero no evita la implantación del embrión si la ingesta es tardía, indicó Zegers, argumentando así que la LNG no es un abortivo.
Pero el médico Patricio Ventura, director del Centro de Bioética de la Universidad Católica, sostuvo que la controvertida píldora es «éticamente ilícita», porque puede producir la pérdida de vidas humanas. Lo mismo afirmaron otros tres profesionales de esa unidad y el sacerdote Fernando Chomalí.
«Dependiendo de en qué momento actúe la anticoncepción de emergencia en cada mujer que la consume, (la píldora LNG) va a actuar con mecanismos predominantemente anticonceptivos o por mecanismos que son evidentemente atentatorios de la vida», aseguraron los médicos de la Universidad Católica el día 22.
Así mismo, criticaron a la ministra Bachelet, que acogió el pedido de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada de que la «píldora del día después» sea entregada gratuitamente en los consultorios municipales, para atender especialmente a los sectores de bajos ingresos,
Uno de los principales argumentos a favor de la píldora es la protección de mujeres víctimas de violaciones sexuales, así como la disminución del número de abortos clandestinos, al impedir embarazos no deseados.
Ventura y sus colegas dijeron que, según la literatura médica, las causas por las cuales se recurre a la píldora «no tienen nada que ver con las violaciones». Agregaron que el fármaco promoverá una sexualidad irresponsable y con ello el aumento de las enfermedades venéreas.
El sacerdote Raúl Hasbún, conocido por su adhesión a la dictadura de Pinochet, dijo este miércoles en un comentario radial que con la comercialización de la pastilla LNG «se ha inaugurado el aborto en Chile sin necesidad de legislar».
En este país se admitió hasta 1988 el aborto terapeútico, pero fue abolido por una ley dictada en las postrimerías del régimen de Pinochet, que homologó toda práctica de interrupción del embarazo con el delito de homicidio.
Organizaciones de mujeres sostienen que la decisión dictatorial no disminuyó el aborto, sino que, al contrario, lo incrementó como práctica clandestina con los consecuentes riesgos para las embarazadas de bajos ingresos, que no pueden pagar una atención de calidad. Se calcula que en Chile se producen unos 150.000 abortos al año.
Zegers recordó que importantes teólogos católicos admiten que las mujeres víctimas de violaciones recurran a los anticonceptivos de emergencia «como legítima defensa contra las posibles consecuencias de una agresión injusta».
En la misma línea se pronunciaron confesiones evangélicas, como la Iglesia Metodista de Chile, para la cual, la «píldora del día después» es «una solución de menor daño que los métodos invasivos y mortales como el aborto».
Las iglesias «no pueden descalificar el uso de anticonceptivos sino hacen primero un trabajo preventivo y de concientización de la sexualidad humana», afirmó el obispo metodista Neftalí Aravena.
Las diputadas socialistas Isabel Allende y Fany Pollarolo, y el diputado del mismo partido Juan Pablo Letelier, coincidieron con Vial en la necesidad de una mayor educación sexual preventiva, cuando se entrevistaron el martes con el secretario ejecutivo de la Conferencia Episcopal.
La controversia en torno de la «píldora del día después» tuvo repercusiones en la Concertación por la Democracia, la coalición que apoya al gobierno de Lagos, un socialista moderado.
La Democracia Cristiana, el principal partido de la coalición, manifiesta una cierta coincidencia con la Iglesia Católica, en cuanto a rechazar el fármaco si se demostrara que es abortivo. Mientras, las corrientes laicas identificadas con los partidos Socialista, Por la Democracia y Radical Socialdemócrata, respaldan la difusión de la píldora. (FIN/IPS/ggr/ff/he pr/01
