El nuevo presidente de Estados Unidos, George W. Bush, lleva menos de 10 semanas en su cargo, pero varias de sus primeras iniciativas ya han causado alarma entre activistas por el ambiente.
Bush abandonó el compromiso asumido durante su campaña electoral de regular la emisión en el país de dióxido de carbono, uno de los gases que se consideran responsables del recalentamiento del planeta, y se resiste a aprobar normas previstas para reducir la cantidad de arsénico en agua potable.
También rechaza la prohibición vigente de talar y construir carreteras en casi un tercio de los bosques del país, y la aprobación de normas que obliguen a las compañías mineras a solucionar problemas ambientales causados en terrenos públicos por sus operaciones.
«Bush ataca el ambiente por tierra, agua y aire», afirmó Carl Pope, director del Sierra Club, la mayor organización no gubernamental (ONG) ambientalista del país, que realizará durante dos meses una campaña propagandística y organizativa para alertar a la población sobre los riesgos de políticas gubernamentales.
La preocupación de Pope es compartida por integrantes del opositor Partido Demócrata, e incluso por miembros moderados del gobernante Partido Republicano que han apoyado numerosas iniciativas por la protección del ambiente.
Es preciso «detener» a Bush, quien está actuando con una agenda «imprudente y equivocada», dijo a comienzos de esta semana el demócrata Tom Daschle, jefe de la oposición en el Senado.
Daschle informó que su partido estudia la posibilidad de llevar adelante acciones parlamentarias extraordinarias para trabar los intentos de anular normas ambientales establecidas por el predecesor de Bush, el demócrata Bill Clinton.
«Sabíamos que no íbamos a estar conformes con este gobierno, pero no previmos que sería tan malo» dijo un activista de grupos de presión ambientalistas, quien opinó que las iniciativas de Bush auguran políticas más dañinas para el ambiente que las del ex presidente republicano Ronald Reagan (1980-1988).
Muchos ambientalistas habían depositado moderadas esperanzas en Bush, sobre todo por su promesa de regular las emisiones de dióxido de carbono, lo cual habría sido un gran paso hacia el cumplimiento de metas de protección del ambiente incluidas en diciembre de 1997 en el Protocolo de Kioto.
También causaron optimismo la designación de Christie Todd Whitman, ex gobernadora del estado oriental de Nueva Jersey, como directora de la Agencia de Protección del Ambiente (EPA), y la de Paul O'Neill como secretario del Tesoro.
O'Neill ha sostenido que los peligros relacionados con el recalentamiento del planeta son comparables con los de una guerra nuclear.
Esas esperanzas se dispiaron la semana pasada, cuando Bush cambió su posición acerca de la emisión de dióxido de carbono con el argumento de que el país afronta una «crisis energética», y dirigió una carta a cuatro senadores que se oponen al Protocolo de Kioto en la cual dejó claro que no apoya ese tratado.
En esa carta, el presidente puso en duda la existencia de bases científicas para relacionar la emisión del dióxido de carbono con el recalentamiento del planeta.
El viraje de Bush dejó en una posición muy incómoda a Whitman, quien había pregonado durante semanas la existencia de un compromiso gubernamental de reducir la emisión de dióxido de carbono.
«Pensamos que íbamos a poder trabajar con Whitman, pero es evidente que sus opiniones no tienen mucha importancia dentro del gobierno», comentó Elliott Negin, portavoz de la ONG Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC), con sede en Washington.
El cambio de posición de Bush acerca de la emisión de dióxido de carbono, que causó fuertes protestas de países europeos aliados de Washington, fue el comienzo de una fuerte ofensiva antiambientalista del gobierno.
La EPA anunció esta semana su intención de postergar o descartar la aprobación de normas para reducir el máximo aceptado de arsénico en agua potable, del nivel de 50 partes por 1.000 millones vigente desde 1942 al de 10 partes por 1.000 millones, recomendado por la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea.
La presencia de arsénico en agua potable, por causas naturales o contaminación debida a actividades mineras o industriales, puede provocar cáncer de pulmón, de vejiga o de piel.
Whitman admitió que el máximo vigente puede ser inadecuado para prevenir la salud pública, pero agregó que implementar nuevas normas puede ser demasiado costoso para gobiernos locales y compañías.
Las firmas mineras también se vieron beneficiadas esta semana por una decisión de la Oficina de Administración de la Tierra (BLM), la cual suspendió la aprobación de nuevas regulaciones de la minería en terrenos públicos rocosos.
Una de esas normas iba a imponer a las compañías mineras el compromiso de realizar todos los gastos necesarios para la limpieza de los terrenos que explotaran, como condición previa para comenzar sus operaciones.
Otra de ellas iba a otorgar a la BLM la potestad de negar en forma definitiva permisos para explotaciones mineras que pudieran causar «daños sustanciales e irreparables» a recursos anbientales o bienes culturales.
La EPA ha calculado que explotaciones mineras abandonadas o en curso contaminan 40 por ciento de las cabeceras de ríos de la región occidental del país, y son responsables de la presencia en agua potable de arsénico, plomo y otras sustancias tóxicas.
Según la agencia, unas 557.000 minas abandonadas nunca han sido limpiadas, y 66 de ellas están tan contaminadas que figuran en la lista gubernamental de áreas muy peligrosas que requieren atención prioritaria.
«Parece que volvemos a los tiempos de James Watt (secretario del Interior durante el gobierno de Reagan), cuando las compañías mineras recibieron carta blanca para explotar terrenos públicos», dijo Stephen D'Esposito, presidente de la ONG ambientalista Centro de Políticas Minerales.
El resultado de las políticas que trata de aplicar Bush será «agua contaminada y gastos de limpieza por valor de miles de millones de dólares, a costa de quienes pagan impuestos», advirtió.
Por otra parte, parece casi seguro que Bush anulará un decreto firmado por Clinton poco antes de terminar su mandato para prohibir la construcción de carreteras, la tala de árboles y las perforaciones petroleras en unos 22 millones de hectáreas de bosques que son propiedad del gobierno federal.
Bush ya desistió de aplicar ese decreto ante una demanda presentada por intereses privados en el estado occidental de Idaho.
Compañías dedicadas a la minería y a la explotación de petróleo y gas contribuyeron con millones de dóalres a las campañas electorales de Bush y de numerosos candidatos republicanos al Congreso.
Según la ONG Centro para Políticas con Sensibilidad, los aportes de esas firmas a candidatos republicanos fueron más del triple de los destinados a candidatos demócratas. «Es hora de pagar deudas» para los beneficiados del partido gobernante, comentó con ironía Negin.
«La semana pasada, las industrias del carbón y el petróleo recibieron sus regalitos, y esta semana le tocó a las firmas mineras. Eso demuestra que tenemos el mejor gobierno que se pueda comprar», añadió.
Es posible que pronto haya más «regalitos», en especial cuando el gobierno trate de cumplir su promesa de permitir la explotación de yacimientos petroleros en la Reserva Natural Nacional del Artico. (FIN/IPS/tra-eng/jl/mp/en ip/01
