Una indígena irrumpió en la asamblea de accionistas de una empresa belga en Bruselas, en 1998, en protesta contra la construcción de un gasoducto en el noroeste de Argentina. La misma mujer debió alertar por radio este mes de un incendio causado por desperfectos en esa obra.
El incendio tuvo focos en tres parajes de la provincia de Salta, en la selva de Yungas, cruzada por el gasoducto Norandino, construido por una empresa belga y una argentina para suministrar energía al norte de Chile. Los ductos se quebraron por las fuertes lluvias y hubo fugas de gas que encendieron el fuego.
«Los pobladores vieron un resplandor de noche y avisaron al hospital y a los bomberos. Al día siguiente, un consejero bajó a pie la montaña, a la vera del río San Andrés, para pedirnos que avisemos a la empresa», relató a IPS Serafina Sánchez, encargada de la radio de la comunidad, en el distrito salteño de Orán.
Sánchez es presidenta de la organización Tincu Nacu, que en lengua colla significa «lugar de encuentro». Desde su sede maneja la radio y administra el dinero que les dieron los constructores del gasoducto a cambio de «permiso» para atravesar la selva de Yungas.
Esta selva, cuyo nombre significa «abundancia» en lengua colla, cubre unos tres millones de hectáreas en el noroeste argentino y el sur de Bolivia. En Argentina, abarca las provincias de Jujuy, Salta, Catarmarca y Tucumán.
Pero es en la zona montañosa de Salta donde se concentra la mayor biodiversidad.
«El ecosistema de Yungas es el segundo de mayor diversidad biológica del país después de la selva misionera al noreste», explicó Emiliano Ezcurra, de la organización ambientalista Greenpeace Internacional.
A su vez, en esa zona existe un corredor biológico, un área crítica de conservación que fue atravesado por el gasoducto.
El proyecto había despertado una fuerte oposición en 1998, tanto de Greenpeace como de los collas residentes representados por Tincu Nacu, y más particularmente por Sánchez.
La comunidad, que hace años clama por la propiedad de esas tierras, está integrada por unas 350 familias de la zona de alta montaña.
Los ambientalistas recomendaban entonces desviar el gasoducto del corredor biológico o suspender la obra. Pero el consorcio — integrado por la siderúrgica argentina Techint y la firma belga Tractebel— consideró que por Yungas se acortaba el camino y se ahorraban costos. Así comenzó la polémica.
Greenpeace y la Fundación Vida Silvestre sostienen que en Yungas sobrevive una de las dos únicas familias de yaguareté (tigre americano), especie con apenas unos 200 ejemplares sobrevivientes. También alberga gran variedad de tucanes, monos, ocelotes, ranas, pumas e insectos.
La Fundación asegura que 60 por ciento de las aves que habitan en Argentina se concentran allí, y que, de acuerdo con un estudio del Ministerio de Cooperación Alemana que data de 1993, «en un solo árbol de Yungas puede encontrarse más variedad de hormigas que en un país europeo».
Tanto los expertos en ambiente como los indígenas advirtieron, además, acerca de las alteraciones que podía sufrir el ecosistema debido a las obras que requirieron de una intensiva tala. De hecho, el incendio de este mes es atribuido a esos procedimientos.
«Cuando se deforesta la selva, el suelo queda muy frágil y es proclive a deslizamientos provocados por la lluvia y la crecida del río San Andrés», explicó a IPS Oscar Soria, de Greenpeace. Prueba de ello es que, cuando llueve, el gasoducto aflora a la superficie pese a estar enterrado a tres metros de profundidad.
Tincu Nacu filmó hace nueve meses tramos de gasoducto que están sobre la superficie, porque el agua arrastra la tierra que lo cubre, dijo Sánchez. Este mes, a raíz de las fuertes lluvias, el río creció arrasando con piedras y árboles que —se presume— habrían roto el caño en al menos tres sitios.
Cuesta Chica, Cuevas y Trancas fueron las tres zonas en que se observaron focos de incendio, que no causaron daños de gran magnitud porque el clima es húmedo en esta época y porque las válvulas se cerraron de forma automática cuando comenzó el fuego.
«Siempre dijimos que no era el lugar adecuado para esta obra. El río es muy caudaloso y nosotros sabemos que desde hace siglos se producen crecidas y aludes. Por eso habíamos tratado de conseguir que se desvíe (el gasoducto), aunque sea sacrificando parte de la selva», remarcó Sánchez.
El consorcio evitó dar a conocer el incendio, hasta que Greenpeace —alertado por Tincu Nacu— difundió la información. «Les habiamos advertido que su programa de impacto ambiental no contemplaba medidas de emergencia efectivas para una zona de difícil acceso», sostuvo Soria.
Ahora, las usinas de Mejillones y Tocopilla, en la zona minera del norte de Chile, permanecen sin gas a causa del incendio. Ingenieros de Norandino reconocieron que la reparación podría demorarse debido a las dificultades para llegar a la zona, ubicada en un barranco de unos 30 metros de profundidad.
Justamente, el hecho de que el incendio se hubiera desatado en un hueco impidió la propagación del fuego. Pero los pobladores tienen miedo. «Es como vivir junto a una bomba de tiempo», explicó Sánchez. Hay personas viviendo a apenas 500 metros del lugar donde se produjo el incendio y que ya no duermen de noche.
En 1998, Greenpeace había solventado la compra de dos acciones de la empresa belga Tractebel a nombre de la presidenta de Tincu Nacu, quien se presentó ante la asamblea de la compañía en Bruselas y, con asistencia de un traductor, dejó sentada su queja por el impacto ambiental del gasoducto.
Sánchez dijo entonces a los accionistas de Tractebel que Techint les había ofrecido 350.000 dólares para que desistieran de su reclamo. Finalmente aceptaron cobrar el dinero.
«Cuando vimos que harían igual el gasoducto, con apoyo nuestro o sin él, decidimos firmar un convenio por el cual la comunidad les otorgaba un permiso para que el gasoducto pase por nuestras tierras, a cambio del dinero», explicó Sánchez.
«También firmamos una cláusula para un pago extraordinario si había daños», agregó.
El dinero no se usó hasta ahora en obras para mejorar la calidad de vida de la comunidad. «Lo tenemos depositado a plazo fijo porque no hemos definido aún que destino queremos darle, y tampoco tenemos mucha experiencia sobre cómo manejar esa cantidad», reconoció la mujer.
Mientras, el gasoducto, finalizado en 1999, se convirtió en un dolor de cabeza para los pobladores. Sánchez se siente engañada. «Nos dijeron que trabajaban con la última tecnología y con todas las medidas de seguridad, pero fíjese que llovió un poco fuerte y casi se prende fuego la selva», remató. (FIN/IPS/mv/mj/en/01
