El presidente de México, Vicente Fox, propuso hoy elaborar una nueva Constitución, al conmemorarse los 84 años de la vigente, que coronó el proceso revolucionario de principios del siglo XX.
«El futuro ya nos alcanzó en muchos sentidos» y el cambio político iniciado en las elecciones del 2 de julio, cuando el PRI (Partido Revolucionario Institucional) perdió la Presidencia por primera vez en 71 años, impone la necesidad de una nueva norma constitucional, dijo el mandatario.
Fox, quien gobierna desde diciembre, señaló que la nueva Constitución debería recoger algunos postulados de la actual, pero con énfasis en los principios de la democracia representativa y de división de los poderes del Estado.
Además, debe incluir un federalismo efectivo, la transparencia en la administración pública, el reconocimiento de las autonomías étnicas y la posibilidad de que el Congreso enjuicie políticamente al presidente y confirme en sus cargos y fiscalice a los ministros.
Aunque los gobiernos del PRI consideraban sagrada la Constitución de 1917, le aplicaron cerca de 400 reformas, la mitad de ellas entre 1988 y 1997, con apoyo en su mayoría absoluta en el Congreso.
Menos de 33 por ciento de los 136 artículos de la Constitución de 1917, promulgada al finalizar un proceso revolucionario que costó un millón de vidas, conservan su texto original.
El proyecto de creación de una nueva Constitución se presenta cuesta arriba, pues el gobierno no cuenta con mayoría en el Congreso y las fuerzas políticas tienen diferentes puntos de vista sobre el tema.
La reforma de la ley fundamental requiere el voto conforme de dos tercios de los integrantes del Congreso, una mayoría calificada que no alcanza ningún partido.
Para México es hoy imprescindible realizar una reforma integral del Estado, que encuadre la nueva realidad política del país, afirmó Fox, del conservador Partido Acción Nacional.
Se asiste a una clara contradicción entre la realidad de las instituciones del Estado y el cambio que se dio en la sociedad, sostuvo el presidente.
Fox exhortó a las fuerzas políticas a expresar sus posiciones sobre la Constitución que requiere el país y a trabajar para concertar su cambio.
Algunos analistas y políticos opinan que es preciso reformar la ley fundamental para rescatar los principios que le dieron origen, mientras que para otros, la nueva Constitución debe atender las transformaciones sociales y políticas de los últimos años.
México tenía 15 millones de habitantes en 1917, cuando se proclamó la Constitución, mientras que hoy viven 100 millones de personas.
Una consulta realizada por el diario El Universal entre 503 habitantes de la capital mexicana señaló que sólo 10,3 por ciento de ellos dijo conocer el contenido de la ley fundamental actual, pero 92,6 por ciento cree necesario reformarla para afianzar la democracia.
La Constitución actual tiene mucha carga emotiva debido a su origen revolucionario y postulados sociales, apuntó Francisco Valdés, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Revolución Mexicana.
Los observadores sostienen que la Constitución mexicana actual es en gran medida un catálogo de buenas intenciones.
Varios de sus artículos establecen el derecho a la salud, la vivienda, la educación, el empleo y a un salario digno, pero en los hechos más de la mitad de la población es pobre y muchos no tienen acceso a varios de esos derechos consignados en la norma.
«Ante la evidencia de que en estos momentos ninguna propuesta de una nueva Constitución tendría el apoyo político necesario, no nos queda más remedio que seguir viviendo con una con parches que, por su misma naturaleza, está condenada a no cumplirse», señaló el columnista del diario Reforma, Sergio Sarmiento.
Fox expresó que, mientras no exista un acuerdo para cambiar la Constitución, los ciudadanos deben estar seguros que el gobierno hará lo necesario para que se cumplan sus preceptos actuales y vigentes.
México votó en julio, en las elecciones presidenciales, por el cambio de las instituciones, y hoy la diferencia entre el pasado y el futuro es la actualización de las leyes para garantizar ese cambio, enfatizó.
Si la Constitución de 1917 se cumpliera, el Estado debería ser demandado por no garantizar la justicia e igualdad, sentenció Santiago Corcuera, abogado constitucionalista. (FIN/IPS/dc/dm ff/ip/01
