Universalizar la imposición de un ingreso mínimo y sustraer de las leyes del mercado los bienes esenciales para la vida son algunas de las utopías que estuvieron en discusión en el Foro Social Mundial que concluyó esta semana en Porto Alegre, sur de Brasil.
El promotor en Brasil de la también llamada «renta básica», el senador Eduardo Suplicy, saludó el «consenso» obtenido por la idea en el panel sobre derechos humanos y distribución de la riqueza, en que habló junto a economistas y activistas de Africa, Asia y Europa.
Pero el poco tiempo y la multiplicidad de asuntos en debate limitaron probablemente la comprensión del alcance que tendría la propuesta y su carácter aún utópico en la realidad actual.
No se trata de un subsidio a una parte de la sociedad, de emergencia o compensatorio, como las pensiones, seguros de desempleo o la «beca-escuela» difundido en Brasil, por la cual se otorga ayuda a las familias muy pobres que mantengan sus hijos en los centros de enseñanza.
La idea es que todos tengan el derecho, desde el nacimiento a la muerte, a una suma mensual que le asegure las necesidades básicas, como alimentación, vivienda, ropas, salud y educación, explicó Pablo Bergel, dirigente de la Iniciativa Arcoiris de Ecología y Sociedad, de Argentina.
Eso responde al derecho humano a la vida, un nuevo pacto social que «establece la diferencia entre civilización y barbarie», sostuvo.
Representa, por lo tanto, romper con el principio de que sólo el trabajo legitima una remuneración, es decir el derecho a la vida y a una independencia personal. Este principio responde a intereses económicos.
Por esa norma de la ideología dominante es que todos demandan el «pleno empleo», cada día menos posible. Se trata de una «utopía conservadora», observó el experto argentino.
El «ingreso mínimo ciudadano», como lo llama Bergel, alteraría las relaciones laborales y también las conyugales y familiares tradicionales, limitando la tutela del proveedor sobre sus actuales «dependientes».
Debe ser «universal, incondicional y permanente», y en el caso de los que tienen salarios u otros ingresos, se les agrega la suma que es igual para todos, aclaró.
El intento de descalificarlo, con el argumento de que desestimularía el trabajo, refleja sólo «el temor de los dueños del capital a perder el arma de chantaje» que es el desempleo, la amenaza del hambre y la exclusión, destacaron el argentino y el senador brasileño.
La idea ya tiene una experiencia práctica en Alaska, donde todos los habitantes reciben una suma que viene en aumento, hecha posible por un fondo que recoge derechos pagados por empresas que extraen el petroleo en la región, informó Suplicy.
La adopción del ingreso mínimo exige su inclusión en el presupuesto del país. En Brasil, para pagar 20 dólares mensuales a cada persona, lo que equivale a un salario mínimo actual para una familia de cuatro personas, serían necesarios unos 42.000 millones de dólares al año, calculó.
Pero esa es la suma que el Estado brasileño gastó con el pago de intereses de la deuda pública el año pasado, argumentó.
La reducción de esos gastos y la tributación de transacciones financieras internacionales, la llamada Tasa Tobin que fue un reclamo consensuado por el Foro Social Mundial, podrían aportar recursos, propuso.
En la opinión de Bergel, la idea implica también la fijación de ingresos máximos, es decir de un «rango de desigualdad social», estableciendo, por ejemplo, que los mayores ingresos no pueden superar ocho o 10 veces los menores.
El reconocimiento del agua, las semillas y algunos conocimientos como patrimonio de la humanidad también estuvo presente en el Foro de organizaciones no gubernamentales, sociales y políticas, como forma de limitar el peso del mercado y las desigualdades en un «otro mundo posible».
El agua no puede tratarse como una mercancía pues eso equivale a negar el derecho a la vida, sostuvo el italiano Ricardo Petrella, profesor de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y consejero de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea.
Dos millones de seres humanos carecen hoy de acceso a servicios de saneamiento y ese número casi se duplicará en 30 años, previó. Tanta escasez, en un mundo determinado por intereses de mercado, generaría un desequilibrio insoportable, con los ricos adueñándose del agua potable, advirtió.
Sustraer las semillas al juego del mercado y dejarlas en manos de los agricultores fue el reclamo de los campesinos, organizados mundialmente en la Vía Campesina.
Un riesgo de los transgénicos es la monopolización de las semillas en manos de seis compañías transnacionales, señaló Joao Pedro Stédile, dirigente del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil.
Stédile aclaró que no rechaza la innovación tecnológica controlada por el sector público, sino la que aumenta el poder privado sobre fuentes de vida.
Vía Campesina propuso también retirar los alimentos del dominio de las leyes del mercado, única forma, aseguran, de alcanzar la seguridad alimentaria y combatir el hambre que azota a 845 millones de seres humanos en el mundo, según Rafael Alegría, líder campesion hondureño. (FIN/IPS/mo/mj/dv/01)
