El jefe de la Fuerza Aérea de Chile, general Patricio Ríos, anunció hoy luego de conversar con el presidente Ricardo Lagos que mantendrá su respaldo al jefe del Estado Mayor, Hernán Gabrielli, acusado de torturar prisioneros tras el golpe de Estado de 1973.
El cuestionamiento al general Gabrielli se desató tras ser identificado por opositores de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) como uno de los responsables de las torturas sufridas mientras estaban detenidos en la base aérea Cerro Moreno de Antofagasta, en el norte del país.
Uno de ellos, el ex subteniente Ricardo Navarro, afirmó al diario español El Mundo que el acusado se destacaba entre los militares por «la brutalidad y la frecuencia con que torturaba a los presos».
Gabrielli sustituyó hasta este lunes al frente de la Fuerza Aérea al general Ríos, quien debió tomar vacaciones por razones de salud.
La primera acusación pública contra el actual jefe del Estado Mayor de la aeronáutica militar fue realizada hace dos semanas por el contador Carlos Bau, a través del diario electrónico El Mostrador.
Bau narró en la entrevista las torturas aplicadas por el entonces teniente Gabrielli a Eugenio Ruiz-Tagle, uno de los civiles ejecutados luego por la llamada «caravana de la muerte», una misión del ejército que fusiló e hizo desaparecer prisioneros políticos entre septiembre y octubre de 1973.
Posteriormente se sumaron las querellas por apremios y torturas presentadas por dos ex presos políticos de la base aérea Cerro Moreno, el académico y periodista Héctor Vera y el actual director de Educación General del Ministerio de Educación, Juan Ruz.
También se difundieron en las últimas dos semanas las declaraciones que el ex subteniente de aeronáutica Navarro hiciera en marzo de 1976 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Navarro aseveró en esa oportunidad que fue víctima de las torturas de Gabrielli, al igual que un menor de 14 años quien luego murió como consecuencias de las heridas.
Este ex militar amplió las denuncias en una carta reproducida por el diario El Mundo, de Madrid, en la que narró que cumplía funciones en la base Cerro Moreno el 11 de septiembre, cuando fue arrestado por su oposición al golpe de Estado.
Agregó que en esa base, donde «se formó voluntariamente un grupo de torturadores, en varias oportunidades vi que en una habitación adjunta al comedor del casino de oficiales Gabrielli y Rafael Ulzurrum (otro militar) torturaban a Eugenio Ruiz-Tagle».
Mientras, el gobierno de Lagos salió al cruce de las denuncias a través del ministro del Interior, José Miguel Insulza, quien indicó el miércoles pasado que se debe «tratar de acotar la investigación en torno a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos».
Insulza sostuvo que no contribuye a la paz social las denuncias de torturas sin resultado de muerte y otros apremios, ya que no es saludable para el país enjuiciar a 15.000 o 20.000 autores de estos hechos cometidos durante la dictadura.
Las declaraciones del ministro causaron molestias entre las organizaciones de familiares y víctimas de la dictadura militar y otros grupos humanitarios locales e internacionales.
«¿Acaso los torturados no son víctimas o la tortura no es un delito?, preguntaron distintos activistas.
La vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, comentó a IPS que Insulza «ha ridiculizado a las víctimas» y que «es importante para la salud mental del país interponer estas denuncias».
También la organización humanitaria Amnistía Internacional, con sede en Londres, expresó su malestar por las declaraciones de Insulza, señalando que «el derecho de las víctimas de la tortura en Chile está en riesgo, si sus acciones judiciales no son apoyadas por las autoridades».
«El argumento de la unidad nacional no puede ser usado para justificar una posición que estimula la impunidad y va en contra tanto de la legislación chilena como de las obligaciones internacionales de ese país», sostiene el grupo en un documento divulgado el lunes.
«Todas las víctimas de tortura tienen derecho a esperar justicia y las autoridades chilenas tienen la obligación de investigar para juzgar y sancionar a los responsables», agregó.
Además, la organización manifestó que las declaraciones del ministro podrían ser vistas como una amenaza a la independencia de los tribunales.
Por su parte, Eduardo Contreras, abogado querellante en la causa por la «caravana de la muerte», entiende que Insulza «no es quien para decir a los familiares, a los abogados y menos a los tribunales lo que se debe investigar».
Josefa Ruiz-Tagle, hija del asesinado Eugenio Ruiz Tagle, declaró el lunes que Gabrielli, «cómo todos los torturadores deberían ser juzgados en Chile».
Precisamente, el general Gabrielli aprovechó su interinato en la jefatura de la Fuerza Aérea para presentar una demanda por injurias y calumnias contra Ruz, Vera, Bau y Navarro, en el marco de la ley de Seguridad del Estado, heredada de la dictadura.
«Si se esconde tras un fuero que no tiene, es porque tiene miedo, así que nos queda claro que aquí los militares siguen manteniendo el poder», afirmó Lira.
Las denuncias contra Gabrielli ubican por primera vez a la Fuerza Aérea en un papel relevante en abusos contra los derechos humanos durante la dictadura, ya que hasta ahora parecía ser la institución más profesional de las fuerzas armadas chilenas. (FIN/IPS/tv/dm/hd/01
