Las asociaciones feministas más representativas de España rechazaron esta semana el proyecto del Poder Judicial de despenalizar los malos tratos que sufren las mujeres en sus hogares.
La Asociación de Apoyo a Mujeres Violadas, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, y la Asociación de Mujeres Juristas Themis remitieron este miércoles un escrito al Consejo General del Poder Judicial en el que analizan y critican el proyecto elaborado por ese órgano.
Benigno Varela, portavoz del Consejo, arguyó que los juzgados penales sólo deben actuar ante denuncias de las agresiones hogareñas más graves, mientras que las leves, en cambio, deberían remitirse a los juzgados civiles, los mismos que actúan en los procesos de nulidad, separación o divorcio.
Un informe de Themis sobre la región de Madrid al que tuvo acceso IPS, realizado después de estudiar las denuncias de 358 mujeres de 1998 a 2000, indica que el 93 por ciento de las sentencias por malos tratos impusieron sólo multas a los agresores.
Esto favorece que los malos tratos continúen, dice el informe de las asociaciones feministas, pues «la causa última de la violencia que se ejerce contra las mujeres es simplemente la voluntad de mantenerlas en una posición de subordinación».
Y añade que «la violencia es la válvula de seguridad que permite mantener la discriminación».
Si en la actualidad, cuando los malos tratos son considerados delitos penales las consecuencias para los infractores son casi nulas, señala el documento, «promover la supresión de la falta de malos tratos equivale a la eliminación de la sanción penal para la violencia que se ejerce en el ámbito del hogar».
Las juristas destacan que el Consejo General del Poder Judicial no se plantea la desaparición de todas las faltas o agresiones leves, sino sólo de aquellas en las que las víctimas son mayoritariamente mujeres.
Si se insistiera en remitir a la justicia civil ese tipo de violencia, que en la actualidad supone más del 90 por ciento de los procedimientos penales, la violencia familiar quedaría fuera del Derecho y las mujeres más desprotegidas que en la actualidad.
María Angeles Jaime, directiva de Themis, señaló que en la mayoría de las sentencias «se resta importancia a las pruebas acreditativas de la violencia domestica, se relativizan los actos violentos o vejatorios dándoles consideración de simples disputas conyugales en las que la víctima y el agresor aparecen como corresponsables».
Asimismo, recordó que la mayoría de las medidas de alejamiento solicitadas por la parte denunciante o acusación particular ni siquiera son proveídas.
«Esta es la realidad judicial. El dato está constatado en más del 50 por ciento de las Diligencias Previas en las que abogadas de Themis defienden a la víctima ejerciendo la acusación particular. Los jueces no resuelven en un sentido u otro, simplemente ignoran la petición», dice el informe.
Los juicios de faltas tardan en celebrarse entre tres y nueve meses después de la interposición de la denuncia, en tanto que los procedimientos por delito de malos tratos tienen una duración que oscila entre nueve y 19 meses.
Mientras se sustancian esos juicios la situación de peligro para las mujeres agredidas se mantiene.
La psiquiatra Marie France Irigoyen, citada en el informe, indicó que al decir «un individuo perverso es permanentemente perverso, se encuentra fijado en ese modo de relación con el otro y no se pone a sí mismo en tela de juicio en ningún momento».
Esto es así, añadió, pues «la perversidad no proviene de un trastorno psiquiátrico, sino de una racionalidad que se combina con la incapacidad de considerar a los demás como seres humanos».
Las Asociaciones proponen que el Consejo General del Poder Judicial acuerde que todos las denuncias de actos de violencia hogareña repetidos, o en los que la víctima exprese temor a la reiteración, sean juzgados como delitos tipificados en el Código Penal. (FIN/IPS/af/ag/hd/01
