Un tribunal especial creado para procesar a los criminales de guerra de Sierra Leona podría fracasar antes de comenzar a funcionar por diferencias sobre su financiación y cometido.
El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) rechazó la recomendación del secretario general Kofi Annan para financiar el tribunal mediante aportes obligatorios cobrados a los 189 estados miembros, como ocurre con los tribunales de guerra de Ruanda y la ex Yugoslavia.
Pero el Consejo insiste que las contribuciones de los estados al tribunal de Sierra Leona deben ser voluntarias y no obligatorias.
Los tribunales de Ruanda y la ex Yugoslavia fueron creados por el Consejo de Seguridad, a diferencia de la corte de Sierra Leona, establecida por el gobierno de ese país pero con asistencia legal de la ONU.
La decisión de crearla se tomó el año pasado y estaba previsto que comenzara a funcionar este año.
En una carta dirigida a Annan la semana pasada, el presidente del Consejo y embajador de Rusia, Sergey Lavrov, sugirió que los aportes voluntarios podrían tomar la forma de fondos, equipos y servicios, incluso la oferta de expertos de los estados miembros, organizaciones no gubernamentales y organismos multilaterales.
«Se sobreentiende que no se puede esperar la creación de institución alguna que no tenga los fondos adecuados al menos 12 meses por adelantado y las promesas para cubrir los gastos del segundo año de funciones del tribunal», dijo Lavrov.
El Consejo de Seguridad propuso la creación de un comité supervisor que ayude al tribunal a conseguir la financiación necesaria. El organismo contará con representación de Sierra Leona, Annan, la corte especial y contribuyentes voluntarios.
El Consejo también rechazó la propuesta de Annan para crear dos cámaras de juicio y utilizar jueces suplentes.
Según la carta, el tribunal debe comenzar a funcionar con una sola cámara de juicios, con la posibilidad de agregar una segunda si la acumulación de casos así lo requiere.
Uno de los temas más delicados es si el tribunal debe procesar a los niños que fueron utilizados como combatientes durante los nueve años de guerra civil.
El año pasado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) calculó que más de 5.000 niños participaron en la contienda. El Consejo de Seguridad señaló que los menores de edad infractores deberán presentarse ante la propuesta Comisión de Verdad y Reconciliación, y no ante el tribunal especial.
Así mismo, el tribunal debe tener jurisdicción personal sólo sobre las «personas que tienen la mayor responsabilidad» en los crímenes de guerra, incluso por mutilación de civiles, según el Consejo.
Uno de los dirigentes que seguramente será procesado por el tribunal es Foday Sankoh, líder del Frente Revolucionario Unido (RUF), el grupo insurgente que violó el acuerdo de paz firmado en Lomé en julio de 1999 y que pretende derrocar al gobierno democrático de Ahmed Tejan Kabbah.
Sankoh, ex ministro del gobierno de Sierra Leona y actualmente detenido, es acusado de incumplir la promesa de entregar las armas.
Antes de la firma del acuerdo de paz, el RUF fue acusado de crímenes horrendos, como cercenar manos y piernas a sus enemigos. Pero el gobierno de Kabbah ofreció una amnistía a Sankoh y perdonó la conducta criminal de los insurgentes.
Entonces, la ONU expresó fuertes reservas ante el acuerdo y no reconoció la amnistía concedida a Sankoh por violar la ley.
En una carta dirigida al Consejo de Seguridad el año pasado, la organización de derechos humanos Human Rights Watch dijo que la ONU debe crear un «tribunal creíble, equitativo y bien financiado para llevar ante la justicia a los responsables de las atrocidades en Sierra Leona».
La organización estadounidense documentó numerosos abusos cometidos por el RUF, como amputaciones, violaciones, saqueos, secuestros, el reclutamiento forzoso de niños y ejecuciones sumarias. También denunció abusos cometidos por las fuerzas del gobierno. (FIN/IPS/tra-en/td/da/aq/ip/01
